CAPAC.- Repudiamos las declaraciones de periodistas y funcionarios argentinos que hablan sobre la presencia de supuestos “agitadores” cubanos y venezolanos en el país. Este argumento sólo responde a una puesta en escena para crear al “enemigo común” y aplicar, con el aval de un sector de la sociedad, el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entendemos que el objetivo es criminalizar la protesta social, demostrar poder y cercenar el legítimo derecho a protestar y manifestarse públicamente.

En este sentido, respaldamos las declaraciones de Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y Caribe de la Cancillería de Cuba, quien explicó en un comunicado que: “Hemos observado varios intentos calumniosos de asociar a Cuba con la supuesta agitación o preparación de actos vandálicos en la República Argentina. Afirmo categóricamente que Cuba no promueve ni participa ni ejecuta actos que constituyan injerencia en los asuntos internos de la Argentina. La narrativa que busca responsables en Cuba de situaciones internas en Argentina es un intento fallido de hallar causas donde no deben buscarse”.

Ante la campaña que se esta realizando en las últimas horas en argentina donde se dice que hay agitadores cubanos o venezonalos, el CAPAC denuncia que es una maniobra tal para encubrir que el origen de la movilización popular en las calles responde a las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno libertario, a cargo del ultraderechista Javier Milei, quien a partir del segundo día en el poder puso en marcha un “paquete de medidas de emergencia”. Estamos sufriendo la implementación de una doctrina de shock fiscal criminal que profundiza la crisis, afecta a todos los sectores del entramado social y sólo es posible de sostener con un plan recesivo, que en los siguientes meses provocará más inflación, pérdidas de puestos de trabajo y condenará a todos y todas a salarios de hambre.

También el CAPAC condena la decisión de la Cancillería del gobierno actual de retirar los embajadores argentinos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dejando por ahora las relaciones diplomáticas en un segundo nivel. Es una medida que nunca se consultó con el Congreso ni con la población.

Las últimas medidas anunciadas por el Gobierno buscan perseguir y amedrentar a la población, por lo tanto denunciamos que estamos ante un gobierno totalitario que afecta gravemente a todos los sectores de la sociedad. Estamos ante la presencia del anarcocapitalismo, que sólo puede funcionar con represión. Con la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito. Incluso puede entenderse como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías para el pueblo.

Club de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC)

Stella Calloni, presidenta

Alberto Mas, secretario general

Anabella Almonacid, comunicadora