Listados con nombres de cientos de personas “desaparecidas” circulan en las redes sociales tras las manifestaciones del 11 de julio. También hay detenidos “incomunicados”, según se dice en esas listas. ¿Qué procedimientos se cumplen luego de ser detenido un ciudadano? ¿Cómo deben actuar los órganos encargados de estos procesos? ¿Hay desaparecidos en Cuba?

CAPAC- Tomado de Cubadebate/ Foto: Yamil Lage/ AFP.

“En Cuba no existen personas desaparecidas”, ni relacionadas con los hechos del 11 de julio, ni con ningún otro caso, aseguró el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.
Al intervenir este martes en el programa televisivo Hacemos Cuba, Álvarez Valle hizo alusión a la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual la Isla es firmante. En su artículo 2, se define: «A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».

“Nosotros tenemos como principio de la Revolución, y es lo que caracteriza también la actuación de nuestras autoridades, el derecho a la vida, a la libertad, la preservación y la seguridad de las personas”, enfatizó el Coronel.

Aunque la “desaparición forzada” no está calificada en el ordenamiento jurídico cubano como un delito, “sí existe un grupo de figuras que abarcan y sancionan a los comisores de estas acciones en los casos que se compruebe que alguna persona ha ejercido la desaparición forzada de otros”, explicó.

Álvarez Valle subrayó que en las dependencias del Ministerio del Interior no hay ningún establecimiento secreto para el procesamiento de personas. “No existe en Cuba un lugar donde usted pueda llevar a un detenido fuera de los procedimientos y de las cuestiones que están establecidas en la Ley”.

¿Qué ocurre cuando una persona es detenida? José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, aclaró que a la detención de una persona le precede una denuncia, es decir, “la actuación de la autoridad es legítima a partir de que se conoce de la posible comisión de un hecho delictivo”. También están aquellos que son capturados infraganti.

Cuando una persona es conducida a una unidad policial, lo primero que se hace es registrarlo en un libro, que recoge sus datos, dónde y por qué fue detenida. El “acta de detención” es firmada por el propio detenido. “Quiere decir que la persona está conociendo desde el primer momento el motivo por el cual está siendo conducida”, acotó el Coronel Víctor Álvarez Valle.  .
Luego de eso, prosiguió, en las primeras 24 horas de la primera declaración se puede determinar, en caso de que el delito sea leve, poner en libertad al detenido y si es un hecho de mayor gravedad, se pasa a los órganos de investigación criminal, los que practicarían el curso de la investigación.

En las primeras 24 horas la familia generalmente conoce dónde se encuentra el detenido. “El Ministerio del Interior tiene un sistema automatizado, entrelazado entre todas las unidades, un sistema de atención e información a la población donde se asienta cada una de las personas que están detenidas”.

En el caso de los detenidos vinculados con las manifestaciones del 11 de julio, Álvarez Valle aseguró que a todas las familias se les ha informado sobre su situación, “han concurrido a los lugares, se les ha dado atención y han entregado pertenencias personales como aseo, incluso medicamentos para aquellos que tienen determinados padecimientos”.

El jefe de departamento en la FGR destacó que la presencia de la Fiscalía en los procesos penales, que ocurre desde que estos comienzan, “contribuye a controlar la investigación y nos permite asegurar que en nuestro país no han existido desaparecidos”.

En 2020, contabilizó, la Fiscalía atendió a más de 129 000 personas en todo el país y en el primer semestre del actual año la cifra supera las 49 000. A partir del día 12 de julio, por los hechos asociados a los delitos cometidos durante el día anterior, han acudido a esa institución 63 personas. 

Más de 30 personas han ido directamente a los órganos de la Fiscalía a formular diferentes inquietudes. “Dichos reportes no están relacionados con desapariciones, y sí con detenciones; buscando información porque en ocasiones desconocían dónde se encontraba su familiar”.

“Hay quienes han dicho: `sabemos que está detenido en algún lugar´, y lo que quieren es conocer dónde”. Reyes Blanco comentó que “todos se han ido con esa información”, porque además es uno de sus derechos: saber dónde están detenidos sus familiares.
De acuerdo con el funcionario, muchos han acudido para explicar, por ejemplo, que su familiar “estaba en el lugar de una manera casual” o para trasladar alguna inconformidad con la actuación de algún registro o actuación. 

Informó que en estos momentos la Fiscalía investiga cinco reclamaciones, en la que se documenta para dar la respuesta, “como siempre ha sido el estilo de trabajo de la Fiscalía”, y reafirmó que existe una comunicación inmediata con los familiares.

Reyes Blanco insistió en las posibilidades que tiene el pueblo de comunicarse con la FGR, de denunciar hechos delictivos y de una posible actuación incorrecta de algún órgano de las instituciones del Estado.

Una lista manipulada y poco seria
 
Sobre el listado de “desaparecidos” que circula en las redes, el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, subrayó que es “una lista manipulada, que pierde seriedad, sostén y solidez, a partir de la falta de datos”. 

No aparecen los números de carné de identidad, ni la provincia de residencia, incluso hay nombres con un solo apellido. Además, “hemos comprobado que hay personas que nunca han sido detenidas ni entrevistadas por la policía”. 
Uno de los nombres que se lee en los listados es Ramón Samada, el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Desde la sala de proyección, en el séptimo piso del Icaic, el supuesto “desaparecido” habló para Hacemos Cuba: “Aquí estamos, trabajando muchísimo, tratando de organizar el festival de cine a realizarse en diciembre; llevando adelante el Fondo de Fomento del Cine Cubano; producciones importantes que recogen el acontecer de la vida de Cuba hoy”. 
 
¿Cuál es el estado legal de los detenidos por los hechos del 11 de julio?
 
El Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, detalló el estado legal de los detenidos por los hechos del 11 de julio. 

“Hay un número muy pequeño, cuyos abogados se han ido personando a partir de que la Fiscalía ha ido decretando la prisión provisional”.
Otros detenidos ya han sido puestos en libertad, tras “la evaluación de su participación en el hecho (desorden y alteración del orden)”, pero siempre con una medida cautelar, como la reclusión domiciliaria, con la posibilidad de solicitar un abogado para su defensa. 

Los abogados, expuso, tienen todo el derecho de concurrir a los órganos de investigación del Ministerio del Interior y de la Policía para revisar la actuación, entrevistar de manera privada a su defendido, participar en algunas acciones investigativas y de instrucción penal, así como proponer pruebas.

La Constitución cubana establece que para privar de libertad a un ciudadano debe existir una disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía. “El fiscal es la autoridad competente para disponer la prisión provisional, es decir, la medida cautelar de prisión provisional”.
“A partir de esos primeros momentos en que se confirma la existencia de un delito en el que existen pruebas que evidencian la participación de una persona en ese hecho delictivo, se procede a las medidas cautelares”.

Sobre los establecimientos penitenciarios, señaló que hay un departamento de control de la legalidad que, a través de visitas temáticas, comprueba que los locales reúnan los requisitos y condiciones establecidas en las leyes. 

“En todos los lugares donde existen personas detenidas, ya sea en las unidades de policía o en las de investigación criminal, hay alimentación y servicio médico las 24 horas del día.  Como norma, para ingresar a esos órganos se hace un chequeo médico”, resumió Álvarez Valle.
 
La tortura no es ni será una práctica en Cuba
 
La tortura no es ni será una práctica en Cuba, aseguró el Coronel Víctor Álvarez Valle. “No es ni será práctica en los compañeros del Ministerio del Interior utilizar la fuerza para obtener confesiones”.

En cuanto a la coacción como método para que el detenido confiese, comenzó explicando que la declaración del acusado no constituye prueba en el proceso penal, por tanto, “los compañeros que se dedican a esto en el Ministerio del Interior tienen la preparación necesaria para poder intercambiar, persuadir y convencer, pero nunca utilizar la coacción, la fuerza, para lograr la confesión de una persona”.
Se conoció que tras el incremento de los procesos en estos días, la presencia de los fiscales en los lugares de detención y el procesamiento de la investigación se ha incrementado. 

“Nos interesa conversar. Porque detrás de esa conversación conocemos motivaciones, implicaciones y, de alguna manera, contribuir a perfeccionar el trabajo y a profundizar en la investigación del caso. Por tanto, es una oportunidad que tienen los fiscales de estar a solas con los detenidos, siempre en un lugar de entrevistas, donde hay un diálogo fluido”, añadió el jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la FGR.
“Al fiscal le interesa saber, incluso, si esta persona tiene hijos, familia, quién pudiera estar preocupado por su detención, las motivaciones y los antecedentes que pudo haber tenido”.

Las personas, resumió, generalmente tienen intereses relacionados con sus derechos, garantías y las expectativas relacionadas con el proceso. Por eso, “más que un interrogatorio, es un diálogo donde se dan las condiciones propicias para si existiera alguna preocupación o denuncia se pueda transmitir a la Fiscalía para su investigación”.

https://youtu.be/wUfyMv4s6Pk