Cerca de 20 oficiales de la Gendarmería Nacional de Argentina fueron citados a declarar como testigo en la causa que investiga el presunto contrabando agravado de municiones desde este país a Bolivia en el marco del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en diciembre de 2019.

CAPAC – Fuente: Telesur

Los oficiales que prestaron declaraciones formaron parte de los dos grupos de gendarmes que fueron destacados en Bolivia, y sucedieron al comando Alacrán que viajó en noviembre de 2019 en el mismo avión Hércules C120 donde viajaron las municiones.

Se han estructurado los testimonio en dos rondas. La primera ronda iría del 21 de febrero al 2 de marzo y tiene a los gendarmes destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020.

Estas fueron las disposiciones que impuso el juez de lo Penal, Económico, Alejandro Cataia, en diciembre de 2021.

En ese momento se previeron una veintena de medidas de prueba que se desarrollarían en ambos países para reconstruir el destino de las municiones que salieron de Argentina para presuntamente defender la Embajada de ese país en Bolivia y la residencia del embajador.

Tras escuchar a la veinte a de gendarmes en esta primera ronda, el magistrado deberá evaluar la convocatoria de los integrantes de la entidad que viajaron el 13 de noviembre de 2019.

De acuerdo con la investigación interna entidad, se conoció que las municiones llevadas a Bolivia no fueron utilizadas por el personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se prevé que el juez obtenga la misma información como parte del expediente judicial.

En lo que llega toda la documentación con toda la información de respaldo de las operaciones en  Bolivia que ya se aportaron por los denunciantes y constan en expediente, la justicia precisa indagar en qué se descargó en el vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevada la documentación al respecto.

El ministro de Justicia, Martín Soria, la exministra de Seguridad, Sabrina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, firmaron la denuncia que fue presentada el pasado 12 de julio y así se dio curso a la investigación.

Entre los imputados desde el 16 de julio se encuentran el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

Dictámenes posteriores imputaron también a exfuncionarios del Gobierno Cambiemos, Marcos Peña (Jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

De acuerdo con el expediente firmado por el fiscal Claudio Navas Rial, fue imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como coordinador del envío de elementos represivos con la Policía Boliviana durante el Golpe.

Rial acusó a Caliba de el rol desempeñado en el aeropuerto del Alto, La Paz, para la recepción del personal y los armamentos y municiones. Él se encargó de coordinar los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo.