De acuerdo con la página digital Law.com, la reclamación contra ambas compañías fue introducida por Rivero Mestre, una firma de abogados con sede en Coral Gables, Florida, que ya ha presentado varias acciones legales de este tipo desde que la administración de Donald Trump activó el Título III el pasado 2 de mayo.

El demandante, difundió el medio, es José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, a quien la reclamación menciona como el antiguo dueño del Aeropuerto de Rancho Boyeros, actualmente el Aeropuerto Internacional José Martí, que fue nacionalizado tras el triunfo de la Revolución en la isla, el 1 de enero de 1959.

La demanda expresa que “un gran número creciente de aerolíneas cubanas, estadounidenses e internacionales han utilizado y se han beneficiado del aeropuerto durante años, y continúan haciéndolo”, y añade que la familia Vilaboy no ha dado su consentimiento para tal uso, a pesar de tratarse de una propiedad nacionalizada.

El documento presentado ante la corte del distrito sur de Florida añade que Regueiro interpone esta acción por daños y perjuicios a raíz de lo que la reclamación denomina como “tráfico“.

Un artículo publicado en mayo último en el diario cubano Granma describe a Vilaboy, propietario antes de 1959 del mencionado aeropuerto, la Compañía Cubana de Aviación, el hotel Colina y otros inmuebles, como uno de los testaferros más allegados del dictador Fulgencio Batista, derrocado por la Revolución. Ese trabajo recordó que el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, encargado en ese momento de tramitar las nacionalizaciones e intervenciones de propiedades mal habidas, abrió 27 expedientes a Vilaboy y a su esposa por enriquecimiento ilícito, así como a otras 15 personas que aparecían como sus testaferros en compañías y negocios.

La Helms-Burton, que codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba hace casi 60 años, fue aprobada por el Congreso estadounidense y entró en vigor en 1996, pero todas las administraciones desde entonces habían suspendido la aplicación del Título III. Fue el ejecutivo de Trump, como parte de su creciente hostilidad hacia el país caribeño, el que decidió activar este año tal acápite, el cual permite a los estadounidenses demandar a personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo revolucionario.

Según Law.com, debido a la falta de precedentes en los procedimientos de la Helms-Burton, no está claro cómo le irá a la demanda en la corte ni qué activos podría cobrar el demandante a Latam, que no es una compañía con sede en Estados Unidos.