La Policía Federal (PF) de Brasil cumple hoy cinco órdenes de búsqueda y captura contra el apartado gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, por los actos terroristas ocurridos en el territorio el 8 de enero.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina+

La disposición alcanza también al exsecretario ejecutivo de Seguridad Pública del DF Fernando de Souza Oliveira, a petición de la Fiscalía General y autorizada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Ambos son investigados por la conducta que asumieron como autoridades de omitirse durante la invasión y saqueo en las sedes del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia, por parte de adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro.

Según la defensa de Rocha, la búsqueda será «la prueba definitiva de la inocencia» del cesado gobernador.

Afirma que esa decisión resulta inesperada y que Ibaneis siempre actuó de «manera colaborativa» ante la investigación.

Los fiscales pretenden recopilar evidencia que ayude a aclarar por qué esas autoridades dejaron de adoptar medidas efectivas en Brasilia para evitar la intentona golpista y el vandalismo.

El 13 de enero, De Moraes ordenó investigar las conductas de Rocha y los comandantes de Seguridad durante los actos terroristas.

Adoptada por omisión o negligencia de esas autoridades, inicialmente estarán bajo pesquisa: Rocha, De Sousa Oliveira, Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública del DF que fue ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar del DF.

Cuatro días antes, el propio magistrado decidió apartar del cargo por 90 días al gobernador del DF.

Acogió la determinación dentro del marco de la investigación de los actos antidemocráticos, de la que es ponente, al examinar una solicitud del senador Randolfe Rodrigues y de la Abogacía General de la Unión.

De acuerdo con el letrado, los actos terroristas del 8 de enero solo pudieron tener el consentimiento del gobierno del DF, pues los preparativos eran conocidos.

La escalada violenta de los actos criminales «con depredación del patrimonio público, conforme ampliamente informado por la prensa nacional, circunstancias que solo podrían ocurrir con la anuencia, y hasta participación efectiva, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia», argumentó en su fallo.

Apuntó además que las embestidas contra edificios e instituciones de la República fueron indignas y no quedarán impunes.

Para De Moraes, «los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán responsabilizados, así como los financiadores, instigadores y los anteriores y actuales agentes públicos cómplices y criminales, que continúan en la ilícita conducta de la práctica de actos antidemocráticos».