Historia de los golpes de estado en Bolivia – parte 17

El candidato a la presidencia Max Fernández, denunció a la Embajada de Estados Unidos por utilizar el otorgamiento de visas como arma de chantaje y amenazar con sanciones de cerrar cuentas bancarias y otras medidas.

CAPAC – Por Froilán González y Adys Cupull

XVII.- VIEJOS Y NUEVOS TIEMPOS.

El mismo guion para todos los tiempos.

Las protestas se generalizaron y el 1 de abril de 1992 el embajador de Estados Unidos, Richard Bowers, informó a la prensa que Max Fernández, era propietario de la fábrica más grande de cervezas del país y debía declarar ante la Embajada de dónde había obtenido su dinero y fortuna. Recordó hacía dos años le habían solicitado esa información y no la había proporcionado.

El 6 de junio de 1993 se realizaron las elecciones, donde resultó elegido el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo presidente obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Chicago en 1952, pero según informes posteriores no terminó esos estudios.

Al volver a Bolivia, se inició en el mundo empresarial como productor de cine con la empresa Telecine y en la extracción de minerales con la empresa de servicios petroleros Andrea Geo-Services Limitada, luego creó la Compañía Minera del Sur, (COMSUR), explotando y comercializando minerales en canteras del altiplano boliviano; se comentaba que prefería hablar en inglés porque tenía dificultades para comunicarse en español y no conocía ninguna de las lenguas originarias. Fundó varias empresas dedicadas a las prospecciones petroleras y trabajos de geodesia.

A finales de los años setenta estaba considerado como uno de los más poderosos industriales de las minerías del estaño y el zinc, vinculado a una red de empresa filiales de multinacionales entre las que se destacó la británica Río Tinto Plc.

Fue diputado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, luego Senador y Presidente del Senado. En 1986 fue Ministro de Planeamiento y Coordinación Economía y encargado de aplicar la política del FMI e impuesta por Estados Unidos, de terapia de shock para frenar la galopante hiperinflación.

Para el traspaso de Poder el presidente Jaime Paz Zamora invitó al comandante Fidel Castro, su presencia en tierra boliviana fue un acontecimiento histórico, las muestras de cariño, admiración, respeto y solidaridad fueron masivas, los manifestantes con banderas cubanas y bolivianas rodearon el hotel donde se alojaba, como expresión de solidaridad y velar por su seguridad. La embajada norteamericana protestó enérgicamente y el representante de ese país declaró que estaba bien su llegada para que aprendiera de la democracia boliviana.

En su programa de Gobierno aparecía un amplio plan de reformas para la privatización de las empresas públicas, entre ellas ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, electricidad y la aviación civil. Designó como Ministro de la Presidencia al abogado Carlos Sánchez Berzaín, nacido en 1959, agente CIA, ligado a la mafia cubano americana de Miami y a los contrarrevolucionarios de Nicaragua y Venezuela, completamente colonizado al servicio de Estados Unidos, con ciudadanía de ese país, principal promotor y ejecutor de las privatizaciones en Bolivia, tal como dictaba el FMI.

La política de privatización de empresas estatales fue ampliamente criticada por amplios sectores del país, políticos y economistas de reconocido prestigio. Don Edgar Oblitas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, impugnó esa política y argumentó era violatoria de varios preceptos de la Constitución y no podían ejecutarse.

Ante la actitud del doctor Oblitas, la Embajada de Estados Unidos y la CIA prepararon un operativo a través del Ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, consistente en preparar una operación encubierta e implicarlo en actividades de soborno y corrupción. El 20 de octubre de 1993 se publicó a través de los medios informativos un video donde se presentaba al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo un sobre, supuestamente con dinero de un presunto narcotraficante del cual Estados Unidos, había solicitado la extradición y cuyo análisis se encontraba en la Corte.

El escándalo fue mayúsculo, el Embajador norteamericano aseguró que en Bolivia la justicia fue corrupta y seguía siéndolo, los comentaristas radiales y televisivos al servicio de Estados Unidos magnificaban el hecho y aseguraban como un narcotraficante, (suprimiendo la palabra presunto) entregaba un sobre con dinero (eliminando la palabra presuntamente) para favorecerlo y ocultaron que el video carecía de audio, pero exigían la renuncia del doctor Oblitas y su corrupción fuera debatida en el Parlamento.

Al divulgarse el video, Oblitas lo negó rotundamente y acusó a la Embajada de Estados Unidos y al gobierno boliviano de haber montado un complot contra el Poder Judicial para designar a magistrados dóciles a los intereses de Estados Unidos. La bancada de diputados de Sánchez de Lozada, lo llevaron al Parlamento y el video (sin audio) sirvió para incriminarlo. Lo destituyeron y condenaron a la pena de Infamia y lo inhabilitaron para ocupar cargos o responsabilidades políticas.

La política de privatización se aplicó como demandaban los norteamericanos. Una de esas empresas, fue Cemento El Puente, de la ciudad de Tarija, que formaba parte de la red de la Corporación Boliviana de Fomento, donde era Ministro Samuel Doria Medina, uno de los más entusiastas de aplicar las medidas privatizadoras y vender todas las empresas estatales.

Otra denuncia fue los vínculos de Blake T. Franklin, asesor del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con la compañía norteamericana ENRON, socia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la construcción del gaseoducto a Brasil. Pocos días después el consorcio Multinacional Enron, se adjudicó la transportadora de Hidrocarburos como parte de las privatizaciones. La información levantó las sospechas de corrupción.

Poco tiempo después se conocería la trama de esa conspiración, cuando Andrés Soliz Rada, abogado, periodista, dirigente sindical, profesor universitario, político, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, uno de los más destacados defensores de los recursos naturales, corresponsal de varias agencias internacionales de información, columnista y locutor en radio, prensa y televisión, perteneció a los equipos de redacción de los diarios La Opinión de Buenos Aires, Le Monde de París y la Revista Tiempo de México. Autor de los libros: “La Caracterización de Bolivia y la Contradicción fundamental” (1978), “El Gas en el Destino nacional” (1984), senador y diputado, denunció y probó ante el Parlamento y la opinión pública:

La supuesta filmación a don Edgar Oblitas fue hecha en una casa alquilada por el Ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, al nicaragüense José Antonio Ibarra, quien invitó a Hugo Galindo, acusado de narcotraficante, que aparece en el video, sin audio y filmado por los norteamericanos, en el momento de la entrega de un sobre presuntamente con dinero, pero no se identifica al interlocutor.

Refirió lo sospechoso que, con la tecnología de la Embajada de Estados Unidos, se grabara la supuesta entrevista sin audio. Fracasan en la parte tecnológica, nunca pudieron probar de qué hablaron y el Senado de la República revindicó a Oblitas.

Años más tarde, el Presidente de ese tribunal, Eddy Sandoval Morón dijo que no podía soportar más el cargo de conciencia de lo que había hecho por presión partidaria. La Asamblea de Juristas de Bolivia y el Consejo Latinoamericano de Juristas revindicaron a Oblitas, pero no se pudo revertir la capitalización.

También se conoció que la empresa Cemento El Puente, de la ciudad de Tarija, la había adquirido Samuel Doria Medina, el mismo Ministro que la privatizó y aparecía como el accionista principal. Doria Medina estudió en el Colegio Alemán de la ciudad de Oruro, se graduó en Economía y Administración de Empresas en la Universidad Católica de La Paz, Licenciado en Economía en la Arizona State University de Estados Unidos, con Especialidad en Finanzas Públicas en la London School of Economices de Inglaterra.

Se desempeñó como director de Política Monetaria Bancaria y Crediticia del Ministerio de Finanzas y Ministro de Planeamiento, Jefe del Gabinete Económico (1991-1993) y principal impulsor de privatizar todas las empresas estatales, ocasión en que adquirió a precio prácticamente regalado la Cementera y luego la vendió en 300 millones de dólares, en una de las mayores operaciones bursátiles de la historia de Bolivia.

Como millonario, aumentó sus inversiones en varias empresas, en el turismo y la construcción de edificios de apartamentos y condominios y anunció dedicarse por completo a la política con la finalidad de derrocar a Evo Morales por cualquier vía, aunque tuviera que gastar la mitad de su fortuna y financió campañas de prensa contra la imagen del líder indio.

Con relación al gasoducto, Andrés Soliz Rada, informó que el gaseoducto iba a tener 550 kilómetros aproximadamente en territorio boliviano y 2500 en el brasileño y Brasil propuso construirlo entre Petrogas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pero Sánchez de Lozada dijo que Yacimientos no tenía dinero y Brasil propuso que Bolivia pagara en gas, con la producción, y afirmó:

“Sánchez de Lozada ve que era un gran negocio, trae a la ENRON y retira a Yacimientos Petrolíferos Fiscales del negocio. Pensamos que muchos presidentes, en general, son representantes, voceros de nuestros pueblos frente al imperio, frente a Estados Unidos, pero con Sánchez de Lozada pasó una cosa absolutamente diferente, Sánchez de Lozada es el vocero de Estados Unidos frente a Bolivia. Las relaciones económico financieras que tiene con bancos, con petroleras, con empresas mineras; él es un socio dentro de todo ese esquema económico. Y los socios le exigen al socio Sánchez de Lozada que traiga utilidades.”

Al año siguiente por recomendaciones de la embajada norteamericana fue nombrado Carlos Sánchez Berzaín, Ministro de Gobierno (Interior), para dirigir la lucha contra el narcotráfico.

El 11 de marzo de 1994 el general Luis García Meza fue capturado por la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Sao Pablo. Después de las reclamaciones correspondientes, la Corte Suprema de Justicia de ese país, aprobó la extradición.

Al llegar a La Paz fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Por esos días se recordó que el ex agente de la DEA Mickey Livine publicó el libro The Big White Lie, donde reveló que la CIA participó en 1980 en una conspiración con militares argentinos, grupos nazis y la mafia italiana para realizar el golpe de estado a través del cual el general Luis García Meza asumió el poder.

Carlos Sánchez Berzaín, Ministro de Gobierno, fue denunciado de establecer una estructura en la policía subordinada a los intereses de Estados Unidos, a través de los regimientos que dirigían los coroneles Germán Linares, Edgar Prudencio, Rafael Vargas y el teniente coronel Carlos Barriga, agentes de la CIA y tres de ellos ejecutores del secuestro al doctor Hernán Siles Zuazo.

El comandante general de la policía denunció a la DEA por estar investigando la vida privada de personalidades y altos funcionarios, presuntamente implicados en casos de corrupción y la Embajada de Estados Unidos pagaba sueldos extras a los jefes de la policía, la cúpula militar y fiscales y varios sectores del país exigieron se rindiera cuenta de esa subordinación.

El general Fernando Sanjinés comandante de las Fuerzas Armadas, reconoció públicamente la dependencia económica de Estados Unidos y el Fiscal de la República admitió que el Ministerio Público y los Fiscales de Sustancias Controladas, dependían de los norteamericanos y recibían un plus a sus salarios de la Embajada de Estados Unidos.

El 7 de junio de 1994, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada viajó a Estados Unidos a promocionar la venta de las empresas estatales y prometer combatir el narcotráfico. La bolsa de Valores de Chicago calificó a Bolivia como un país “muy atractivo”.

Un gran escándalo se produjo el 20 de noviembre cuando fue detenida una camioneta de la Embajada de Estados Unidos conteniendo 65 kilos de cocaína. Se denunció que Estados Unidos utilizaba la lucha contra el narcotráfico, con fines políticos, económicos, de espionaje e injerencias en los asuntos internos de Bolivia.

También se denunció como se encontraban con frecuencia, rastros de drogas en aviones de pasajeros y cargas, con destino a Estados Unidos, incautación de envíos y detención de ciudadanos, asesinatos vinculados al narcotráfico, allanamientos de domicilios, secuestro de personas, casas de torturas, violación de acuerdos y tratados, llegada de funcionarios para presionar a las autoridades bolivianas y poner en libertad a ciudadanos norteamericanos.

Se dijo que aviones de Estados Unidos trasladaban drogas desde Bolivia, vía Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y México. Se denunció pactos entre narcotraficantes económicamente poderosos e influyentes, con la CIA y la DEA, a cambio de grandes sumas de dinero, ofrecer falsos testimonios contra inocentes que afectaban intereses norteamericanos.

Los medios informativos recordaron el asesinato en la hacienda Huanchaca del naturalista y reconocido científico Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes. La DEA conocía la existencia de narcotraficantes en el lugar, pero no habían informado a las autoridades bolivianas, protegió a los involucrados, se negó a proporcionar informaciones y cuando la comisión parlamentaria investigaba el crimen y exigió la expulsión de los funcionarios de la DEA vinculados con el caso, se descubrió que 11 de ellos y 170 militares norteamericanos, tenían rango diplomático y gozaban de inmunidad.

Los investigadores aportaron documentos donde la CIA y la DEA financiaban a los contras nicaragüenses con dinero del narcotráfico y una de sus fuentes principales, era la fábrica de cocaína de Huanchaca. La Comisión de Lucha contra el narcotráfico, convocó al ex representante de la DEA en Bolivia, el mexicano Jesús Gutiérrez, Estados Unidos rechazó el pedido y atentó contra la labor de esclarecer el asesinato.

Ante las denuncias y las evidencias, la Embajada de Estados Unidos finalmente admitió conocer la existencia de la fábrica y que entre los bienes incautados se encontraba un avión, propiedad de esa Embajada. Un ex agente de la DEA, reveló que la fábrica de drogas Huanchaca era uno de los mayores laboratorios de elaboración de cocaína en Bolivia para financiar operaciones encubiertas de Estados Unidos y la CIA.

En agosto de 1994 Estados Unidos, a través del Ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín presionaba para militarizar y ocupar la zona del trópico de Cochabamba, los campesinos protestaron, las tropas realizaban allanamientos, robaban gallinas y animales domésticos, ofendían a las mujeres, las golpeaban y reprimían brutalmente para aterrorizarlas y abandonaran el lugar, como respuesta se movilizaron para una marcha de protesta hacia La Paz y denunciar los planes gubernamentales de someterse a las exigencias norteamericanas.

Algunas fuentes en Bolivia sostienen que la solicitud de los norteamericanos a Gonzalo Sánchez de Lozada de nombrar a Carlos Sánchez Berzaín, al frente del Ministerio de Gobierno, fue con el fin de colaborar en la utilización de la droga de Bolivia para financiar a los contras nicaragüenses.

Los cocaleros emprendieron la Marcha, por la Vida, la Coca y la Dignidad, dirigida por Evo Morales como máximo dirigente de los campesinos y cocaleros, dispuestos a recorrer más de 600 kilómetros entre Cochabamba y La Paz. La Marcha fue atacada por la policía desde el comienzo, sin embargo, la población salía a las carreteras y las calles para alentarlos y ofrecerles agua, refrescos, jugos, comidas, ropas y zapatos.

Cuando llegaron a La Paz fueron aplaudidos por la población. Las autoridades se vieron obligadas a aceptar algunos acuerdos y convenios. La lucha de los cocaleros y su marcha se difundió por el mundo. Una vez que regresaron, las autoridades desconocieron los acuerdos y enviaron a los militares y policías para reprimirlos.

Continuará…

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