El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que “no reconoce la legitimidad del gobierno entrante” tras exponer argumentos relacionados con un fraude electoral y el equipo de gobierno saliente suspende sesiones de transición.

CAPAC – fuente Prensa Latina

El jefe de Estado planteó que posee toda la información sobre un servidor situado en Los Ángeles, California, y propiedad de los hermanos Bautista (a los que señala de ser dueños del software privado usado en los comicios), integrado a la operación de escrutinios, desde el cual se emplearon algoritmos que variaron la votación a favor de De la Espriella.

“Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos”, expresó.

Refirió que las mesas en el exterior, donde el ultraderechista consiguió 177 mil votos por encima de Iván Cepeda, tuvieron jurados provenientes de Colombia y no residentes en Estados Unidos y España, lo cual calificó de ilegal.

También enunció que hubo electores llevados para el mundial de fútbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca acuden a las urnas.

“Eso mismo pasó en varias regiones de Antioquia y Medellín, en el norte de Santander y en puestos del norte de Bogotá”, ahondó.

Señaló además que la empresa que suministró algoritmos viciados, y otros apoyos a los hermanos Bautista, es una compañía de inteligencia privada israelí de nombre BlackCube.

Asimismo, expresó que Balart es la compañía de lobby a la que le pagaron millones de dólares para limpiar la imagen de Abelardo, “bastante sucia, y la encargada de convencer a Trump de apoyarlo”.

Sentenció entonces que se “está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera”, lo cual está prohibido por la Constitución.

A renglón seguido anunció que “el presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, al filósofo Iván Cepeda”.

A juicio de Petro, se ha “sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba”.

Opinó que los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría, que debieron detectar la entrada de algoritmos y la manipulación de formularios E14 desde el exterior, pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes.

“La Registraduría, torpemente o corruptamente, ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a las empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional, ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma”, resumió.

En consecuencia, aseguró que “no reconoce la legitimidad del gobierno entrante” y que “Abelardo no ganó las elecciones”.

“Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, concluyó Petro.

Equipo de gobierno saliente suspende sesiones de transición

El Gobierno de Colombia suspendió hoy su participación en las sesiones conjuntas de transición con la administración entrante mientras no se den las “garantías de respeto recíproco”, inherentes a ese proceso.

Según informó al país el ministro de Hacienda y encargado de la transición por parte del gabinete saliente, las sesiones no podrán darse hasta tanto no “cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso” por parte del equipo de Abelardo De la Espriella.

Abundó el titular que la decisión busca proteger las instituciones, la dignidad del Estado y el verdadero sentido del empalme como un ejercicio de responsabilidad democrática.

El funcionario sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro actuó conforme a la Constitución y a la Ley 951 del 2005 y a las directrices que regulan el proceso, pero que no hallaron en su contraparte “la misma reciprocidad”.

Denunció entonces que el pasado domingo, uno de los integrantes del comité de la administración entrante, Carlos Alonso Lucio, formuló ante un medio de comunicación graves señalamientos contra el presidente y de su equipo de Gobierno, en tanto se sigue presentando públicamente el proceso como un supuesto empalme anticorrupción.

Ávila refirió entonces una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional para proyectar ante el país la idea de que la transición parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente.

“El empalme no es una investigación penal. El empalme no es un juicio. El empalme no es una plataforma política. El empalme es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”, afirmó.

Aseguró en este punto que las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes y con pleno respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia.

Por tal motivo, expuso, el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, quien opinó que Gustavo Petro debía ser judicializado, por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del mandatario y de su equipo.

“Este comité considera que hoy no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar desarrollando las sesiones conjuntas de empalme mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa que desnaturaliza el verdadero propósito de este proceso”, enfatizó.

Antes de concluir, Ávila confió que el ejercicio pueda retomarse cuando “existan las condiciones para que el empalme vuelva a ser lo que siempre debió ser, un ejercicio de Estado desarrollado con altura institucional, buena fe y absoluto respeto por Colombia”.