El informe continúa el doble rasero generalmente aplicado por las instituciones y organizaciones de derechos humanos de América del Norte y Europa. En general, prácticamente todos los informes sobre Nicaragua de instituciones y organizaciones internacionales de derechos humanos no verifican la información que respalda sus afirmaciones falsas, omiten hechos inconvenientes para sus hallazgos y afirman que actúan de manera transparente, a la vez que no reconocen versiones rivales de los hechos.

CAPAC.- por Stephen Sefton, tomado de Telesur

En general, prácticamente todos los informes sobre Nicaragua de instituciones y organizaciones internacionales de derechos humanos no verifican la información que respalda sus afirmaciones falsas, omiten hechos inconvenientes para sus hallazgos y afirman que actúan de manera transparente, a la vez que no reconocen versiones rivales de los hechos. Hacen un uso altamente selectivo de las fuentes disponibles y evitan sistemáticamente la corroboración genuinamente independiente de sus acusaciones. Buscan verificarlas solamente con fuentes que padecen de las mismas fallas metodológicas de ellos. Este más reciente informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU comparte todos estos defectos irremediables.

Vale la pena señalar que, en una entrevista en junio de 2021, el Canciller nicaragüense Denis Moncada reclamó: «Vemos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos siempre está informando de manera distorsionada, sin objetividad, y aunque hemos enviado constantemente nuestros informes, ignora lo que Nicaragua le informa y se queda con lo que dice Estados Unidos, que es acusar y usar mentiras y falsedades contra Nicaragua.”

Este último informe de un equipo con una larga asociación con la Organización de los Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirma las declaraciones del Canciller Moncada. Es de mala fe la afirmación del grupo de expertos de que invitó a las autoridades nicaragüenses a presentar información, dado el reiterado fracaso de sus predecesores en la ONU de hacer un uso justo del material presentado por el gobierno nicaragüense.

De hecho, el informe continúa el doble rasero generalmente aplicado por las instituciones y organizaciones de derechos humanos de América del Norte y Europa. Inventan o exageran enormemente las preocupaciones sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela y otros países atacados por las clases dominantes estadounidenses y sus homólogos de la OTAN. Pero minimizan, ningunean e incluso ignoran las serias preocupaciones sobre países aliados estadounidenses como Chile o Colombia y otros, incluido el propio Estados Unidos.

Una cuestión fundamentalmente importante es que el informe disponible se refiere constantemente a lo que llama un «informe ampliado» sin hacer que ese informe supuestamente más detallado esté disponible de forma general. Esta estratagema falsa hace imposible que los investigadores independientes hacen el trabajo necesario para evaluar y averiguar los detalles de las acusaciones infundadas del informe disponible. La publicación adelantada de un resumen del informe completo perjudica de antemano a Nicaragua en relación a la opinión mundial. Es evidente que la mayoría de la opinión mundial no estará interesada o se resistirá en gran medida a cualquier examen honesto de la información que pueda o no hacerse pública en lo que el grupo de expertos llama su «informe ampliado».

El informe disponible:

– afirma falsamente que las protestas iniciales de los días 19, 20 y 21 de abril de 2018 no involucraron ataques extremadamente violentos bien organizados por parte de cientos de activistas de la oposición, a menudo bien armados

– no ofrece una explicación creíble de cómo, entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018, 400 policías sufrieron heridas de bala, 22 agentes fueron asesinados y cómo más de 60 partidarios sandinistas fueron asesinados con muchos cientos de simpatizantes sandinistas heridos

– omite el testimonio de los cientos de víctimas de la violencia y los abusos de la oposición

– repite, sin corroboración independiente y confiable, acusaciones y reclamos de partidarios y miembros de la oposición política y organizaciones no gubernamentales locales financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y sus satélites no gubernamentales

– omite informes creíbles y testimonios confiables que contradicen esas acusaciones falsas

– suprime las pruebas presentadas reiteradamente por las autoridades nicaragüenses que contradicen esas falsas acusaciones

– elude el deber de los autores de tomar nota de las otras versiones de los eventos sobre los que informan y su deber de explicar por qué descuentan o descartan esas versiones

El informe hace muchas acusaciones falsas

– las manifestaciones del 18 de abril de 2018 en adelante fueron pacíficas pero fueron atacadas por la policía

– la policía y simpatizantes sandinistas armados cometieron asesinatos extrajudiciales de decenas de personas

– el ministerio de Salud ordenó a los trabajadores de la salud que no atendieran a los partidarios de la oposición heridos

– el Instituto de Medicina Legal discriminó a los familiares de las víctimas de la violencia de la oposición y les negó el servicio

– partidarios de la oposición sufrieron arrestos arbitrarios y se les negó el debido proceso

– Nicaragua ha provocado una crisis de refugiados en Costa Rica

– las marchas y manifestaciones están prohibidas (de hecho son permitidas siempre y cuando cumplen con las normas para asegurar la indemnización de daños que podrían resultar del evento)

El informe hace innumerables omisiones de evidencias disponibles abiertamente en el internet que contradicen sus afirmaciones. Este enlace contiene algunos ejemplos de los informes y las entrevistas relevantes. La omisión más grave es cualquier referencia a los ataques de cientos de partidarios de la oposición durante los días 19, 20 y 21 de abril, incluido el uso de armas de fuego y cócteles molotov en Managua, León, Masaya, Chinandega, Jinotepe, Diriamba, Granada, Estelí y otros lugares. Los medios locales publicaron extensa cobertura de esta serie de incidentes. Asimismo, el informe omite mencionar los ataques armados documentados contra comisarías de Masaya, Jinotepe, Nagarote, Mulukuku, Morrito, El Cuapa, El Coral, El Morrito y Puerto Príncipe, entre otros.

Otra omisión notable es una discusión adecuada sobre cómo el informe del grupo de expertos en 2018 explica los daños y pérdidas económicas masivas sufridas como resultado directo de la violencia de la oposición durante su fallido intento de golpe de Estado. Los daños a instituciones del Estado y municipios sumaron a US$206,5 millones. 53 edificios fueron destruidos, 203 edificios fueron dañados. 1.416 vehículos y máquinas grandes resultaron dañados o destruidos. Se dañaron, destruyeron o robaron 18.165 artículos de maquinaria y equipo de oficina. 18 instituciones gubernamentales, autoridades municipales y 3 universidades reportaron daños y destrucción en sitios del patrimonio cultural. El informe del grupo de expertos omite por completo esta información, aunque está disponible en declaraciones gubernamentales e informes de los medios de comunicación.

Cualquier persona que conoce Nicaragua, o que siga de buena fe los medios nacionales e internacionales sobre el país, estará al tanto de esta información y sus respectivas fuentes. Pero el informe del grupo de expertos, como todos los informes anteriores de derechos humanos procedentes de Estados Unidos y Europa sobre Nicaragua, parece haber limitado su investigación casi por completo a fuentes que apoyan abiertamente la oposición violenta que promovió el golpe de Nicaragua. Este intento de golpe fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y por gobiernos de la Unión Europea. Casi todas las fuentes citados por el grupo de expertos apoyan no solamente a los promotores del fallido intento de golpe de Estado de 2018, sino también a los esfuerzos posteriores de estas mismas personas para continuar desestabilizando la economía de Nicaragua y derrocar a su gobierno electo.

Del mismo modo, las escandalosas acusaciones de tortura sistemática y malos tratos a presos se contradicen con las repetidas encuestas de opinión que indican la fe y la confianza de la población nicaragüense en las instituciones del país y su abrumador apoyo al gobierno. La empresa encuestadora de M&R, altamente respetada a nivel regional, tiene el mejor historial de predicción con respecto a Nicaragua de cualquiera de las empresas de encuestas de opinión locales o regionales en América Central. M&R ha producido una serie de encuestas, muchas de las cuales están disponibles en este enlace y que hacen parecer ridículas las falsas acusaciones del grupo de expertos de la ONU.

Lo mismo ocurre con los resultados electorales repetidos desde 2018, a saber, las elecciones regionales del Caribe de marzo de 2019, las elecciones nacionales de 2021 y las elecciones municipales locales de 2022. El FSLN ganó todas estas elecciones, que tenían una alta participación de votantes, con fuertes mayorías y un patrón consistente de apoyo a los partidos políticos de oposición que obtenían apoyo electoral de un poco mayor del 30 % de la votación. Ese patrón ha persistido en todas las elecciones celebradas desde 2011. Por lo tanto, tanto la empresa de encuestas regionales más precisa como el propio pueblo nicaragüense demuestran repetidamente un apoyo masivo a su gobierno, contradiciendo implícitamente las escandalosas acusaciones del Grupo de Expertos de la ONU que retratan a Nicaragua como una dictadura represiva.

Un tema constante en el informe del Grupo de Expertos es la afirmación de que el gobierno nicaragüense ha «instrumentalizado» el sistema legal del país con fines políticos para atacar a la oposición política legítima. De hecho, las autoridades nicaragüenses simplemente han aplicado la ley para enjuiciar a los delincuentes responsables de organizar, financiar o llevar a cabo actos de terrorismo, como se documenta en muchos de los enlaces adjuntos. El propio grupo de expertos ha politizado y armado el sistema de derechos humanos de la ONU para atacar a Nicaragua.

Esencialmente, en Nicaragua o en cualquier otro país atacado por las clases dominantes occidentales y los gobiernos de los cuales son las dueñas, la pregunta es a quién creer. Por un lado, los Estados Unidos, sus aliados y su aparato institucional, mediático, académico y de ONG sugieren que Nicaragua es un Estado fallido, una dictadura cuyas autoridades son despiadadas y sádicas y gozan de muy poco apoyo popular. Por otro lado, todos los indicadores disponibles del mundo real indican que Nicaragua tiene una economía exitosa y una sociedad optimista, con un gobierno que tiene masivo apoyo popular. Ahora, este informe falso de la ONU se utilizará para justificar medidas económicas y comerciales para dañar la economía de Nicaragua y el bienestar de su pueblo, tal como se han utilizado similares informes falsos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el pasado, buscando destruir a otros países, desde Libia hasta Siria y Venezuela, e incluso a la Federación Rusa.