El 3 de diciembre los venezolanos votan un referéndum sobre la región en disputa. Además de los dos gobiernos, está la mano de una multinacional de hidrocarburos, la estadounidense Exxon Mobil. También la del Comando Sur de EE.UU, que considera estratégica la zona.

CAPAC – por Gustavo Veiga en Derribando Muros

La disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, que comprende 159 mil kilómetros cuadrados, es un conflicto que amenaza desestabilizar América del Sur. Su origen radica en el diseño colonialista del mundo ejecutado por el imperio español primero, el británico después y Estados Unidos desde principios del siglo XX hasta hoy. Las riquezas petrolíferas halladas en el último lustro intensificaron la disputa, donde los actores involucrados no son solo dos gobiernos: el de Nicolás Maduro y el de Mohammed Irfaan Ali. Detrás está la mano de una multinacional de hidrocarburos, la Exxon Mobil. También la del Comando Sur de EE.UU, que considera estratégica la zona, su patio trasero. Caracas reclama para sí ese territorio que está bajo la jurisdicción de su vecino desde antes de su propia independencia, concedida por Inglaterra en 1966. Y exige que se cumplan sus derechos porque denuncia que un laudo arbitral de 1899 fue un montaje fraudulento donde ni siquiera estuvo representado el país.

  Esequibo no es solo petróleo en su subsuelo y en sus plataformas marítimas. Es además minerales, biodiversidad, bonos de carbono, pesca y hasta turismo. Pero resulta evidente que sus hidrocarburos pueden convertir a Guyana en la nación del mundo con el mayor número de barriles producidos por habitante. El dato es de la cadena noticiosa de negocios CNBC.

La matriz económica del conflicto ha generado una escalada entre los dos gobiernos. Así como Inglaterra fue un actor clave en este diferendo durante su apogeo imperial, EE.UU tomó la posta y se ubicó sin sutilezas detrás de la ex colonia británica.

  La república cooperativa de Guyana se transformó en una plataforma militar del Comando Sur que lidera la generala Laura Richardson. El 23 de octubre pasado la nueva embajadora de Estados Unidos, Nicole Theriot, le presentó sus cartas credenciales al presidente Irfaan Ali, pero diez días antes ya se había reunido con la generala Richardson en la sede de su comando para hablar de la estrategia común de seguridad con Guyana.

  Sus encuentros sobre el mismo tema siguieron el pasado martes 7 en Georgetown, la capital, para aumentar la cooperación militar. La diplomática anunció que la alianza entre las dos naciones “mejorará objetivos mutuos de seguridad, abordará las amenazas transversales y promoverá la seguridad regional”.  

  Venezuela desconoce el arbitraje de fines del siglo XIX donde, curiosamente, era apoyada por Washington. Pero ese tribunal de cinco miembros tenía dos estadounidenses – que representaban a Caracas-, dos británicos y un ruso. Este último, Friedrich Martens, fue clave para inclinar el fallo hacia la colonia británica. Varias décadas después se difundió un documento de uno de los jueces de EE.UU, Severo Mallet-Prevost, donde denunciaba que el laudo había sido arreglado para favorecer a la Guyana, por entonces, una colonia.

  La postura actual del gobierno de Maduro se basa en el desconocimiento de ese laudo. Su argumento de más peso, además de las razones históricas que esgrime para el reclamo y que se apoyan en el mapa  de la Capitanía General de Venezuela del siglo XVIII, es el acuerdo de Ginebra firmado el 17 de febrero de 1966. Casi tres meses antes de que Guyana se independizara del Reino Unido. En ese convenio firmado en Suiza, las partes reconocían que existía una controversia sobre el Esequibo – que representa dos tercios del territorio guyanés actual – y según Caracas “se establecían los procedimientos para encontrar una solución por medios pacíficos”.

  Cuando Guyana se emancipó del imperio inglés parecía que se desataría el nudo de la controversia, pero no pasó. Hubo un período de congelamiento de las negociaciones consentido por la partes que se extendió entre 1970 y 1982. En 1987 se retomaron gestiones llamadas de buenos oficios con mediadores de Naciones Unidas. Durante la presidencia de Hugo Chávez se jerarquizó la integración con el vecino por sobre las diferencias territoriales. Y Maduro siguió en esa línea. El 3 de septiembre de 2013, meses después de la muerte del comandante de la revolución bolivariana, el jefe de Estado hizo una visita oficial a Georgetown y declaró que la disputa era una herencia del colonialismo.

  El 2015 fue un año clave porque se disparó la dinámica del conflicto territorial cuando Guyana extendió permisos de explotación petrolera en la zona del litigio. El 7 de mayo la Exxon Mobil difundió su “hallazgo de fama mundial” en el Pozo Liza-1 a 193 kilómetros de la costa, con reservas estimadas de 500 millones de barriles, según Caracas. Maduro llamó a consultas a la embajadora en el país vecino y además dictó el decreto N° 1.860, por el cual creó la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes.

Guyana siguió la escalada en 2018 con una presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir la validez del laudo de 1899. Venezuela no reconoció su jurisdicción y el entredicho nunca bajó su intensidad hasta ahora. Hubo incidentes con barcos petroleros en la zona marítima de explotación que sigue en litigio y el punto culminante de la disputa fue el 19 de septiembre pasado. Ese día Guyana autorizó a seis compañías petroleras extranjeras la perforación en aguas reclamadas por Caracas.

  La respuesta fue casi inmediata. Dos días después la Asamblea Nacional venezolana, con el voto oficialista y opositor, aprobó la convocatoria a un referéndum consultivo sobre el Esequibo. El 3 de diciembre se llamó a votar en base a cinco preguntas sobre el conflicto con Guyana: Si el pueblo rechaza el laudo arbitral de 1899 impuesto de manera fraudulenta en Paris. Si se apoya al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución al diferendo limítrofe. Si se está a favor de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Si se está de acuerdo en oponerse a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente de delimitar y por último, si se está a favor de la creación del estado de Guayana Esequiba y que se le conceda a la población de esa región derechos de ciudadanía como a todos los venezolanos.

  El próximo martes 14, la CIJ citó a los dos países a audiencias públicas para considerar – a pedido del gobierno de Georgetown- si debe pronunciarse sobre la validez del arbitraje de 1899. Una herramienta jurídica amañada y de fines del siglo XIX, que no se compadece con la compleja situación de esta región sobre la que pusieron su mira el Comando Sur de Estados Unidos y la petrolera Exxon Mobil.