El gobierno argentino continúa sin animarse a definir la retención del avión venezolano, demostrando una fragilidad tremenda en su política exterior ante el Departamento de Estado norteamericano y sin utilizar los mecanismos que permitan restituir el avión a Venezuela.

CAPAC – fuente Página12

La Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación de la DAIA y la Fiscalía y confirmó que no hay evidencias de financiamiento al terrorismo de los tripulantes iraníes y venezolanos. También restituyó el avión. La nave sin embargo, seguirá retenida en Buenos Aires debido a un pedido de EE.UU. El laberinto geopolítico.   

La Cámara Federal de La Plata confirmó la falta de mérito para tres iraníes y dos venezolanos, tripulantes del avión de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022. Los magistrados Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias sostienen que no hay evidencia de que los iraníes y venezolanos hayan realizado actividades que, de últimas, sirvieran para financiar al terrorismo. Los camaristas confirmaron la autorización de los tripulantes para irse del país -cosa que ya hicieron en octubre pasado- y en el fallo también restituyen el avión a la empresa venezolana. Ese paso no se concreta porque hay un pedido de la justicia norteamericana para incautar el aparato por una norma del Departamento de Comercio de Washington: los bienes fabricados en Estados Unidos no pueden ser transferidos sin autorización norteamericana y ya se sabe que tanto contra Irán como contra Venezuela rige un embargo. De manera que los camaristas liberan el Jumbo, pero advierten que está el litigio con Washington.

La fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, había apelado la decisión del juez Federico Villena de dictar la falta de mérito para iraníes y venezolanos esencialmente en base al hecho de que no hubo ningún delito del qué acusarlos. El Jumbo llegó al país trayendo autopartes de Volkswagen desde México y en las dos inspecciones que se realizaron al 747 no se encontró absolutamente nada. Aún así, la DAIA, en representación de la dirigencia de la comunidad judía, se presentó en el expediente y acusó a la empresa y la tripulación por supuesta complicidad con el terrorismo. Al no haber ninguna prueba, el juez autorizó a los últimos tripulantes, tres iraníes y dos venezolanos, a dejar la Argentina. La fiscal y la DAIA apelaron y ahora la Cámara Federal ratificó lo decidido por el magistrado, beneficiando a Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohhammadi, Saied Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario José Arraga Urdaneta.

Los camaristas sostienen, en un fallo de 17 páginas, que los dos iraníes participaron de vuelos entre Teherán y Damasco en los que supuestamente se habrían transportados armas y componentes militares para entregar a la organización libanesa, pro-iraní, Hezbollah. Fue durante la época de los intensos combates entre Hezbollah e Israel. Pero en el texto, se dice que no hay delito en la Argentina. La única posibilidad, menciona el fallo, es que la carga de autopartes haya sido un plan de recaudación de dinero para financiar el terrorismo. En ese marco, Lemos Arias y Vallefín realizaron un análisis de los pagos y transferencias de las distintas sociedades que participaron de los contratos por el vuelo entre México, Caracas y Buenos Aires. La conclusión es que quien más rédito sacó fue una sociedad llamada Zorex USA, que incluso parece haber manejado parte de la operación porque pagó a Axion de Uruguay el combustible -106.000 dólares- que se iba a cargar en Montevideo dada la negativa de las empresas argentinas a proveer de combustible al avión venezolano-iraní. Pero, justamente, el fallo menciona que no hay elementos que acrediten que el vuelo del 747 haya tenido relación con el financiamiento del terrorismo.

El dirigente del partido Miles, Luis D’Elía, dio a conocer el fallo señalando que “la justicia argentina dictó hoy la falta de mérito en favor de los pilotos iraníes, que tuvieron que soportar cinco meses de escarnio público acusados falsamente de terrorismo”. D’Elía -un habitual aliado de Irán- acusó al sionismo internacional de estar detrás de las imputaciones. En realidad, el fallo no absuelve, ordena continuar con la investigación, algo casi imposible transcurrido casi un año del aterrizaje. En 12 meses no se encontró ni una sola evidencia de delito y parece evidente que se trata de un expediente de política y presiones internacionales.

La cuestión pendiente ahora es lo que sucede con el Jumbo en sí mismo. Es una aeronave antigua y que no tiene rentabilidad, salvo para un país como Venezuela que tiene el combustible a un valor insignificante. No obstante, el juez federal de Columbia, Randolph Moss, ordenó el decomiso definitivo del Jumbo por violar la norma del Departamento de Comercio por la que se exige autorización norteamericana para transferir un aparato fabricado en ese país. Como la iraní Mahan Air le vendió el Jumbo a Emtrasur -empresa estatal venezolana- la justicia norteamericana alega que se hizo sin permiso y, por lo tanto, elude además las normas del bloqueo político establecido por las administraciones de Estados Unidos.

El gobierno argentino ya le pidió más aclaraciones al juez Moss y parece evidente que no tomará ninguna determinación. Difícil que se lance a un conflicto con Venezuela y tampoco querrá un choque con Washington. Todo indica que esto quedará para después de diciembre, en esencia porque poco tiene que ver con cuestiones judiciales y sólo es parte de los choques políticos mundiales.