El panorama en Ecuador se ensombrece a medida que pasan las horas y la posibilidad de un diálogo entre los manifestantes indígenas y el Gobierno de Guillermo Lasso se aleja. Los militares salieron a las calles y la tensión aumenta.

CAPAC – fuente Sputnik

Las posiciones de ambas partes —la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno— parecen inamovibles, lo que genera el temor, entre los líderes políticos, de que pueda ocurrir «un baño de sangre».

Mientras el Gobierno acusa a los indígenas de querer derrocar al presidente y romper el orden constitucional, la Conaie sostiene que el Ejecutivo no quiere dialogar e intenta imponer su posición por medio de la «fuerza letal y de las balas».

En tanto, el ministro de Defensa, Luis Lara, advirtió que las Fuerzas Armadas no «permitirán que se intente romper el orden constitucional».

La asambleísta por el Movimiento Pachakutik (brazo político de la Conaie) Patricia Sánchez y el excanciller Ricardo Patiño alertaron, en diálogo con la Agencia Sputnik, que la situación «es muy grave» y que la posibilidad de que haya más muertes es «muy probable».

Lamentablemente podría ocurrir un baño de sangre (en caso de que Lasso no quiera renunciar ni cumplir con los reclamos); esto es muy grave, porque las organizaciones que están en frente del paro dijeron que si el presidente no corrige las políticas, ellas continuarán con sus medidas y por supuesto significa una situación muy grave para el país», afirmó Patiño, quien fue canciller entre 2010 y 2016, bajo la administración de Rafael Correa (2007-2017).

Este martes se cumplen los nueve días de protestas encabezadas por la Conaie. Lasso, por su parte, extendió el estado de excepción en seis provincias, que incluye restricciones de libertad de asociación y reunión, movilidad y tránsito.

La Conaie presentó un reclamo de 10 puntos que incluye demandas como el congelamiento del precio de los combustibles, la adopción de un subsidio agrícola y el rechazo a tratados de libre comercio que «destruyen la producción nacional»

Lasso dijo el lunes 20 que las protestas excedieron los estándares de la protesta pacífica.

El estado de excepción regirá por 30 días.

Condiciones

Sánchez alertó, en diálogo con Sputnik, que las condiciones de la movilización son «peores» que las que había durante las protestas de 2019 ya que existe una mayor crisis económica.

«Tenemos una experiencia muy dolorosa, como la de las protestas de 2019. Ahora las condiciones están más encendidas, son peores que las de octubre (de 2019). Muchas más personas viven en la miseria», dijo la legisladora.

En 2019, diversos grupos sociales, liderados por la Conaie, mantuvieron 12 días de protesta contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las protestas.

Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas, mientras que se registraron una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.

El 20 de junio, la Policía Nacional y la Alianza por los Derechos Humanos reportaron la muerte de una persona en medio de la movilización nacional indefinida.

Renuncia

Patiño señaló que si Lasso «no se siente con capacidad de gobernar, de corregir», lo «más sano y razonable» sería que se vaya para su casa ante de llenarse «las manos de sangre».

«Lo puede hacer institucionalmente, no estamos hablando de ningún golpe de Estado, estamos diciendo que la Constitución le permite, en situaciones de grave convulsión social como las que se está viviendo en el país, renunciar, poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano y que se vuelva a las urnas para elegir a un nuevo presidente», indicó.

Otra salida institucional, que podría llevarse adelante por medio de la Asamblea Nacional, es la denominada «muerte cruzada», que implica la disolución del Poder Legislativo y la convocatoria a nuevas elecciones para también renovar al Poder Ejecutivo.

Durante las protestas de 2019, Patiño también propuso la «muerte cruzada», lo que generó que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) lo acusara a él y al expresidente Rafael Correa (2007-2017) de estar detrás de un «intento de golpe de Estado».

Militarizando a Ecuador

El Gobierno ecuatoriano, en vez de buscar el diálogo con los indígenas, pretende frenar la movilización con «balas» y «militarizando» al país, dijo Sánchez.

«La situación está mucho más prendida, las movilizaciones se incrementan más cada día porque el Ejecutivo en vez de responder a una agenda clara de la Conaie, lo que hace es generar medidas dictatoriales y militariza el país como el haber decretado el estado de excepción, Hay restricciones de la movilidad, de la reunión, al uso de medios, una serie de restricciones que no cumplen con los preceptos básicos que la Constitución indica», agregó.

Consideró que «Lasso, en vez de buscar fórmulas democráticas de diálogo, de convergencias, de mesas de negociación, lo que hace es tirar la fuerza pública, impulsa gran despliegue de la calle, provocando a la población».

«Ese decreto enardeció aun más la posición de los indígenas, en protestas que son absolutamente pacíficas, pero que tienen del otro lado una respuesta desde el poder con una guardia absolutamente desproporcionada, militares en la calle. (…) Este decreto da la posibilidad de que el ejército entra a las casas o que detenga a cualquier persona. Las cuestiones como esas nos preocupan profundamente. El decreto da legalidad a una serie de abusos y arbitrariedades y de mecanismos para ir contra la movilización. Es con el terror y la bala que quieren detener la movilización», agregó.