El enfrentamiento entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido por las vacunas contra la Covid-19 volvió a mostrar la cara menos amable del Brexit un mes después de concretada la ruptura.

CAPAC – por Néstor Marín / tomado de Prensa Latina

Primero fueron 11 meses de duras negociaciones y acusaciones mutuas hasta lograr a finales de diciembre pasado un acuerdo comercial que conjuró, ‘in extremis’, la amenaza de un divorció en malos términos.

Luego vendrían las quejas y las protestas de los exportadores británicos de mariscos y carnes por el nuevo papeleo que deben rellenar los transportistas desde el 1 de enero para poder entrar al continente, ya que además de tiempo, pierden dinero por la descomposición de los productos.

La negativa del gobierno del primer ministro, Boris Johnson, a conceder al representante del bloque europeo el mismo estatus diplomático que otorga al resto de los embajadores extranjeros en Londres, fue otro eslabón en la cadena de desencuentros entre los antiguos aliados.

Ahora llegó el turno a las vacunas contra la Covid-19, luego de que la UE entró en disputa con la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca por el presunto incumplimiento de un contrato firmado para el suministro de unos 100 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada junto con la Universidad de Oxford.

La transnacional anunció que por problemas en la línea de producción se vería obligada a reducir en un 60 por ciento la cantidad pactada con el bloque para el primer trimestre del año, y en represalia, la Comisión Europea decidió controlar a partir de ahora las exportaciones de las vacunas producidas dentro de su territorio.

La medida hizo saltar las alarmas en el Reino Unido por la posible afectación a los suministros contratados por el gobierno británico con la farmacéutica estadounidense Pfizer, que tiene una de sus plantas productoras en Bélgica, pero las cosas pasaron a mayores tras la inclusión de Irlanda del Norte en la prohibición.

En virtud del llamado Protocolo para Irlanda del Norte que se incluyó en el tratado del Brexit, ese territorio británico mantendrá sus fronteras abiertas con la vecina República de Irlanda y seguirá dentro del mercado único europeo, pero existe una cláusula que permite a una de las partes adoptar salvaguardas en caso de dificultades graves en el terreno económico, social o medioambiental.

Johnson telefoneó de inmediato a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para expresarle su preocupación y alertarla del potencial impacto que tendría esa medida en las ya de por sí maltrechas relaciones bilaterales post-Brexit.

El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, también elevó una queja a la jefatura del bloque, ante el temor de que la decisión eche por tierra el Protocolo, considerado uno de los puntales del acuerdo de paz que puso fin al sangriento conflicto norirlandés en 1998.

Ante la avalancha de críticas, que incluyó por igual a los unionistas y a los independentistas de Irlanda del Norte, y hasta al obispo de Canterbury, la UE optó por excluir a Irlanda del Norte del mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas, y la marcha atrás fue de inmediato considerado por la prensa británica como una victoria de Londres sobre Bruselas.

La jefa del gobierno norirlandés, Arlene Foster, incluso instó a Johnson a reemplazar el Protocolo, tras calificarlo de «inaplicable» y considerar que en lugar de paz y armonía, traerá más dificultades en el futuro.