La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó el artículo 21 de la Constitución, actualizando los requisitos de la nacionalidad nicaragüense. Esto se tradujo en la pérdida de la misma para los que se encontraban detenidos por ser autores intelectuales o ejecutores materiales de los tres meses de terrorismo que, de Abril a Junio de 2018, ensangrentaron Nicaragua, dejando un tremendo saldo en vidas humanas y bienes materiales.

CAPAC – por Fabrizio Casari desde Nicaragua

Una decisión que también coincide con referencias históricas y simbólicas. A pocos días del aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino, constructor de la independencia y la soberanía nacional, el gobierno se inspira en lo que promulgó su predecesor cuando, en noviembre de 1927, en plena lucha contra la ocupación norteamericana de Nicaragua, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional estableció los «requisitos» de los traidores. El hecho de que estos requisitos sean absolutamente similares a los vigentes hoy, confirma dos aspectos al mismo tiempo: la herencia histórica de la Nicaragua actual con la de Sandino y la continuidad histórica de la agresión estadounidense.

La iniciativa de Daniel y Rosario, como siempre, fue inesperada. No importa mucho definir su marco jurídico, ya que se trata de un acto eminentemente político. Y aunque algunos albergan dudas y recelos sobre la excesiva generosidad del gobierno con unos matones que han escenificado el peor repertorio posible de brutalidad, la decisión también puede catalogarse como una nueva y definitiva amnistía. Pero a diferencia de la anterior, se decidió eliminar cualquier posibilidad de reiteración de delitos.

¿Cómo? Con un vuelo chárter de unas horas, que liberó a Nicaragua de todos los mercenarios estadounidenses. No hubo negociaciones con Estados Unidos, según explicó el Presidente, Comandante Daniel Ortega, quien relató la génesis, desarrollo y cierre de la operación. Nicaragua, de hecho, ni pidió ni concedió nada a cambio, limitándose a proponer la entrega de los detenidos y a aceptar la voluntad estadounidense de recibirlos. Así, la operación se basó en un diálogo puramente organizativo entre la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos en Managua, por una vez comprometida en una actividad acorde con su papel.

El éxodo de los golpistas es una operación de alta ingeniería política en la que todos salen ganando. El mayor interés reside, obviamente, en Nicaragua, que con un gesto de generosidad política que ningún otro país hubiera concedido jamás, pone en libertad a 222 golpistas y cierra la estúpida procesión de quienes, desde los medios de comunicación y las cancillerías extranjeras, repetían obsesivamente la letanía de «presos políticos». A su vez, los expulsados disfrutarán de la recuperación de la libertad individual: ya veremos qué hacer con ella más adelante, pero mientras tanto la recuperarán.

A los Estados Unidos también le conviene, ya que el fin del proyecto golpista y la imposibilidad de reproducirlo se habían convertido en una cuestión abierta e irresoluble. En esencia, Washington tenía que encontrar una solución para sus agentes, porque dejar que se pudrieran en la cárcel habría producido graves repercusiones en todas las partes del mundo donde EE.UU. se apresuran a alistar golpistas. Si resulta que no son capaces de protegerlos, está claro que cada vez habría menos disponibilidad y sería cada vez más costoso. Por último, ante la propuesta de liberarlos, no habrían podido rechazarla, so pena de abrir una verdadera caja de Pandora por parte de algunos de esos.

El chárter de los verdaderos golpistas vendido como supuestos estadistas abandonó Nicaragua con la certeza de que su tiempo político ha terminado.

Descubrirán cómo el dinero que recibieron en Nicaragua no se les dará también en EEUU, y si los vástagos de la oligarquía consiguen mantener sus lujos y vicios, los que sólo habían aportado mano de obra criminal se verán en la incómoda situación de tener que buscar la manera de sobrevivir. No es casualidad que desde Tiffany Roberts hasta los senadores de Vox, son todos preocupados por recoger los restos de lo que fue una empresa criminal y perdedora y asegurar su reubicación existencial. Al no ser así, los silenciosos de ayer podrían convertirse en los habladores de mañana.

Nicaragua demuestra que no tenía intenciones persecutorias hacia los detenidos, de lo contrario los habría dejado pudrirse en la cárcel hasta el último de sus días. En todo caso, la campaña de desprestigio que emprendieron Estados Unidos y la UE sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos y la existencia de presos políticos recibió un duro golpe.

En cuanto a los primeros, fue la propia Dora María Téllez, jefa ejecutiva del entonces MRS y de la intentona golpista, quien negó categóricamente cualquier maltrato o tortura. En una entrevista concedida en Washington, la ex comandante afirmó que había sido tratada con respeto, profesionalidad y humanidad, reiterando que nunca había sufrido un solo gesto de hostilidad personal por parte de los guardias de la prisión.

Con respecto a la existencia de detenidos políticos, la manipulación de la realidad nicaragüense proviene de la gran mistificación que los retrata de esta manera, pero en cambio, para todos los efectos, fueron detenidos por actos de franco terrorismo. Inútil pintar el crimen con ideas: no fue una protesta política, la intentona golpista nunca gozó de este perfil. Fue terrorismo, una ola bárbara que sembró el horror con el objetivo de intimidar a la población, destruir las instituciones y derrocar el gobierno.

Las personas detenidas hasta ayer no fueron encarceladas por sus ideas (como sugeriría el término «preso político»), sino por los delitos que cometieron, y cometer delitos no puede llegar a ser lo mismo que profesar ideas políticas. Por eso llamar «presos políticos» a los autores intelectuales y ejecutivos de la intentona golpista de 2018 es un disparate político, que además – por efecto comparativo – acaba denigrando a quienes realmente están presos, en cualquier parte del mundo, por disidencia política. Es terrorismo porque sembrar el terror se llama terrorismo, en cualquier país y bajo cualquier régimen político, con cualquier código penal, sea de derecho romano o anglosajón, canónico o coránico, y en cualquiera de las más de siete mil lenguas del mundo.

Cierto, entre los detenidos no sólo se encontraban los autores directos del horror, sino también personas implicadas en el blanqueo de capitales y el desvío de fondos del extranjero con fines delictivos, en irregularidades administrativas destinadas a encubrir estas actividades y colaboración con gobiernos extranjeros con la intención de desestabilizar el orden y la paz. Y no faltaron quienes, indiferentes a lo señalado por la anterior amnistía en cuanto a la condición de «no repetición» de los delitos, habían reanudado el tejido de la red de financiación y corrupción para recrear de nuevo una estructura mediática, política y militar al servicio del objetivo norteamericano y europeo: la creación de inestabilidad y un clima de confrontación interna que pudiera desembocar en un nuevo golpe de Estado que devolviera Managua a manos norteamericanas.

El despegue de ese chárter envió el odio lejos de Nicaragua y cerró definitivamente la historia de la intentona golpista del 2018, que sin embargo vio cómo el sandinismo se alzaba con un nuevo triunfo sobre el somocismo retornado. Esto no significa que la memoria se diluya o que se baje la guardia, porque el golpismo es un mal endémico de la derecha latinoamericana y el único antídoto que funciona es no permitir que germine al amparo de las reglas democráticas. No hay ni puede haber pérdida de memoria y atención donde hay revolución.

Con la expulsión de la chusma, se reafirma el valor absoluto de la patria, la prohibición de amenazar su estabilidad y de venderla al enemigo. De Nicaragua se han ido los especialistas en malinchismo, los protagonistas absolutos de los diferentes modelos de corrupción; desprovistos de ideas pero llenos de odio y sadismo, ejercerán las profesiones de paria en otros suelos. Para Nicaragua, se abre otra temporada. Casi como una reordenación general del orden natural, la decisión adoptada cierra el golpe del 2018 bajo la lápida de la ignominia y asigna a todos el lugar que les corresponde. Nicaragüenses a su tierra, traidores a sus nostalgias