A escasas horas de las elecciones en la República Democrática del Congo (RDC), el avance de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) resulta para muchos un asunto más urgente que elegir al próximo presidente.

CAPAC.- por Por Karina Marrón González* tomado de Prensa Latina

Los medios alternan las noticias de las campañas electorales de los candidatos que disputan la primera magistratura, con otras que hablan de la toma de ciudades y el desplazamiento de personas.

La provincia de Kivu Norte, una de las más afectadas por el conflicto, pareciera que muy pronto rendirá su capital, la ciudad de Goma, que, a inicios de noviembre pasado, quedó a oscuras debido a los enfrentamientos entre el M23 y grupos armados locales.

Tras la ocupación de Mushaki y Karuba, el 7 y 8 de diciembre, respectivamente, los insurgentes del M23 avanzaban hacia la carretera Goma-Minova.

Según el portavoz de ese grupo, Lawrence Kanyuka, la intención es recuperar y ocupar todas las zonas bajo su mando antes de la entrada de las fuerzas regionales de la Comunidad del África Oriental (CAO), en 2022.

En esas circunstancias, el pánico se apodera de la población, que nuevamente se ve desplazada por la guerra.

DESMOVILIZACIONES Y ENTRADA DE NUEVOS ACTORES

Las Fuerzas Armadas de la RDC han demostrado que no pueden contener solas el empuje de ese y otros grupos armados, como es el caso de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que azotan la provincia de Ituri.

En general todo el este del país: Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur se mantienen como focos de conflictos, donde la población resulta la más afectada.

Durante el 2022, el Gobierno recurrió incluso a dos empresas militares privadas, Agemira RDC y Congo Protection, para hacer frente a estos embates. También entraron en juego las fuerzas regionales de la CAO y, además, permanecía en el terreno la misión de estabilización de Naciones Unidas, conocida como Monusco.

La situación solo empeora, pero Kinshasa apenas señaló a la misión de la CAO por no haber hecho lo suficiente y decidió no renovar su mandato, de manera que desde el 8 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2024 los contingentes de Kenya, Uganda y Burundi continuarán su desmovilización.

Los primeros 300 soldados kenianos volvieron a su país incluso antes, el 3 de diciembre.

También la Monusco debe abandonar la RDC a partir de este mes, según un memorando firmado el 21 de noviembre por la representante especial del secretario general de la ONU en la RDC, Bintou Keita, y el vice primer ministro y titular de Asuntos Exteriores, Christophe Lutundula.

En ese caso, primero comenzará la retirada de las tropas y luego los demás servicios de la misión, pero el Ejecutivo ha insistido en acelerar la salida de la Monusco para aliviar las tensiones con los ciudadanos.

El pasado 14 de noviembre, durante el discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Nación, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, destacó como un elemento positivo la retirada escalonada, responsable y sostenible de la Monusco y de la misión de la CAO.

En particular sobre las fuerzas de la ONU enfatizó que, después de más de 20 años en la RDC, “es tiempo de que el país tome en las manos su destino y sea el principal actor de su propia seguridad y estabilidad”.

Ciertamente ambas agrupaciones militares tienen mala reputación entre la población civil: a las fuerzas regionales de la CAO las acusan de coexistir con los rebeldes en lugar de obligarlos a desarmarse, mientras que a la Monusco le atribuyen todo tipo de crímenes.

Lamentables incidentes se produjeron en Goma, en agosto pasado, debido al rechazo popular, cuando integrantes de la secta Fe Natural Judaica y Mesiánica hacia las Naciones, conocida como Wazalendo, salieron a protestar por la presencia de la Monusco y otras organizaciones internacionales.

El hecho generó represión con violencia y saldo de al menos 50 personas muertas, decenas de heridas y alrededor de 100 detenidas, de acuerdo con las cifras oficiales.

Los sucesos parecieron como un puntillazo para que el Gobierno de la RDC presionara por el fin de la misión de la ONU, además, porque la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) ya había aprobado el envío de una fuerza regional.

Aún no entran los primeros militares de la SADC y tampoco se sabe si esos aliados lograrán lo que no pudieron los anteriores, pero las decisiones estratégicas sobre el despliegue de la misión ya fueron adoptadas y varios integrantes del bloque se comprometieron con cuestiones adicionales.

TRASFONDOS DE UNA GUERRA

Apagar las llamas de la guerra en el este de la RDC no será cuestión sencilla, pues en el trasfondo hay desde conflictos étnicos hasta intereses económicos y políticos.

Solo un botón de muestra: el Gobierno de Kinshasa acusa a Ruanda de apoyar al M23, algo negado por Kigali, pero respaldado por otros actores como investigadores de la ONU.

En tanto, Ruanda acusa al Gobierno de la RDC de tener lazos con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, un grupo rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en ese país.

Igualmente, el M23 señala a las fuerzas congoleñas por llevar a cabo “una limpieza étnica” de ciudadanos de la minoría tutsi en el territorio de Masisi, razón por la cual pretenden ocupar esa área.

Al panorama se suma que la facción armada ADF, que opera en la parte septentrional de Kivu Norte e Ituri, la componen combatientes musulmanes de origen ugandés que otrora se afiliaron al grupo radical Estado Islámico.

En ese complejo entramado subyace el contrabando de minerales y riquezas del área en conflicto, un tema en las sombras que se convierte en caldo de cultivo para perpetuar las contradicciones.

TERRIBLE SALDO HUMANITARIO

El pasado 24 de noviembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) señalaron la urgencia de incrementar la ayuda en el este de la RDC ante el aumento de la violencia y la escalada de la crisis.

Más de 450 mil personas habían resultado desplazadas desde el 16 de octubre y esa fecha solo en los territorios de Rutshuru y Masisi, en Kivu Norte.

La Acnur aludió también a más de tres mil denuncias de violaciones de los derechos humanos en octubre, casi el doble que el mes anterior.

“La violación y los asesinatos arbitrarios ocupan un lugar destacado en estos resultados, junto con los secuestros, la extorsión y la destrucción de bienes, lo que ilustra un patrón de abusos profundamente preocupante infligido a la población civil”, dijo la agencia.

La gravedad de la crisis se acrecienta ante el limitado acceso a la ayuda humanitaria, debido principalmente a la obstrucción de las principales rutas, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas.

A esto se suma que los necesitados crecen a un ritmo superior a la llegada de ayuda, y aunque los aliados de las Naciones Unidas y los grupos humanitarios redoblan esfuerzos para hacer frente a las necesidades, el hacinamiento resulta inevitable.

Alojamientos inadecuados en emplazamientos espontáneos, acceso limitado a alimentos y agua potable son solo otras consecuencias de un conflicto con casi siete millones de personas afectadas y requerimientos de ayuda urgente.

Sin embargo, el plan de respuesta humanitaria de dos mil 300 millones de dólares para la RDC este año solo está financiado en un 37 por ciento.

EN MEDIO DE TODO, ELECCIONES

Mientras todo eso acontece el país se prepara para las elecciones presidenciales, de diputados nacionales y provinciales, y de consejeros comunales, de sector y de jefatura, el próximo 20 de diciembre.

Un total de 26 candidatos concurren para las presidenciales, entre ellos el actual mandatario, Félix Tshisekedi, uno de los principales contendientes, en tanto Moïse Katumbi, de Juntos por la República y exgobernador de la provincia de Katanga, es la carta fundamental de la oposición.

De hecho, varios candidatos decidieron alinearse en torno a este último, por considerarlo con posibilidades de victoria.

La Comisión Electoral Nacional Independiente afirma que trabaja para efectuar los comicios en los plazos acordados, aunque a medida que se acerca la fecha el panorama es más complejo, pues quedan muchos asuntos logísticos por resolver en un país de 2,3 millones de kilómetros cuadrados.

Por ejemplo, están pendientes muchas solicitudes de votantes para hacerse sus tarjetas o sustituirlas por estar ilegibles, y sin estas no pueden acceder a las urnas, donde se esperan 44 millones de congoleños inscritos, de una población de unos 100 millones de habitantes.

También es preciso corregir listas de electores y distribuir material electoral.

La SADC y otros entes regionales enviarán observadores a las elecciones, pero la transparencia es cuestionada antes del conteo de las boletas.

El ginecólogo y ganador del Premio Nobel de la Paz 2018, Denis Mukwege, acusó al Gobierno de obstaculizar su campaña en el este del país, donde es más conocido, una manera de favorecer al actual presidente.

Y justo en el oriente del país, donde la guerra impide el normal funcionamiento de escuelas y hospitales, de la vida en general, ¿cómo podrán llevarse a cabo las elecciones?

El 20 de diciembre, más allá del resultado de las urnas, que pudiera generar confrontaciones, la realidad para millones de congoleños seguirá siendo la incertidumbre.

*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Angola