La petrolera Exxon Mobil presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX S.A., por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, meses después de la revolución encabezada por Fidel Castro.

El gigante petrolero estadounidense es la primera gran corporación en demandar a Cuba desde que el gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996, incrementando la presión sobre los gobiernos de La Habana y Caracas.

Bajo el Título III de la Ley, suspendido por los presidentes anteriores, los ciudadanos, la mayoría cubano-estadounidenses, pueden presentar demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas por el gobierno tras la revolución de 1959.

“El demandante presentó documentación contra la Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba-Petróleo (…) por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”, dice la demanda archivada en el tribunal del Distrito de Columbia.

La refinería Standard Oil en la bahía de La Habana, ahora operada por CUPET con el nombre “Ñico López”, fue la primera propiedad de Estados Unidos nacionalizada, luego de que la empresa se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a tensiones con Washington. CIMEX S.A. opera estaciones de servicio en la isla con CUPET.

En la década de 1960, Estados Unidos certificó 5 mil 913 reclamos contra Cuba por valor de mil 900 millones de dólares, de las cuales Standard Oil y Mobil tenían una reclamación cada una por un total de 245 millones, según el Consejo de Comercio y Economía Cuba-EE.UU., una organización con sede en Nueva York experta en reclamaciones.

Un portavoz de Exxon Mobil dijo que, como práctica, la compañía no hace referencia a litigios pendientes.

Una norma cubana aprobada en 1996 sostiene que la ley Helms-Burton estadounidense es “ilícita, inaplicable” y considera “nula” toda reclamación de persona natural o jurídica en tribunales de Estados Unidos.