Honduras: denuncian muertos por represión

Una organización internacional acusó al presidente de Honduras de desplegar el Ejército para reprimir violentamente las protestas populares.

por Redacción Russia Today. Tomado de Russia Today en castellano.
Foto: Jorge Cabrera / Reuters

Amnistía Internacional ha acusado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de desplegar al Ejército para “reprimir” las manifestaciones en contra de su Gobierno.

Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de internet.

“El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha violado el derecho internacional, pero sigue impune“, señala Amnistía Internacional.

La organización no gubernamental añade que el uso de las fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández fue financiada por el crimen organizado.

“Esto significa que prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de EE.UU. que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes“, agrega.

El joven que murió a manos del Ejército

Amnistía Internacional refiere el caso de los familiares de Eblin Noel Corea Maradiaga, un joven de 17 años de edad que fue asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas en Honduras en la localidad de Yarumela, en la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero como parte de las protestas, el pasado 19 de junio.

De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho.  

La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que fue asesinado por el Ejército hondureño.

“Los vigilamos día y noche. Tenemos miedo de que entren y roben la bala, y quieran esconder su crimen“, dijo Erika Maradiaga, madre de Eblin.

La organización de derechos humanos hizo un llamado al presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

“El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones”, dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Honduras: 10 años de golpes y neoliberalismo

Por Katu Arkonada*. Tomado de La Jornada. Foto: Agencia Anadolu.

Las movilizaciones populares se suceden en Honduras. En estos días son 60 mil médicos y maestros en pie de guerra contra un sistema político que busca, por imposición del Fondo Monetario Internacional, la privatización de la salud y la educación.

Las movilizaciones cuentan con tal grado de apoyo popular que hasta la Policía Nacional se ha sumado al paro, forzando al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a desplegar a las fuerzas armadas en tareas de represión de las protestas populares.

Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018, cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.

Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia.

El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un refrendo que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado a Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.

Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa.

Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.

En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país, pero imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La inexperiencia de Libre y su desigual distribución territorial llevó a que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la embajadora de Estados Unidos en Honduras.

Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más claridad que cualquier análisis político que podamos escribir: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.

Tres golpes de Estado en 10 años, uno militar y dos electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina.

Tres golpes de Estado en 10 años, uno militar y dos electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del presidente JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, es probablemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.

Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.

Los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal.

Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los medios de comunicación masivos nos quieran hablar de derechos humanos o del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve de reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.

Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy claro: JOH debe irse ya.

*Politólogo especialista en América Latina

Honduras: se intensifican las protestas contra el gobierno

Tomado de Telesur. Foto: Barricada

En un clima de descontento social generalizado, donde se han cultivado múltiples conflictos, se suceden las protestas de diversos sectores contra el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Al menos desde finales del pasado mes de abril, Honduras atraviesa una compleja situación política y social, con cientos de miles de ciudadanos movilizados en las calles de las principales ciudades del país exigiendo distintas reivindicaciones.

¿Cómo comenzaron las protestas?

El punto de inflexión ocurrió el pasado 26 de abril, cuando el Congreso Nacional de Honduras aprobó dos controvertidas reformas para reestructurar el sector educativo y de salud.

Las medidas ampliamente rechazadas por los gremios fueron pasadas con el respaldo de la mayoría oficialista, y suscitaron situaciones de violencia al interior del recinto parlamentario donde legisladores de distintos partidos protagonizaron una pelea a puños.

¿Por qué escalaron?

Médicos profesores iniciaron un plan de lucha contra las reformas, que denuncian vienen a terminar con las conquistas laborales y abren la posibilidad de privatizaciones en el sector público.

Con paros nacionales y consecutivos, multitudinarias movilizaciones en Tegucigalpa (capital), el movimiento fue tomando volumen en sus bases hasta confluir en la conformación de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.

En este marco, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) derogó las polémicas medidas a principios de junio buscando desactivar la conflictividad social en las calles.

El mandatario convocó al denominado “Diálogo nacional por la educación y la salud”, que fue rechazado por los huelguistas que propusieron en cambio que el Ejecutivo adhiera al “Diálogo alternativo ciudadano”, con dirigentes de diversos sectores sociales del país centroamericano.

Docentes y trabajadores del sector salud continuaron con las movilizaciones que comenzaron a tomar fuerza también en otras ciudades y regiones como San Pedro Sula, El Progreso (norte), La Paz, Comayagua (centro), Copán (noroeste), Atlántida (Caribe norte), Olancho (este), Valle y Choluteca (sur).

¿Cuáles sectores se sumaron?

En un clima de descontento social generalizado, donde se han cultivado múltiples conflictos, rápidamente se plegaron a las protestas los partidos políticos de oposición, sectores campesinos, estudiantiles, del transporte, y ciudadanía en general, llevando la situación hasta lo que parece tomar el cariz de un levantamiento popular inminente.

Nuevos paros de la Asociación de Taxistas, que exige la anulación de un conjunto de regularizaciones impuestas al sector, así como de los transportistas de carga pesada en la zona norte del país, que ha producido desabastecimiento de combustible en varias gasolineras, han abonado a la escalada del conflicto.

¿Por qué se plegó un sector de las fuerzas de seguridad?

Tras reprimir fuertemente durante todo el mes de mayo el movimiento popular, el pasado miércoles un sector de la Policía Nacional de Honduras (PNH) se declaró en paro protesta contra el Gobierno de Hernández.

Los efectivos sublevados, que incluyen también a la Fuerza Especial Cobras (FEC), adscripta al mismo cuerpo, reclaman mejoras salariales y expresan su respaldo a los reclamos de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.

La huelga policial no ha hecho más que intensificar la protesta ciudadana y la represión de la Policía Militar (PM) que se mantiene alineada con el Ejecutivo.

En las últimas veinticuatro horas, diversas localidades hondureñas han sido escenario de saqueosbarricadas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que han dejado hasta los momentos dos personas fallecidas y otras 21 heridas.