Genocidio y ocupación militar: las cinco claves más importantes del contrato entre Guaidó y Silvercorp

El gobierno venezolano ha dado conocer el contenido completo del contrato firmado por Juan Guaidó, Sergio Vergara y J.J. Rendón con la firma de mercenarios estadounidense Silvercorp a cargo del ex militar Jordan Goudreau, que tenía el objetivo de impulsar la intervención mercenaria contra Venezuela.

CAPAC – Tomado de Misión Verdad

El ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, realizó un detallado recorrido por las cláusulas del contrato y explicó sus alcances y objetivos, entre los que se incluía la eliminación física del presidente Nicolás Maduro y de altas autoridades del estado venezolano.

Con las pruebas reveladas hasta ahora, queda establecido que Juan Guaidó tenía un conocimiento detallado del contrato que firmó con el objetivo de impulsar la intervención mercenaria contra Venezuela que encalló en sus costas el 3 de mayo.

Aunque el diputado autoproclamado ha negado toda vinculación a través de comunicados y declaraciones evasivas, su asesor J.J. Rendón ha confirmado la veracidad del contrato mientras que, por otro lado, la filtración de un nuevo audio ha revelado la conversación entre Goudreau y Guaidó al momento de cerrar el acuerdo.

El contenido del contrato firmado nos indica que la eliminación física del presidente Nicolás Maduro y de la alta dirigencia del estado venezolano, era el primer objetivo dentro de una operación que tenía como propósito general la ocupación militar prolongada del país a manos de un ejército privado de mercenarios.

1. El contrato establece que la presencia de Silvercorp en el país sería de 495 días continuos, actuando como “fuerza de seguridad” del gobierno fake a los fines de “estabilizar el país”.

Si bien la operación para “capturar / detener / eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual Régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaido (sic)” era el objetivo primordial, Guaidó se comprometía a honrar los pagos mensuales a Silvercorp, aun si el legítimo presidente venezolano, por otras circunstancias, era removido de su cargo antes de la incursión armada.

El pago de los servicios contratados se podría realizar con barriles de petróleo o recurriendo a inversionistas privados. Silvercorp se comprometía a generar un puente entre Guaidó y los inversores, cobrando una tasa de interés del 55% que debía ser pagada a la firma de mercenarios de Goudreau.

Silvercorp actuaría como un intermediario financiero entre el gobierno fake de Guaidó y los capitalistas interesados en obtener un rendimiento económico con las operaciones ilegales de los mercenarios en territorio venezolano.

Siguiendo estas cláusulas, Silvercorp actuaría como un intermediario financiero entre el gobierno fake de Guaidó y los capitalistas interesados en obtener un rendimiento económico con las operaciones ilegales de los mercenarios en territorio venezolano. En consecuencia, el contrato era también una aventura financiera y la carta de navegación del neoliberalismo artillado. La empresa de Goudreau se convertiría en la contratista estrella de empresas petroleras, mineras e industriales que debían contratar los servicios de Silvercorp para operar en Venezuela de “forma segura”.

Esta relación entre empresas transnacionales y firmas mercenarias privadas es usual en Colombia, Irak o Afganistán, donde las corporaciones contratan firmas de seguridad privada para proteger sus negocios en medio de un conflicto armado de baja o mediana intensidad. El negocio de la guerra.

2. Según el contrato, Silvercorp actuaría de la mano con el gobierno fake de Juan Guaidó y por encima de las instituciones de defensa y seguridad nacional concebidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El poder de Goudreau sería supraconstitucional y solo rendiría cuentas a Guaidó. Estaría por encima de la FANB, de los servicios de inteligencia y de la policía, ejercitando una capacidad de actuación unilateral en diversos campos de la actividad militar.

Las cláusulas del contrato implican la disolución de la República Bolivariana, de sus instituciones públicas y del sistema de garantía de derechos humanos establecido en la Carta Magna del país.

En tal sentido, las cláusulas del contrato implican la disolución de la República Bolivariana, de sus instituciones públicas y del sistema de garantía de derechos humanos establecido en la Carta Magna del país. La FANB sería sustituida por un ejército privado de ocupación y los responsables de los poderes públicos pasarían a ser designados como “fuerzas hostiles”.

El contrato destaca que figuras como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y sus “partidarios” serían declarados como tales, lo que en términos concretos implicaba la persecución y captura de todos los cargos públicos e institucionales del estado venezolano.

Se trataba de una operación de tierra arrasada, donde alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales, ministros y otras autoridades designadas como “chavistas” pasarían a ser capturadas, perseguidas o asesinadas. Aplicando estas técnicas propias del terrorismo de estado, el gobierno fake de Guaidó reorganizaría el estado venezolano en todas sus unidades organizativas.

Aprovechándose del estado de sitio de facto y con los matones de Silvercorp en las calles del país, se forjaría el desmantelamiento de la República Bolivariana, la desaparición física del chavismo como fuerza política e institucional y se crearían las condiciones para el remate de empresas públicas en beneficio de las transnacionales.

3. Es catastrófico (y también inédito) que un contrato privado con una empresa mercenaria sea la fuente de la disolución de Venezuela tal y como la hemos conocido. Esto no tiene parangón en nuestra historia republicana y a nivel mundial habría que indagar si existen ejemplos que podrían acercarse.

El contrato firmado por Guaidó establece una reorganización del estado y una reescritura de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en una de las cláusulas se establece la instalación de un Comando Estratégico Venezolano (VSC, por sus siglas en inglés), al cual respondería Silvercorp. Ese supuesto Comando, quien tendría un comandante no definido pero seguramente de Silvercorp, autorizaría las operaciones militares ilegales contra las “fuerzas hostiles”, las maniobras operacionales para contener disturbios y manifestaciones y cómo se realizarían las detenciones a personas identificadas con el chavismo.

Lógicamente el texto asume que una vez derrocado el gobierno constitucional venezolano vendrían manifestaciones y disturbios en reclamo al golpe de estado. Para blanquear la persecución ilegal y asesina contra el movimiento de contragolpe chavista en las calles, Silvercorp designa toda expresión contra el gobierno fake de Guaidó como “fuerzas hostiles”.

En esa unidad incluyen a Hezbolá, al grupo guerrillero colombiano ELN, a las “fuerzas ilegítimas venezolanas”, colectivos y a la misma FANB. Esta cláusula encaja a la perfección con el discurso de la “presencia de Hezbolá en Venezuela”, propalado por los halcones y especialmente por Mike Pompeo y el jefe del Comando Sur, por lo que es evidente que Silvercorp podría asociarse a tropas estadounidenses, con la Fuerza Aérea y el Comando Sur (desplegado por el Pacífico con varios destructores y uno específicamente prestado por la Cuarta Flota) para perseguir a supuestos “factores terroristas”.

El reconocimiento diplomático e ilegal a Juan Guaidó como “presidente encargado” bastaría para “legalizar” las operaciones de la Armada estadounidense, de la Fuerza Aérea y el desembarco de fuerzas especiales a nuestro territorio para colaborar con la eliminación supuestos blancos de Hezbolá, el ELN, y otras fuerzas hostiles. Incluso habilitaría las condiciones políticas para la instalación de bases militares estadounidenses de forma permanente y la celebración de tratados ilegales que permitan las actividades de las agencias estadounidenses como la CIA, el FBI o la DEA, tal cual ocurrió en Colombia con el “Plan Colombia” y en México con la “Iniciativa Mérida”.

Donald Trump y Juan Guaidó caminan por la Casa Blanca. Foto: AP

En términos generales, el contrato abría la puerta a una intervención convencional estadounidense, unilateral y al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para controlar el poder frente a una sublevación militar y civil generalizada tras el golpe de estado, pues el chavismo aún conservaría estructuras militares, policiales y populares para enfrentar a los invasores.

4. El contrato también disuelve la legislación venezolana en términos penales y suspende de facto todas las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos elementales de la población.

Silvercorp establece que a través de la unidad irregular OSC, y por orden unilateral del supuesto VSC, se podrán realizar detenciones de personas, registro de espacios y viviendas, capturas y otras medidas de represión a “fuerzas hostiles” o que se presuman que están colaborando con las “fuerzas aliadas del antiguo régimen”. En tal sentido, establece cuáles serán los “delitos” del post-golpe: ser chavista, funcionario, policía o militar que no se rinda ante los matones de Silvercorp “mandados” por Guaidó, su “Comandante en Jefe” según el contrato.

Estas detenciones se realizarían de forma ilegal cuando haya “sospechas razonables”, y no estarían sujetas a ningún mandato institucional, por ende, las personas detenidas y perseguidas contarían con instituciones como la Fiscalía o el sistema judicial para defenderse. El ejército de matones de Goudreau se transformaría en fiscalía, tribunal y verdugo a la vez.

Para masificar estas técnicas de terrorismo de estado, el contrato otorga una supuesta legalidad al asesinato de civiles inocentes tras acusarlos falsamente de pertenecer a las “fuerzas hostiles” que describe el documento. Con acusar a una jefa de CLAP, o a una capa de dirigentes comunitarios de las barriadas de Caracas como “colaboradores del ELN o Hezbolá”, o de “entorpecer alguna misión”, de “estar asociado a terroristas o al narcotráfico”, bastaría para darle muerte.

En tal sentido, el contrato de Silvercorp es una herramienta para llevar a cabo un genocidio, según lo identifica la Corte Penal Internacional (CPI). Es genocidio

“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

5. Silvercorp también ofreció sus servicios para instalar una Unidad de Activos con la que se perseguirán y capturar los bienes del país en manos del estado. Según el contrato, Guaidó debería pagar una tarifa del 14% con relación al valor real del bien “recuperado”.

Sin embargo, la jerga financiera y legalista que tratan de darle a la redacción de esta cláusula no logra encubrir que estarían autorizando un megaoperación de tráfico de bienes culturales, propio de los grupos mercenarios, y condenado por las resoluciones de Naciones Unidas.

Nicolás Maduro muestra los pasaportes de los dos mercenarios estadounidenses de Silvercorp capturados en Venezuela tras la incursión fallida por Macuto. Foto: AFP

Asimismo, según lo expresado en el contrato, Silvercorp asumiría las riendas del estado venezolano al estar facultado para realizar actividades policiales, moldeando la legislación para proscribir al chavismo y autorizando maniobras militares contra la población civil y estructuras de gobierno falsamente acusadas de “colaborar” con “fuerzas hostiles”. Se habilita el uso de minas antipersonas y de operaciones armadas de gran calado directamente contra instituciones públicas, estructuras de la FANB y sedes del Gobierno Bolivariano donde se cometan los “delitos” ya previamente definidos por Goudreau.

Aunque la operación parte de una subestimación de la capacidad de resistencia del chavismo, es importante señalar que el contrato en sí establece en sus cálculos la forma de gobierno que tendría Venezuela luego de la eliminación de Maduro. Es una declaración de propósitos.

El “modelo de estado” que proyecta el contrato es peligrosamente similar al “Estado Libre Asociado” con el que Estados Unidos justificó su ocupación militar y política sobre Filipinas tras la guerra por su dominio colonial con el Imperio español. También es escandalosa la similitud con la Enmienda Platt aplicada sobre Cuba a principios de siglo XX y el estatus colonial actual de Puerto Rico.

Buscan construir un régimen militar de ocupación con rasgos anexionistas.

Las ideas que han moldeado el contrato establecen que Venezuela perdería su estatuto de República soberana, para convertirse en un régimen militar, con disfraz parlamentario (ahí entraría a jugar la marioneta de Guaidó), ocupado y dirigido por Estados Unidos.

Este esquema de pensamiento guarda relación con la ocupación estadounidense (mal llamada de estabilización) en Irak.

Recordemos que luego de la intervención militar, Washington designó a Paul Bremer (halcón ligado a Dick Cheney y a Henry Kissinger) como su administrador para Irak, transfiriéndole facultades que estaban en el ámbito de competencias del gobierno de Hussein.

Bremer se encargaría, como presidente de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), de la “reconstrucción del país” autorizando contratos petroleros a empresas estadounidenses, facilitando las incursiones del ejército y creando un nuevo marco para perseguir al baasismo. Estados Unidos gobernaba el país militarizando y expandiendo el encumbrado modelo colonial británico.

La gestión neocolonial de Bremer reactualizó según el prisma geopolítico de los halcones el modelo de gobernanza mediante un ejército de ocupación que conduciría los destinos del país y el control de las instituciones en beneficio de las corporaciones privadas.

Por esta razón, el contrato de Silvercorp establece la vía armada al neoliberalismo, transfiriendo de manera ilegal las competencias de seguridad y defensa del país a la firma de mercenarios de Goudreau.

Con estas herramientas, el país sería empujado a una fase de fragmentación, disolución institucional y “somalización”, donde las grandes corporaciones podrían tomar control, mediante la contratación de mercenarios, de pozos petroleros, campos de gas y minas de oro ante la anulación del estado de derecho y la destrucción del monopolio del país sobre sus recursos estratégicos.

Las coordenadas actuales del conflicto geopolítico también tejen las cláusulas del contrato: la voracidad de un capitalismo en crisis, en tiempos de pandemia, riñe con el estado-nación por el control de mayores tasas de ganancia y explotación.

En el capítulo venezolano de esta Tercera Guerra Mundial en ascenso, el documento expone la pulsión geopolítica de reducir los obstáculos del estado a beneficio de la circulación de capitales líquidos, flexibles y sin control fronterizo e institucional.

Y fue la vía armada la seleccionada por Washington para precipitar esta operación de reseteo constitucional y político de la Patria.

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