¿Qué viene después del estado de excepción para El Salvador?
Desde que el Gobierno de Nayib Bukele instauró el régimen de excepción en El Salvador, ahora la gente tiene menos miedo a los pandilleros, aunque quizá sean algunos miembros de su propia familia, que dejan ver múltiples tatuajes en el rostro y a través de su ropa holgada, las armas sujetas a la cintura.
CAPAC.- tomado de Telesur
Al menos, eso dicen los propios habitantes de los bastiones de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13). La estructura criminal más grande del país ha perdido fuerza en el control territorial, la extorsión y en su capacidad de reclutamiento de nuevos integrantes.
Aun así, la base social genera condiciones para que existan quienes dependen de los ingresos de la extorsión y otros negocios de las pandillas.
Artículo 29
El estado de excepción del 27 de marzo de 2022 fue aprobado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Justo al día siguiente de la explosión de la criminalidad, cuando un sábado cualquiera la noticia de 62 homicidios pasó a ser el récord de muertes violentas registradas durante una jornada en el Gobierno de Bukele.
La Constitución de la República de El Salvador define en el artículo 29 que se aplica en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público.
A partir de aquí, la administración de Bukele desató una intensa ofensiva jurídica, policial, militar y mediática, contra estas estructuras criminales, desde que en 1990 echaron raíces en la sociedad salvadoreña.
Dado el precedente creado en 2012 por el Gobierno del presidente Mauricio Funes – 2009 a 2014- la Fiscalía General abrió una investigación en el año 2020 para determinar si Bukele tenía un pacto con las pandillas en interés de disminuir los asesinatos, a cambio de beneficios en las prisiones. Bukele atribuye la reducción de la criminalidad a su política de seguridad.
Brutalidad por doquier
En cambio, ahora la gente le teme a la brutalidad policial y al ejército. Las medidas extremas de reclusión penitenciaria y las redadas policiales predominan frente a la amenaza criminal.
“Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera sólo porque les cae mal. Se han vuelto como otra pandilla”, dice al periodista Bryan Avelar, de la Revista Digital Factum, la joven Eva que habita el barrio La Montreal, donde hasta hace unos años, entrar a esta jurisdicción significaba un acto temerario.
La Mara Salvatrucha o MS-13 incursiona en el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. Sin embargo, una información de la Mesa Nacional de Transporte señala que su fuerte sigue siendo la extorsión.
Sólo en 2016, los transportistas pagaron 37 millones de dólares a las pandillas. Para 2020, el monto se redujo a 12 millones por la detención de la economía durante la pandemia.
Mientras los criminales se reorganizan y huyen, el éxodo también alcanza a muchos habitantes sin vínculos con las pandillas ante las amenazas de encarcelación, si no colaboraban con la policía.
“Es posible que uno no los vea ahorita, pero la pandilla tiene ojos y oídos por todos lados y un día ellos van a salir de la cárcel”, dice Ana, otra vecina.
Menos población y más pobreza
Hace al menos un año, se reportó que más del 30 por ciento de la población salvadoreña se encontraba en niveles de pobreza, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe.
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que más mujeres salvadoreñas viven más en indigencia, con un impacto del 28,3 por ciento. Quizá se aprecia un poco menos en los hombres: 24,7 por ciento, reafirmó la Encuesta de Hogares divulgada por la Dirección de Estadísticas y Censo (Digestyc).
En el país centroamericano que limita al norte y al este con Honduras, al oeste con Guatemala y al sur con el océano Pacífico, existe un alto riesgo ante los efectos del cambio climático, eventos naturales adversos, sequías y tormentas tropicales. De igual forma, los terremotos y las erupciones volcánicas afectan a las poblaciones vulnerables.
La población de más de 6 millones de salvadoreños sufre una violencia excepcionalmente intensa. El enfrentamiento entre pandillas callejeras rivales, así como contra la policía y el Estado, pudieran estar entre los principales motivos para que migren los lugareños.
Los hogares en situación de carencias -del 2019 al 2021- crecieron hasta un 24,6 por ciento. En medio de la crisis inflacionaria y las consecuencias de la pandemia, el sombrío panorama se agudiza con el aumento del hacinamiento en las viviendas, el encarecimiento de los combustibles y el alza del costo de la vida en general.
En ese período, la pobreza extrema subió del 4,6 por ciento al 7,8, lo que equivale a 61.000 hogares y 201.000 personas en precaria circunstancia, refiere la Cepal.
En específico, la recesión mercantil durante la pandemia asestó un duro golpe al crecimiento económico, por lo que en el 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo un 8,1 por ciento.
Entre el 2019 y el 2020 también aumentó la pobreza, señala un informe del Banco Mundial. En una actualización de octubre del 2022, señala que “la tasa de homicidios cayó de 103 por cada 100.000 habitantes a 20 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2020, la más baja en dos décadas, pero sigue siendo alta, en relación con otros países”.
La situación no es diferente en América Latina, según la Cepal, la pobreza extrema alcanzó a 13,1 por ciento de la población, unos 82 millones de personas.
Para agosto de 2022, el costo de la canasta básica aumentó del 17 por ciento en las ciudades y un 21 por ciento en zonas rurales. Sumado a que en los dos años anteriores, los salarios y las pensiones permanecieron congelados en El Salvador, señala la Cepal.
Por ejemplo, en un informe de la organización Crisis Group publicado en 2017, se estimó que en El Salvador la extorsión rondaba los 756 millones de dólares al año, es decir, el equivalente a casi el 3 por ciento del PIB.
En 2015 solo los vendedores ambulantes y repartidores de productos pagaban a las pandillas alrededor de 20 millones de dólares por el concepto de “peaje”, relató un estudio de Naciones Unidas publicado en 2020.
«Ahora la población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien aseguró que la extorsión se ha reducido en el territorio nacional, en un 80 por ciento.
El Congreso aprobó la décima prórroga del estado de excepción. Los votos a favor, alcanzaron el número de 67, del total de los 84 diputados del Congreso unicameral. Entretanto, seis opositores votaron en contra, diez se abstuvieron y uno no se presentó a la votación.
El estado de excepción fue a solicitud del Gobierno del presidente Bukele. “Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad”, dijo Villatoro.
Nada fácil
“Nada de esto será fácil, y mucho menos probable, teniendo en cuenta la política estadounidense hacia las pandillas o los inmigrantes salvadoreños. El potencial cese de los derechos de residencia en EE.UU. para 195.000 salvadoreños amparados bajo el paraguas del Estatus de Protección Temporal (TPS) amenaza con sobrepasar la capacidad del Estado salvadoreño para recibir a los retornados, de modo similar a la experiencia de finales de los años 90, cuando la deportación masiva de EE.UU. supuso la exportación del fenómeno pandilleril a El Salvador que contribuyó al vertiginoso crecimiento de la MS-13 y su principal rival, Barrio 18”.
Aunque comenzó como una pandilla mexicana, se convirtió principalmente en centroamericana, también conocida como Mara 18, Barrio 18, Calle 18, o simplemente La 18 en Centroamérica.
Esta es una organización criminal transnacional multiétnica, que inició como una pandilla callejera en Los Ángeles con 30.000 a 50.000 miembros en 20 estados de Estados Unidos (EE.UU.). Como se menciona en el Informe del Departamento de Justicia sobre la calle 18 y la MS-13, «estas dos pandillas han convertido el triángulo norte de Centroamérica en el área, con la tasa de homicidios más alta del mundo».
Desde 2017, el International Crisis Group -organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales- afirmó en su estudio citado anteriormente que “El Salvador no está preparado, ni económica ni institucionalmente, para recibir un influjo de tal magnitud, ni tampoco para hacerse cargo de sus 192.000 menores dependientes con nacionalidad estadounidense, de los cuales muchos estarían en la edad perfecta para ser reclutados o victimizados por las pandillas».
«En un momento en el que los niveles de violencia siguen siendo extremadamente altos, y en el que ambas partes expresan su agotamiento ante un conflicto imposible de ganar, la llegada de miles de migrantes a una patria asolada por la delincuencia supondría enormes presiones en el país. Para escapar de su violencia perpetua, El Salvador necesita apoyo, no la repetición de los errores del pasado”.
Señala también la necesidad de desarrollar programas de reinserción en las cárceles. La inclusión de toda la sociedad, la colaboración de diversas iglesias, organizaciones no gubernamentales (ONG), e incluso empresas, que puedan ofrecer segundas oportunidades a expandilleros.
¿Cómo puede sanar una sociedad, si no se restablece un marco legal para la rehabilitación, si no ofrecen incentivos para el desmantelamiento de las pandillas?
¿Se puede revertir la situación actual, sin la prevención integral del crimen y la promoción de alternativas económicas a la violencia?
Lo cierto es que en muchas áreas empobrecidas, es inevitable el encuentro diario con estos grupos pandilleros. Será necesaria la tolerancia hacia iniciativas de base, para un proceso de pacificación y diálogo social, a pesar de las restricciones legales.
“¡Dios con nosotros!”
Una pesquisa del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) encontró que ocho de diez ciudadanos apoyan la continuidad del actual presidente, por su influencia en la política de seguridad.
Prensa Latina señala que, el pasado 15 de diciembre de 2022, tras un nuevo día sin asesinatos, Bukele afirmó en Twitter que “El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!”.
De acuerdo a fuentes gubernamentales, han sido arrestados 61.300 -presuntos- integrantes de pandillas. Como el estado de excepción prevé la suspensión de las garantías constitucionales, así es mucho más difícil impugnar el abuso policial. Por indicaciones de la Fiscalía, se han liberado cerca de 3.300 personas.
Diferentes organizaciones humanitarias, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), recibieron un número superior a 7.400 denuncias de abusos y atropellos de las fuerzas de seguridad.
El estado de excepción suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus prerrogativas legales y motivos de arresto. Limita la libertad de asociación, la asistencia de un abogado ante la acción policial represiva y el plazo de detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días, por estar supuestamente relacionados con las pandillas.
Hasta el pasado mes de diciembre, solo 14 policías y soldados habrían sido detenidos por las autoridades de El Salvador, sospechosos de cometer injusticias durante el estado de excepción decretado en el país. Bajo custodia policial, figuran múltiples detenciones arbitrarias, tortura y violencia, que han ocasionado la muerte de al menos 90 personas.
El despliegue militar en las áreas de residencia debe tener un final o como sostendrá la economía salvadoreña el cerco a comunidades y municipios con miles de soldados y policías. ¿Qué viene después del estado de excepción para El Salvador?