Un gran jurado federal acusó de múltiples delitos al autor del ataque del 30 de abril contra la Embajada cubana en Estados Unidos, un hecho sobre el cual guarda silencio hasta hoy el gobierno norteamericano.

CAPAC- Tomado de Prensa Latina/ Foto: AP.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia indicó que Alexander Alazo, con direcciones en Middletown, Pensilvania, y Aubrey, Texas, y quien fue arrestado el mismo día del hecho, enfrenta cargos por ataque violento contra un funcionario extranjero o local oficial con el uso de un arma mortal.

El hombre de origen cubano fue acusado también por herir o dañar deliberadamente los bienes pertenecientes u ocupados por un gobierno extranjero en Estados Unidos; y por el transporte interestatal de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave.

Además de esos tres delitos federales por los cuales fue acusado en una denuncia penal, el gran jurado agregó un cargo adicional por usar, portar, blandir y descargar un arma de fuego durante un delito de violencia.

La nota recordó que el 1 de mayo pasado el juez G. Michael Harvey detuvo a Alazo sin fianza en espera de juicio, y precisó que las acusaciones en su contra provienen de un incidente en el que Alazo disparó aproximadamente 32 rondas de un arma de asalto contra la Embajada de Cuba en Washington D.C., edificio que estaba ocupado en el momento del hecho.

Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia obligatoria de al menos 10 años de prisión por el cargo de descargar un arma de fuego durante un delito de violencia.

En tanto, el ataque violento a un funcionario extranjero o local oficial con el uso de un arma mortal, y el herir o dañar intencionalmente propiedades de un gobierno extranjero conllevan una pena máxima de 10 años de cárcel, una multa de hasta 250 mil dólares y no más de tres años de libertad supervisada, detalló el texto.

El transporte interestatal de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave implica una condena de hasta cinco años de prisión, una multa similar a la antes mencionada y no más de un año de libertad supervisada.

Reiteradamente el gobierno de Cuba ha denunciado la falta de una comunicación oficial por parte del ejecutivo de Donald Trump sobre el ataque a la legación diplomática, una agresión que ha sido condenada por numerosas voces dentro de Estados Unidos y a nivel internacional.

El 9 de julio el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, criticó en Twitter el silencio cómplice de Estados Unidos que «ampara al terrorismo, promueve el odio, apoya la impunidad, en fin, agrede e insulta a nuestro pueblo».

Asimismo, en una carta enviada a finales de mayo al presidente de la Asamblea General de la ONU, Tijjani Muhammad-Bande, la representante permanente alterna de Cuba ante el organismo, Ana Silvia Rodríguez, sostuvo que el ataque fue resultado directo de la política hostil del gobierno estadounidense contra la mayor de las Antillas.