Las violaciones de los derechos humanos continúan centrando hoy la atención de entidades internacionales y locales en Chile ante la desproporcionada represión de las fuerzas policiales a la manifestaciones pacíficas.

Tomado de Prensa Latina

En un editorial, el periódico El Siglo, órgano del Partido Comunista de Chile, señala que esa negativa situación en materia de derechos humanos no se producía desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Añade que esas violaciones se dispararon tras la decisión del presidente Sebastián Piñera y su ejecutivo de ordenar la salida del Ejército a las calles a reprimir las manifestaciones sociales, declarar el Estado de Emergencia, implementar Toque de Queda y desplegar con fuerza la labor represiva de Carabineros.

Puntualiza que ello ‘reconfirma que gobiernos y sectores de derecha no cambian en cuanto a recurrir a la fuerza represiva, a medidas autoritarias y específicamente al Ejército cuando se producen importantes manifestaciones sociales, expresiones ciudadanas de alta intensidad y se instalan demandas populares y democráticas’.

En los dramáticos sucesos de muertes, heridos, torturas, abusos sexuales y agresiones de todo tipo en que han participado carabineros y militares, tiene responsabilidad política el gobierno y particularmente el Presidente y las autoridades del Ministerio del Interior, denuncia El Siglo.

Puntualiza además que resulta prioritario que cesen las agresiones y abusos de parte de Carabineros y otras entidades del Estado y que se investiguen y se sancionen tales violaciones, pues de lo contrario quedará coja cualquier intención de restaurar ‘la normalidad’ en el país y avanzar hacia soluciones y respuestas a la voz ciudadana.

Asimismo considera imprescindible ‘que haya una fiscalización y encaramiento a los actos realizados y ordenados principalmente por el Presidente de la República y el ex Ministro del Interior. En eso tienen un papel los parlamentarios, las colectividades políticas y el movimiento social’.

El editorial de El Siglo concluye que ‘si se quiere hablar de fortalecimiento de la democracia, es ineludible asumir el respeto y cumplimiento de los derechos humanos’.