Las medidas de ajuste impuestas por el FMI al Ecuador y aplicadas por la presidencia de Lenin Moreno, derivaron en un real levantamiento popular contra el gobierno, a continuación una crónica que describe plenamente la situación que se vive hoy en el país sudamericano.

Por Sol Fransoi y Fernando Fontenla, desde Ecuador Senda Guevarista

El pasado viernes 27 de septiembre, en una entrevista mediática, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunció que la semana próxima el gobierno implementaría una serie de medidas económicas, y se remitió a la ciudadanía apelando a su comprensión y sacrificio. Dichas medidas se orientan a disminuir el déficit fiscal a los niveles acordados con el FMI (2.000 millones de dólares) durante las negociaciones entabladas durante el 2018, como garantía para un nuevo reembolso de deuda equivalente a 250 millones de dólares.

Las medidas de ajuste fueron anunciadas finalmente el miércoles 2 de octubre. Una reforma laboral y fiscal regresivas, rebajas impositivas sobre productos importados y aprobación del Decreto 883 con el cual se liberaliza (o suprime) los subsidios a los precios de los derivados de los hidrocarburos (combustible), constituyen las principales medidas económicas que integran lo que el pueblo ecuatoriano ha denominado «el paquetazo».

Estas medidas afectan significativamente a los sectores populares, fundamentalmente si tenemos en cuenta el impacto que acarrea un proceso inflacionario en el marco de una economía dolarizada. Por un lado, el aumento del precio del combustible afecta directamente al bolsillo de los ecuatorianos, no sólo en lo que respecta a la movilidad (el transporte público aumenta de 0,25 a 0,40 centavos de dólar), sino también al traducirse en un aumento en el precio de los bienes que integran la canasta básica. Por el otro, la implementación de la reforma laboral representa para estos sectores un retroceso en materia de derechos sociales y laborales, ya que la misma se orienta a reducir los costos fijos de producción a costa de la clase trabajadora, mediante la promoción de formas precarias de contratación y de flexibilización laboral: por un lado, se restablece el contrato a plazo fijo por un año, el teletrabajo, el tiempo a prueba para contratos a plazo fijo; por el otro, se introducen nuevas formas de contratación precarias y reformas en la contabilización de las vacaciones con lo cual se reducen de 30 a 15 días anuales para empleados públicos. Adicionalmente, se plantea disminuir aún más la «masa salarial del gobierno», con lo cual de aquí a fin de año se sumarían unos 28.000 despidos,  a los 23.000 despidos del sector público ya efectivizados durante su mandato. Hay que tener presente los desafíos que implican estas medidas para los trabajadores públicos del Ecuador, ya que este sector ¡tiene prohibida la sindicalización!

En las jornadas previas al anuncio del paquetazo, pobladores de localidades de las provincias del Carchi y Bolívar se movilizaron en repudio a la crisis económica y la falta de empleos que sufren desde el año 2014, por la caída de la producción y del precio internacional del petróleo, y que se ha agudizado en los últimos meses. Los manifestantes se movilizaron exigiendo al gobierno trabajo e inversiones en obras públicas, lo que a dicha situación ya complicada, el gobierno nacional sumó con un paquetazo antipopular.

Este agitado preludio de movilizaciones devino en «Paro Nacional» luego del anuncio de las medidas el día 2 de octubre. El primer gremio que alzó la voz frente a las medidas antipopulares fue el de los transportistas, directamente perjudicados por el Decreto N° 883 y el aumento del precio de la gasolina. La medida de fuerza fue definida por todas las federaciones de transportistas del país, que se dieron cita el mismo día en que se anunció el paquetazo, y que iniciaron el paro a partir de las 00hs del jueves 3. La medida sería acompañada de cortes de vías en todo el territorio.

La situación económica ya se encontraba en una recesión, pero hasta la fecha no se habían generado movilizaciones en contra del modelo neoliberal que perfila el gobierno desde que asumió. El «paquetazo» fue la gota que colmó el vaso, y casi sin mediar diálogos, ni esbozar advertencias de parte de las organizaciones sociales, rápidamente adhirieron a la medida diferentes sectores sociales trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas convirtiendo al inicial paro de transportistas en un Paro Nacional que comenzó con multitudinarias manifestaciones en las calles de distintas ciudades del país y que continúa en pie de lucha hasta el día de hoy,  a pesar de que el sector de transporte haya levantado la medida luego de negociaciones, no muy claras, con el gobierno Nacional. Es la primera vez en más de una década que el Ecuador reúne en sus calles a sectores tan heterogéneos unidos en un sólo reclamo: «¡No al paquetazo!».

En estado de excepción

La jornada del jueves 3 estuvo marcada por el corte de vías a nivel nacional y movilizaciones locales en todo el territorio Nacional. La paralización de actividades se hizo más fuerte en el interior del país, y en las grandes ciudades, como Quito y Guayaquil, se realizaron movilizaciones multitudinarias violentamente reprimidas. En Quito particularmente, las movilizaciones fueron masivas, con varios frentes de marchas que confluían hacia el centro de la ciudad, protagonizadas sobre todo por estudiantes, sindicatos, organizaciones de izquierda y vecinos colmados de indignación. También se montaron barricadas y realizaron movilizaciones en repudio en los barrios de la ciudad.

A unas diez cuadras de la Plaza Grande o de la Independencia, donde se ubica el Palacio de Gobierno «Carondelet», se montó un fuerte operativo policial que reprimió duramente a los manifestantes que marchaban hacia el simbólico e histórico de centro de expresión popular. Frente a la conmoción social y en un acto de cobardía característico de los gobernantes frente a estas coyunturas, Lenin Moreno se trasladó a Guayaquil, desde donde decretó el «Estado de Excepción», que restringe las libertades de manifestación, reunión y circulación luego de las 20 horas.

El «Estado de Excepción» se decretó para los próximos 6 meses. Se trata de un gobierno acorralado, totalmente deslegitimado, que toma medidas antipopulares apoyadas públicamente por el propio FMI. Protegido por un importante cerco mediático, se reprime duramente a la población, mientras se tacha de terrorista y desestabilizadores a quienes se movilizan.

En las comunidades y ciudades intermedias de Ecuador también hubo represión. Ya se contabilizan dos muertos indígenas. Los enfrentamientos han sido duros, en Guayaquil también se registraron saqueos y represión sumamente violenta.

La ultraderecha, que tiene amplias posibilidades de ganar las próximas elecciones, toma una postura oportunista: por un lado, los partidarios de Nebot (ex alcalde de Guayaquil) se posiciona como «defensor del bolsillo de los ecuatorianos», denunciando el aumento de combustibles y del precio de los pasajes; por otro lado, Lasso (otro candidato de la oligarquía ecuatoriana) con un mensaje crítico sobre el gobierno por no haber tomado estas medidas con anterioridad, intenta generar un consenso entre la población y ganar adeptos.

En la contienda, el presidente Lenin Moreno, a través del control de los medios, criminaliza la protesta social y lanza mensajes de amenazas contra los manifestantes, enfatizando que de ninguna manera derogará las medidas anunciadas y recrudeciendo su discurso y prácticas represivas. Para el día sábado 5, se contabilizaron más de 350 detenciones y el intento de procesamiento de algunos, con causas por terrorismo.

La esperanza viene marchando

Durante la jornada del viernes 4 las distintas federaciones y organizaciones que integran el movimiento indígena del Ecuador acordaron iniciar una marcha desde los diferentes puntos y rincones del país hacia la ciudad de Quito, donde se planea articular y  sostener una jornada de lucha para el día 9 de octubre. El sábado 5 iniciaron su caminata hacia la ciudad capital y han venido enfrentándose a las fuerzas represivas en diferentes puntos del trayecto. Por otro lado, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha declarado el «Estado de Excepción» en los territorios indígenas, indicando que «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a justicia indígena», algo que ha venido sucediendo de hecho desde el primer día de movilización en diferentes territorios donde se retuvieron a miembros de las fuerzas represivas del Estado como en Otavalo, en Lasso, en Bolívar, etc.

En ese sentido, la ciudad de Quito se prepara para la llegada masiva de indígenas con entusiasmo y dinamismo. Se han generado redes de solidaridad y centros de acopio donde se colectan alimentos, agua, abrigos y capas para la lluvia para abastecer a quienes vienen marchando hacia la ciudad. Se han establecido más de 10 centros de acopio y dos espacios para cocinar para los manifestantes.

El domingo por la noche se vieron tanques de guerra circulando por el centro de la ciudad, con una clara intención de amedrentamiento. Desde las organizaciones de la ciudad se espera mantener la movilización y la protesta en las calles hasta el día miércoles, cuando, junto con el movimiento indígena se organice una gran movilización popular para exigir el retroceso de las medidas del gobierno, y por qué no, la destitución del mismo.