El expresidente de Bolivia Evo Morales criticó hoy a opositores que buscan apoyo en gobiernos extranjeros y destacó la conducta soberana de la democracia en su país por contar con el apoyo de las mayorías.

CAPAC – Prensa Latina

‘La democracia se ejerce con soberanía’, escribió Morales en su perfil en Twitter, y señaló que esos derechos tratan de ser minados por ‘fracasados defensores de políticas neoliberales’.

El líder del Movimiento al Socialismo se refirió así a quienes mediante el gobierno de Colombia pidieron una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) sobre el tema de la reelección indefinida que le permitió presentarse como candidato a las elecciones de 2019 por cuarta ocasión consecutiva.

Entonces, la postulación de Morales fue validada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, quien amparó su decisión en que la reelección indefinida es un derecho humano de acuerdo a lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, documento también conocido como Pacto de San José.

La consulta solicitada por Colombia busca que esa corte determine la validez del referido argumento, acto que rechazan las autoridades bolivianas, de otros países.

Morales también cuestionó el dictamen, aun en preparación, de la Corte-IDH, instancia de la Organización de Estados Americanos, al considerarla carente de valor vinculante ni retroactivo.

Recordó en la red social que Colombia viola los derechos humanos de sus ciudadanos y rechazó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias de represión, asesinatos y violaciones perpetradas por las fuerzas del orden contra manifestantes pacíficos desde hace más dos meses.

En cambio, acotó, los bolivianos, en apego a sus leyes, sufrieron persecución política, fueron privados del ejercicio de sus derechos y objeto de un golpe de Estado que les robó la vitoria en las elecciones de 2019, donde como candidato del MAS fue electo para un nuevo mandato presidencial.

El Pacto de San José, firmado en 1969 en la capital de Costa Rica, establece como un derecho político la posibilidad de ser elegido en condiciones de igualdad a las funciones públicas de un país.

Ese ejercicio solo puede ser reglamentado en atención a ‘razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal’.