Tomado de Misión Verdad.

El desastre ambiental de la región amazónica ha trascendido los límites territoriales y políticos de los países afectados, generando un estado de alerta en la comunidad internacional y particularmente en los países centrales de Occidente, congregados durante estos días en Francia en el contexto de la Cumbre del G7.

Son más de 72 mil 800 focos de incendio detectados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil durante el periodo de enero y agosto del año en curso. Los estados de ese país que tuvieron un aumento de incendios desproporcionado fueron Mato Grosso con 260%, Rondônia con 198% y Pará con 188%.

El fuego descontrolado se ha extendido por más de 15 días. Esto impacta también a las reservas forestales de los países que comparten la triple frontera con Brasil: Bolivia y Paraguay.

En Bolivia, los primeros informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) arrojan un estimado de 750 mil hectáreas de selvas y pastizales deforestados, luego de que el 18 de agosto los incendios llegaran a su pico más alto. El fuego se intensificó por los fuertes vientos que alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

La principal zona afectada es el Bosque Seco Chiquitanía, ubicado en el departamento de Santa Cruz. Esta región de transición entre los humedales de la Amazonía y el clima semiseco del Chaco, está catalogado como el bosque seco tropical mejor conservado del mundo y uno de los pocos que quedan en Sudamérica.

Igualmente, un cambio en la conducción del viento provocó que el fuego procedente de Bolivia se ampliara hacia el sudoeste en territorio perteneciente a Paraguay, específicamente al departamento del Alto Paraguay. Así lo relató en su cuenta de Twitter el investigador Iban Ameztoy, con imágenes del satélite europeo Sentinel de Copernicus.

Ahora, las llamas se adentran a la reserva del Pantanal Paraguayo, otro ecosistema que forma parte de los humedales del continente y del Gran Chaco americano, la segunda área natural en extensión territorial después de la Amazonía.

Distintas imágenes han recorrido las redes sociales y los medios de comunicación, dando cuenta de un desastre que amenaza el equilibrio de una red de reservas biológicas consideradas por organismos multilaterales como áreas de primer orden.

Se enfatiza que la Amazonía es un agente vital para ralentizar el ritmo del calentamiento global, con una capacidad de absorción de 2 mil 400 millones de toneladas de carbono, que además almacena a millones de especies de plantas y animales y alberga también a poblaciones indígenas.

Bolsonaron, el culpable al que todos señalan

Si hay algo en lo que conviene la mayoría de los análisis sobre los incendios en el Amazonas, es que el origen principal es la actuación humana. Una narrativa que el presidente Jair Bolsonaro quiso desestimar al comienzo, teniendo en cuenta que el 60% del territorio perteneciente a esta región se encuentra en los límites de Brasil.

Jair Bolsonaro declaró que fueron las altas temperaturas y el periodo seco los responsables de los incendios forestales, mientras que responsabiliza a las ONG de causarlos. De hecho, despidió al director del INPE, organismo que publicó estadísticas en las que claramente se ve el aumento de deforestación luego del ascenso de la ultraderecha al país. También paralizó el denominado «Fondo Amazonía», financiado por Noruega y en menor medida por Alemania.

El viernes 24 de agosto, cuando fue demasiada la presión mediática, ordenó el despliegue de 2 mil 500 efectivos de las Fuerzas Armadas y dos aviones cisterna Hércules C-130 que ayudaron a controlar los incendios. El gobierno de Brasil también aceptó la ayuda ofrecida por Chile y Ecuador, además de coordinar con Israel el envío de 100 toneladas de material anti-incendio.

Pero el presidente de Brasil aún necesita borrar las conexiones de los desastres ambientales en el Amazonas con las políticas que el Estado ha adoptado bajo su administración.

Una breve comparación con el gobierno de Lula Da Silva ofrece una mirada a la involución en materia de políticas ambientales que tuvo el país: mediante políticas institucionales como la del programa Terra Legal, que regulaba el uso de las tierras en beneficio de pequeños productores, para el año 2009, el gobierno de Brasil había registrado la deforestación en unos 7 mil kilómetros cuadrados en la Amazonía, un 45% menos que el año anterior.

Esta tendencia reportada por el INPE comenzó a darse en 2004, justo cuando la región había alcanzado un nivel de deforestación de 27 mil kilómetros cuadrados. Hoy, la misma institución indica que en julio de este año hubo un aumento histórico del 278% con respecto a 2018.

Con la jugada judicial contra el progresismo brasileño y la entrada de Bolsonaro, a quien Michel Temer ya le había abonado el terreno, se cambiaron las reglas ambientales a favor de lobbys del agronegocio. Recordemos que la candidatura de Bolsonaro fue apoyada por el Frente Parlamentario de Agropecuarios, un grupo de diputados y senadores brasileños que son respaldados por empresas agroindustriales.

Que Bolsonaro minimice los daños de los recientes incendios es coherente con los proyectos que el agronegocio tiene planificado en la zona. El impulso de los cultivos con transgénicos y la minería en zonas protegidas, mediante proyectos de ley que reducen la protección ambiental, ha sido una política de Estado.

El tablero geopolítico

El reciente acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur, en su apartado relacionado con la agricultura, le produciría mayores beneficios relativos a Brasil en comparación con los productores nacionales que países europeos podrían exportar al gigante suramericano.

En este sentido, la crisis ambiental en el Amazonas ha servido para que Francia y otras naciones vecinas amenacen con bloquear el acuerdo comercial, muestra de ello han sido las tensiones entre los presidentes Macron y Bolsonaro.

El presidente brasileño, en este contexto, rechazó 20 millones de dólares ofrecidos por el G7 para atender la crisis en el Amazonas.

Por su parte, Donald Trump, más próximo ideológicamente a Bolsonaro, le manifestó su respaldo ante las acusaciones que ha recibido desde todos los frentes. Con Estados Unidos, Brasil anunció a principios de agosto que eran oficiales las negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio, que según el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, era una alianza estratégica con Washington.

Europa podría estar intentando frenar las alianzas unilaterales con Estados Unidos, que toca intereses suyos en la región, mediante el chantaje con la crisis ambiental.

Evo Morales y las diferencias de modelo

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha respondido de manera autónoma, rápida y efectiva en lo que cataloga como un «fenómeno trinacional transfronterizo». Así lo declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre el plan para sofocar los incendios en Santa Cruz.

Esto significa que, siendo un evento que superó los límites nacionales y que comparten en común Paraguay y Brasil, la responsabilidad no es exclusiva del territorio boliviano. Por lo tanto, las acciones para contrarrestarlo deben establecerse en un esfuerzo conjunto entre los tres países.

Este señalamiento es importante dado que grupos opositores al mandatario y candidato presidencial Evo Morales, han querido responsabilizarlo por la extensión de los incendios. La herencia golpista de Santa Cruz y su relación con los actores de poder económicos tradicionales que buscan retornar al poder en Bolivia, facilita la generalización de esta narrativa.

Este relato busca desmeritar la capacidad operativa del gobierno boliviano para atender y sofocar el fuego. En este sentido, el portal Primera Línea publicó datos explícitos sobre los protocolos ambientales activados interinstitucionalmente.

«Sin la necesidad de que el país reciba ayuda internacional», asegura el portal, se redujo los focos de incendio de 11 mil 468 a 1 mil 362. Los informes también indican que el 70% del fuego se encuentra fuera de aéreas protegidas, por lo que no implica ningún riesgo para las mismas. El registro fue elaborado por el MMAyA y abarca la semana del 17 al 25 de agosto.

En esos días, por instrucciones del presidente Morales, se conformó el Gabinete de Emergencia Ambiental, se desplegaron alrededor de 4 mil voluntarios, 431 policías, 2 mil 835 militares, cinco aeronaves y 200 vehículos. Primera Línea destaca el alquiler de la aeronave Supertanker que «fue vital para controlar el fuego cerca a zonas de áreas protegidas como Otuquis».

A diferencia del ostracismo del gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Evo ha optado por ampliar sus capacidades diplomáticas y reconducir la agenda internacional sobre el Amazonas hacia un punto de equilibrio y consenso, donde Bolivia asuma una posición de control de la situación como actor bajo una premisa menos ideologizada que la de Bolsonaro.

Esta orientación de política exterior de Bolivia a raíz de los incendios, ha cambiado la tendencia a la transnacionalización del problema que buscaba el gobierno brasileño.

En resumen, el gobierno boliviano ha creado un marco regional y autónomo para la gestión de la crisis en el Amazonas. Esto tiene que ver con aspecto estructural que diferencia al gobierno de Bolsonaro con el de Evo: para el ex militar, el Amazonas es una zona de extracción de recursos naturales, mientras que para el boliviano, es una zona de equilibrio ambiental para el desarrollo sustentable del planeta. Esa diferencia se hace patente en los enfoques y políticas para atender los incendios.

Dando pasos en ese sentido, se han abierto contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), actores con los que Bolivia, mediante su cancillería, anunció que ya se estaba reuniendo, al igual que con Chile, Argentina, Francia, Alemania, España, Rusia y Estados Unidos.

Sobre los intentos de Venezuela de llevar la situación a instancias multilaterales, dado el inmovilismo de Bolsonaro, Evo Morales condenó que se rechazara la propuesta de pautar una reunión extraordinaria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Esta propuesta fue realizada por Venezuela a través del canciller Jorge Arreaza, con el objetivo de evaluar y definir acciones conjuntas para resolver la emergencia ambiental.

La OTCA es una alianza intergubernamental constituida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, todos países amazónicos. Tiene fijado el incentivo al desarrollo sostenible y la inclusión social de la región.

«No por diferencias ideológicas podemos suspender esta clase de reuniones. Nuevamente hago un llamado a los países que conforman OTCA para una reunión de cancilleres, qué mejor de presidentes, respetando nuestra diferencia de carácter político (…), primero está la Amazonía, primero está la biodiversidad», declaró el presidente Morales.

El presidente boliviano ha preferido dejar la campaña presidencial para abocarse completamente a los trabajos de control del fuego en los bosques secos de la Chiquitanía. Este martes viajó hasta la región central de la zona  y se unió a los grupos de profesionales y voluntarios que realizan las tareas de mitigar el fuego. Morales, en compañía del ministro Juan Ramón Quintana, tomó el uniforme y las herramientas contra incendio, se adentró a las zonas afectadas de la comunidad de Santa Rosa y actuó personalmente.

Este hecho simbólico da muestra de un país que está dispuesto preservar la soberanía de sus decisiones hasta en las condiciones más adversas, como es el caso de la crisis ambiental desatada en el Amazonas, al mismo tiempo que regula la colaboración externa, que podrá actuar en la protección de las reservas naturales en la medida que lo determine Bolivia.

El modelo boliviano, expresado en este conjunto de situaciones y decisiones, también hace evidente la naturaleza del modelo Bolsonaro: el Amazonas es un negocio que se cotiza ardiendo.