Docentes de Ecuador protagonizaron hoy un plantón en las afueras del Ministerio de Educación en rechazo a la militarización impulsada por el presidente Daniel Noboa, lo cual en su opinión no soluciona la inseguridad.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina

Unos 150 profesores de 21 universidades del país, de Europa y Estados Unidos firmaron un comunicado en repudio a la declaratoria de conflicto armado interno que posibilita la presencia y los operativos de las Fuerzas Armadas en las calles.

El proceso de militarización que buscaría contrarrestar la violencia delincuencial rebautizada como «terrorista», genera más violencia de la que pretende combatir, señala el manifiesto.

De acuerdo con los profesionales, resolver la inseguridad no pasa por armarse, sucumbir a la arbitrariedad y al irrespeto a los derechos humanos, mientras se justifica el expolio de la naturaleza, la explotación laboral y los recortes sociales.

Las soluciones complejas que necesitamos pasan por exigir otras políticas y otros enfoques que nos permitan recomponer los vínculos, también desde la educación, señalaron.

El manifiesto cuestiona también la incursión policial en la embajada de México.

Ese hecho -afirman- demuestra que el gobierno ha tomado la militarización y la fuerza represiva como única salida, y eso se ha diseminado en territorios que resisten a la minería, en barrios populares y comunidades, y afecta principalmente a personas empobrecidas y racializadas.

También criticaron la consulta popular propuesta por Noboa y que tendrá lugar el próximo 21 de abril, un procedimiento que “busca radicalizar esta situación con preguntas que refuerzan aún más la militarización de la sociedad y que precarizan la vida de los trabajadores”.

“No a la militarización, sí a la educación” fue la consigna repetida por el grupo de docentes que este lunes se congregaron en Quito.

Hace 100 días el presidente Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno en el país como forma de enfrentar a las bandas delincuenciales que catalogó como terroristas.

Esa medida, acompañada de la recién finalizada declaratoria de estado de excepción, dejó más de 13 mil detenidos en medio denuncias de violaciones de derechos humanos.

El Gobierno asegura que las muertes violentas se redujeron, sin embargo, continúan las noticias sobre masacres, extorsiones y otros delitos.