La mentira desatada desde Washington alrededor del tema de los encarcelamientos de inocentes sin mediar el debido proceso, de los supuestos desaparecidos y torturados, y de los prisioneros de conciencia, sin duda forma parte de la campaña de descrédito de ese gobierno contra Cuba.

CAPAC.- Raúl Antonio Capote tomado de Granma

El pasado mes de enero, el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, y el secretario de Estado, Antony Blinken, acusaron al Gobierno cubano de tener detenidas injustamente a 600 personas vinculadas con los sucesos del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021, a quienes denominaron presos políticos.

La mentira desatada desde Washington alrededor del tema de los encarcelamientos de inocentes sin mediar el debido proceso, de los supuestos desaparecidos y torturados, y de los prisioneros de conciencia, sin duda forma parte de la campaña de descrédito de ese gobierno contra Cuba. Una peligrosa cruzada que busca privar a la Isla del apoyo internacional, para así poder actuar ellos con absoluta impunidad y cometer los desmanes que acostumbran a realizar contra los pueblos que invaden y sojuzgan.

Pero la cifra no responde a la realidad, en la Mayor de las Antillas no existen prisioneros sometidos a torturas y encarcelados sin juicio previo, la verdad es que hubo 700, pero en la ilegal Base naval yanqui en Guantánamo.

Los procesados tras los sucesos del 11 de julio de 2021 no son presos políticos, son personas que, actuando como peones en los intentos de desestabilización de los enemigos de la Revolución, cometieron hechos vandálicos, asaltaron mercados y tiendas, realizaron agresiones violentas contra personas del pueblo, autoridades y funcionarios, atacaron a instituciones civiles y de la policía, así como otros graves delitos.

Las piedras lanzadas contra el área materno-infantil del Hospital Julio Aristegui Villamil, en la ciudad de Cárdenas, y las amenazas de ataques a centros de aislamiento para pacientes contagiados con el coronavirus, son un buen ejemplo de la catadura moral de los implicados.

Durante su comparecencia en el programa televisivo Hacemos Cuba, en julio de 2021, la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), señaló: «Se busca documentar, legalizar y presentar, tanto a la Fiscalía como a los Tribunales, las pruebas necesarias que, con apego a la ley, indiquen la participación en los hechos de los ciudadanos que ya han sido detenidos, quienes fueron capturados in fraganti en la comisión de acciones violentas y manifestaciones de vandalismo».

La mayoría de las personas juzgadas tenían antecedentes penales, entre los que figuran delitos como la tenencia de armas y alteración del orden público, entre otros. Algunos de ellos habían recibido el beneficio de la libertad condicional, el cual perdieron por su accionar delictivo.

La Ley de Procesos Penales de nuestro país establece que la confesión del acusado no es prueba en el proceso penal, por lo que la persona es libre de declarar o no declarar.

Durante las investigaciones se realiza un tratamiento individualizado de la persona y se evalúa el grado de participación de cada una de ellas, como lo prevé el Código Penal.

Existen varias sanciones de acuerdo con el grado de implicación en los actos y las circunstancias, además de multas o advertencias. En nuestra Isla no se condena a inocentes.

Eso sí, los actos violentos, el saqueo, el desorden público, ocurridos el 11 de julio en varios puntos del territorio nacional, tendrán una respuesta penal acorde con las leyes de la nación y a los principios que norman nuestro actuar.