Lo que se vive en el país andino es un golpe de larga duración orquestado desde Washington. El pueblo en las calles no deja de protestar, reclamando el regreso de Castillo y de una asamblea constituyente. Por otro lado, la clase política del modelo neoliberal fujimorista apoyado por Estados Unidos, espera que la represión y el cansancio surtan su efecto.

CAPAC – por Jorge Capelán en ManaguaConAmor.blogspot

La fase de preparación tuvo lugar durante el casi año y medio, desde la toma de posesión de Pedro Castillo tras ganar unas elecciones con una votación récord para un candidato popular en Perú, hasta el pasado 7 de diciembre, cuando un congreso dominado por fuerzas acérrimamente opositoras lo declaró “incapacitado moralmente” acusándolo de conspiración y de rebelión, y dictando en su contra, primero 18 meses de prisión “preventiva”, y más tarde 36.

En diciembre pasado, el presidente Pedro Castillo fue víctima de una conspiración para alimentarlo con información falsa con el fin de promover su destitución y posterior enjuiciamiento a la espera de que el movimiento popular que lo apoya en las calles se desmovilice y renuncie a liberar a ese estratégico país de los Estados Unidos. Esa fue la fase de ejecución del golpe.

La fase actual es la de normalización. El pueblo en las calles no deja de protestar, reclamando el regreso de Castillo y una asamblea constituyente. Por otro lado, la clase política del modelo neoliberal fujimorista apoyado por Estados Unidos, espera que la represión y el cansancio surtan su efecto. Según diversos estimados, a estas alturas van unos 60 o 70 muertos.

Una observación: Mientras que el Comando Sur asegura que entre sus prioridades en la región está la lucha contra el crimen organizado, el récord de los operadores políticos a su servicio en el Perú muestra exactamente lo contrario.

El congreso en manos de un narco

El pasado 12 de septiembre, es electo presidente del Congreso el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado José Williams Zapata, conocido por su conexión con los carteles mexicanos de la droga durante su jefatura en la Región Militar Norte de Piura en 2004–2005.

De acuerdo a informes de la División Antidrogas de la Policía Nacional (DIVANDRO), la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el portal WikiLeaks, cuando el general José Williams Zapata fue jefe de esa región militar, en esa zona del Perú el cártel de Tijuana exportaba droga por mar en presunta complicidad de militares de alto rango e incluso la transportaba a pocos metros de las instalaciones del Ejército.

Además, en el año 2006 Williams Zapata fue acusado de corrupción y de encubrir el asesinato de 69 personas en Accomarca en agosto de 1985, uno de los capítulos más sangrientos de la guerra contra el grupo terrorista denominado Sendero Luminoso. En esa ocasión resultaron asesinadas 69 mujeres, hombres, ancianos y niños.

De hecho, Williams Zapata, tuvo a su cargo también la Operación Chavín de Huantar, muy celebrada por los fujimoristas como una gran victoria contra el terrorismo. En esta operación militar para rescatar a 72 rehenes en la embajada de Japón el 22 de abril de 1997 hubo 17 muertos (los 14 miembros de la guerrilla del MRTA y otras 3 personas), de las cuales 8 fueron asesinadas por los soldados.

Representante del partido de extrema derecha Avanza País y apoyo activo de Keiko Fujimori, Williams Zapata ha probado ser un valioso operador del golpe contra el presidente Pedro Castillo. La elección de Williams como presidente del Congreso no ha desatado airadas críticas de los Estados Unidos, a pesar de que sus relaciones con los carteles de la droga de México ya eran conocidas desde hace muchos años.

Entre otras cosas, 48 horas antes del golpe contra el presidente Castillo, el 5 de diciembre pasado, Williams Zapata le “recomendó” al general del Ejército, Walter Córdova, que renunciara “por el bien de la institución” a causa de “graves denuncias” en su contra. En concreto, Williams le habría dicho a Córdoba que contaba con una carpeta que contenía varias denuncias en su contra, lo que estaba afectando a la institucionalidad del Ejército.

Córdoba era el único general que no se había querido prestar a la movida golpista contra Castillo, que consistía en proveer al mandatario con informes falsos sobre la situación política del país para provocar errores de su parte, que serían aprovechados por el Congreso y demás poderes del Estado controlados por la derecha y el fujimorismo como pretexto para destituirlo.

Aunque Williams Zapata niega haber chantajeado al jefe militar, el diario peruano La República dice que varias fuentes consultadas coincidieron en afirmar que sí existió el “pedido” de renuncia a Córdova.

El papel de Estados Unidos

Como es de costumbre en nuestra región, la Embajada de Estados Unidos en Lima estuvo directamente implicada en el golpe contra Castillo.

Un ejemplo de esta implicación fue la reunión de la embajadora y ex oficial de la CIA, Lisa Kenna, con el Ministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, menos de 24 horas antes del golpe para ultimar detalles sobre la operación para deponer al presidente Pedro Castillo.

Igualmente llama la atención, la inmediata designación, aun con el golpe en curso, del exoficial de enlace en el Comando Sur, coronel retirado Juan Carlos Liendo Oconnor, como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay que decir además que Oconnor es una figura prominente del fujimorismo.

El pasado 9 de marzo, al dar lectura al informe del Comando Sur para el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la general Laura Richardson calificó al crimen organizado como amenaza “primaria” en la región, responsable de la muerte de 100 mil estadounidenses al año a causa de la droga. Sin embargo, el USSOUTHCOM no parece tener mayores remilgos con sus contactos en el Perú, que abarcan desde militares con sórdidos expedientes con el narcotráfico hasta toda la gama delincuencial de exponentes del fujimorismo.

En este plan aparece Justin Davis, oficial plantilla de la CIA y que por su experiencia contra países latinoamericanos como Cuba, donde fungió como funcionario de la Oficina Política de la Embajada de Estados Unidos, fue designado a Perú en ese mismo departamento con el fin de ayudar a sabotear la gestión de Pedro Castillo.

El factor geopolítico

EEUU tiene hoy en Perú un punto crítico para su estrategia de reajuste de correlación de fuerzas operacionales en América Latina, teniendo más de 10 bases militares en el territorio peruano, ubicadas en puestos estratégicos desde el punto de vista energético y minero. Muchas de estas bases se sitúan en el Varem, una zona de valles encabezados por Apurimac, y otros, lugar estratégico para el Comando Sur.

Por cierto, la zona del Vraem ha sido escenario de diversas masacres en los últimos años, coincidentemente en coyunturas de ascenso de la lucha popular en las que quien resulta más beneficiado en que se despierte el fantasma de Sendero Luminoso es el fujimorismo. De hecho, cada vez son más dentro y fuera del Perú, quienes creen que esa guerrilla “maoísta”, especializada en asesinar campesinos y activistas sociales, fue un producto de la CIA para debilitar estratégicamente a la izquierda.

Llama la atención la preparación de grupos tácticos ecuatorianos y el marcado interés del Comando Sur por acaparar el trabajo en los puertos ecuatorianos, muy cercanos con Perú, con el pretexto de atacar operaciones de drogas.

A inicios de este año, EE. UU. envió 20 000 cartuchos lacrimógenos a través de la empresa estadounidense Force Improvement LLC, en una licitación de dudosa legalidad, ya que según medios locales se pagó un sobreprecio excesivo por los mismos y el trámite solo estuvo abierto para esa empresa durante algunas horas.

Los congresistas

El Congreso peruano está dominado por diversas facciones del fujimorismo y por otros partidos que no gozan de apoyo popular. Mientras que el pueblo en las calles reclama el regreso de Castillo y el llamado a una asamblea constituyente, la clase política hace oídos sordos a la espera de que la represión y el cansancio surtan su efecto.

Se esta atacando a los dirigentes sindicales, tal y como sucedió en Colombia, para descabezar las manifestaciones y desestimularlas. Ni siquiera organismos occidentales como Amnistía Internacional, que incluso llega a hablar de ejecuciones extrajudiciales, pueden ignorar la magnitud de la represión.

Mientras tanto, el Estado en manos de los golpistas, sigue otorgando a las multinacionales mineras, concesiones a 30 o más años bajo la ominosa figura del contrato-ley, introducida por Fujimori en 1993, según la cual los contratos firmados no pueden ser modificados por las leyes ni por ningún otro mecanismo democrático.

Entre los parlamentarios golpistas figuran:

La congresista Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, quien luego de varios escándalos de corrupción (por ejemplo, cobró bonos del Congreso estando de licencia, plagió proyectos de ley y su hermano recibió contrataciones ilegales del Estado por montos importantes), se dice logró sacar a flote en su cargo gracias a los “buenos oficios” del antes mencionado funcionario de la Embajada Estadounidense, Justin Davis.

Leidy Camones, del partido profujimorista Alianza Para el Progreso, expresidenta del Congreso con una dudosa reputación y cesada del cargo por tráfico de influencias. En septiembre ya aseguraba que Castillo caería en pocos meses, según audios filtrados a la prensa. Las aseveraciones las haría a Cesar Acuña, de la bancada Avanzada por el Progreso, a quien responde Camones.

Rafael López Aliaga, empresario y político de Renovación Popular, quien ha llegando a amenazar de muerte a Castillo, movilizó todas sus fuerzas en la capital para aprehenderlo.

Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, de Avanza País, e hija del ex-congresista y reconocido fujimorista Roger Amuruz, maneja las comisiones permanentes más influyentes del congreso (relaciones exteriores, transporte y comunicaciones y ciencia, innovación y tecnología).

Diego Fernando Bazan lleva la delantera para obstaculizar cualquier ayuda al mandatario, critica cualquier recurso penal a su favor y llama a desestimar el apoyo internacional que esta recibiendo, implantando la censura de sus argumentos.

Conclusión

Desde el pasado 7 de diciembre, el pueblo en las calles exige el regreso de Castillo y una asamblea constituyente, pero ni a los Estados Unidos ni a la clase política corrupta les parece interesar resolver la situación. Incluso, más bien al imperio le podría interesar mantener un cuadro de aparente ingobernabilidad que justifique una intervención militar del Comando Sur, por ejemplo, bajo el amparo de la OEA.