Este texto tiene el propósito de ofrecer elementos de análisis para comprender la discusión provocada por el gobierno de Iván Duque sobre el papel de Cuba como país Garante del proceso de paz y de la implementación del Acuerdo Final, y la posición asumida por el gobierno de ese país respecto de su continuidad en ese rol.

CAPAC- Por Jairo Estrada Álvarez/Tomado de Cubadebate/ Foto: Jaime Saldarriaga.

A través de una declaración leída el 9 de julio por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, en La Habana, y por su embajador en Colombia, José Luis Ponce, en la reunión de la CSIVI del mismo día en Bogotá, el gobierno de Cuba reafirmó su condición de país Garante, por el momento, de la implementación del Acuerdo de paz en Colombia (1).

Se trata de un acto de grandeza y generosidad del gobierno cubano, que ha sido valorado por muy amplios sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la implementación del Acuerdo de paz firmado con las FARC-EP e interesados en la perspectiva de la búsqueda de una solución política con las organizaciones que aún se encuentran en alzamiento armado, especialmente con el ELN. Y también, por la comunidad internacional, Estados, instituciones y organizaciones, que han acompañado y contribuido con sus esfuerzos a abrir el difícil camino de la construcción de la paz en Colombia.

Tras esa decisión, que a primera vista da cuenta de un “hecho normal”, propio de las relaciones diplomáticas entre países con órdenes sociales y políticos distintos, se encuentran en realidad asuntos de mayor calado, que trascienden esa circunstancia y se sitúan en el campo de las aspiraciones comunes por hacer de Nuestra América una región de paz, contrarias a las pretensiones de hacer prevalecer los escenarios de la confrontación y de la justificación del intervencionismo, especialmente de los Estados Unidos.

En ese sentido, se ha tratado de ofrecer una salida distinta a los propósitos de instrumentalización política de los problemas exhibidos en la construcción de la paz en Colombia, no solo por el estado crítico y precario de la implementación del Acuerdo de paz, sino por la ruptura de las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN y las consecuencias que se han derivado de ella.

Se equivocaron los sectores del gobierno de Iván Duque que pudieron llegar a considerar que sus actuaciones podían contribuir al propósito de “desHabanizar” el proceso de paz en Colombia, no solo para darle argumentos a la pretensión de arreciar la política guerrerista interna que se busca reimponer en el país, sino para mostrar una vez más y sin vergüenza alguna su subordinación a la política exterior de los Estados Unidos, y dar el parte de “misión cumplida”.

Desde La Habana se dio la lección de una política de Estado que no se mueve por el cálculo político de lo inmediato y de las encuestas, que no es reactiva sin juicio frente a hechos que bien pudieran considerarse provocaciones, o cuando menos desaires; o que se encuentra partida en capítulos, según conveniencia.

Quien se aproxime con sindéresis y rigor al análisis de la política exterior colombiana no tiene la menor duda de que el gobierno de Duque, así no lo reconozca con la entereza debida y prefiera la puerta trasera, la del “yo no fui”, brindó argumentos para que a Cuba se le incluyese, primero, en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el “terrorismo”, elaborada arbitrariamente por los Estados Unidos (por cierto, el país más terrorista del mundo); y luego, en la lista de países que albergan y ofrecen “refugio seguro a terroristas”.

Las declaraciones ofrecidas el 13 de junio del año en curso por el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, lo evidenciaron, así posteriormente se las haya llevado a un segundo plano. Esa decisión ⎼afirmó el Comisionado⎼ habría representado un “espaldarazo” a la política del gobierno del presidente Duque, sabedor de las consecuencias que ello implicaba para Cuba.

Con ello demostró, así no fuera de su resorte, que la política exterior del gobierno actual se inscribía dentro de los propósitos de los Estados Unidos de ampliar sus argumentos para dar sustento a una mayor profundización del infame bloqueo contra Cuba, un cerco comercial, económico y financiero iniciado el 7 de febrero de 1962. El gobierno de Duque ya había mostrado un paso en esa dirección al abstenerse de votar la resolución de la ONU que condena anualmente ⎼desde 1992⎼ el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba; distanciándose de la posición sostenida desde ese año por el Estado colombiano, y también por 187 países del mundo.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Holmes Trujillo, adujo sin recato que esa posición era una “manifestación política de rechazo a la actitud hostil de Cuba hacia Colombia”. La razón: el “refugio a terroristas confesos en territorio cubano” (2), refiriéndose a la permanencia de la Delegación de Paz del ELN en La Habana, tras la terminación de las conversaciones con esa guerrilla, como consecuencia del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019 en Bogotá (3).

Ese argumento se sustentó en la negativa de Cuba a acceder al pedido de extradición de los integrantes del ELN que se encuentran en La Habana, haciendo respetar las normas del derecho internacional, particularmente aquellas derivadas de la resolución de conflictos internos, que incluyen la suscripción de protocolos regulatorios de los eventos en los que se presente una terminación de los diálogos y negociaciones. Por su condición de Garante (junto con otros cinco países) de los protocolos firmados entre el Gobierno nacional y el ELN, incluido el “Protocolo de Ruptura”, Cuba ha mantenido su posición atendiendo de manera estricta las regulaciones sobre la materia.

Es preciso señalar que esa postura cubana no es exclusivamente suya; ha sido acompañada por el gobierno del Reino de Noruega, otro de los países Garantes de los mencionados protocolos, y en general por los estados del mundo que son respetuosos de las normas del derecho internacional.

Al respecto también se pronunció recientemente monseñor Luis Mariano Montemayor, Nuncio apostólico en Colombia, afirmando que “El Gobierno sabe que la Santa Sede tiene una posición sobre la validez de los protocolos y no solo con la cuestión colombiana, sino que es parte de nuestra forma de intervenir en la comunidad internacional. Si no hubiera protocolos, no podríamos hacer nada para acercar a las partes” (4).

De paso, puso de presente que el respeto por los protocolos no es un asunto exclusivo del derecho internacional, sino que se refiere a la posibilidad de mantener las puertas abiertas para los buenos oficios de la comunidad internacional en la solución de conflictos internos. El Acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP es una fiel muestra de ello.

La posición del gobierno de Duque es evidentemente contraria al derecho internacional, así se esfuerce en la búsqueda de argumentos (acomodados) para darle algún sustento; refleja además la “instrumentalización política” de unos hechos en los que Cuba no tiene responsabilidad alguna, para justificar su política de subordinación a los Estados Unidos que ⎼además de desempeñar la función de “peón de brega”⎼ se encuentra articulada con los propósitos políticos de la derecha transnacional de enfrentar la presuntas pretensiones expansionistas del “castrochavismo” en la Región.

En este aspecto, la posición exhibida por el gobierno colombiano frente a Cuba debe comprenderse en relación con su papel activo e injerencista en los reiterados y fallidos intentos de derrocamiento del gobierno de Venezuela. Es bien sabido que en los “juegos geopolíticos” de los Estados Unidos y de la derecha transnacional se ha construido una “estrategia dominó” que presume ⎼con desconocimiento de la historia y de las realidades políticas⎼ que la caída de Venezuela conllevaría al derrumbe de Cuba. En el reciente libro de John Bolton La habitación donde sucedió. Una memoria de la Casa Blanca hay suficientes elementos para comprender el “voluntarismo” de la (ultra)derecha, la forma como se ha pretendido encajar la piezas del intervencionismo imperialista y el papel de los “aliados estratégicos”, como el gobierno de Colombia.

Por otra parte, el gobierno ha pretendido sostener ⎼hábilmente, pero sin convencer⎼ un doble discurso, al destacar, de un lado, que el problema se ha generado por la no resuelta extradición de los guerrilleros del ELN (sumándose al mismo tiempo a la orquestación estadounidense contra Cuba, sin reconocerlo abiertamente) y, del otro, afirmando reconocer el papel de Cuba como país Garante de la implementación del Acuerdo de paz. Es decir, no se reconoce a Cuba como Garante para una cosa y, al mismo tiempo, se le reconoce como Garante para la otra. La posición, además de contradictoria, es absurda[5]. Si tras ese discurso, más que formular una disyuntiva, se encontraba una estrategia, debe decirse que esta última ha resultado fallida.

No se puede tener la pretensión a través de una indebida presión ⎼no ajustada a derecho⎼ que a un país al que se le solicitaron sus buenos oficios como Garante se le quiera exigir que los abandone en un caso y los mantenga en el otro. No es descartable incluso el cálculo gubernamental en el que se esperaba que Cuba tomase la decisión, dado el tratamiento hostil e inamistoso que se ha tenido frente a ella por parte del gobierno colombiano, de terminar su función como Garante de la implementación del Acuerdo de paz. La derecha más extremista estaría de fiesta.

Si para el gobierno de Duque el Acuerdo de paz es una “anomalía” con la que ha tenido que lidiar, por no tener la capacidad para hacerlo “trizas” , como lo pretendía el partido político que lo llevó a la presidencia (el Centro Democrático), debe considerarse ⎼dado su talante político⎼ que tener a Cuba como Garante de la implementación le ha representado cuando menos una incomodidad que le ha tocado sobrellevar.

Primero, porque hay compromisos del Estado colombiano frente a esa condición; además de la fuerza normativa proveniente del Acuerdo de paz, también se encuentran en la propia legislación interna que lo ha desarrollado[6]; segundo, por el amplio reconocimiento en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, en partidos políticos, movimientos políticos y sociales, organizaciones sociales y populares de la más variada naturaleza acerca del papel jugado por Cuba como Garante del proceso de paz y de la implementación; tercero, por el propio reconocimiento del papel de Cuba por parte de la de la comunidad internacional comprometida con la construcción de la paz en Colombia.

Son precisamente estas consideraciones, más también la política de Estado de Cuba de contribuir a construcción de la paz en el mundo y en la Región, las que muy seguramente la llevaron a la decisión de continuar como Garante de la implementación del Acuerdo de paz. A mi juicio, para comprender mejor esa decisión es preciso tener en cuenta que el destino del Acuerdo de paz y su implementación no le pertenece exclusivamente al gobierno de Duque, dado que, entre tanto, aquel ha devenido en bien común de la sociedad colombiana, y en haber de los sectores democráticos y progresistas de la Región.

De lo hasta aquí expuesto se puede concluir que la discusión sobre el rol de Cuba como país Garante trasciende la asistencia o no del embajador de ese país a las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de paz (CSIVI), como en ocasiones se quiso proyectar ante la opinión pública. Desde luego que esa formalidad es también de relevancia.

En este punto es necesario recordar, primero, que se recurre a un Garante por petición expresa de las partes; segundo, que de él se espera que les brinde confianza, contribuya a darles seguridad acerca de que lo convenido se lleve a cabo en los términos acordados y que ⎼en el evento de diferencias⎼ aporte en la búsqueda de alternativas de solución; tercero, que se busca que actúe con imparcialidad, transparencia y discreción.

Todos estos aspectos fueron cumplidos por Cuba en la fase discreta o exploratoria que condujo inicialmente a la definición de una Agenda de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, firmada en La Habana el 26 de agosto de 2012; posteriormente a que se desarrollaran las negociaciones entre las partes en territorio cubano hasta la firma del primer Acuerdo de paz, suscrito el 24 de agosto de 2016 en La Habana; luego, tras la derrota del plebiscito del 2 de octubre de 2016, a que se diera y cerrara la renegociación que terminó en el Acuerdo Final, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de ese año. Todo ese proceso fue acompañado por otro país Garante, Noruega.

La experiencia acumulada, ponderada por las partes, unida a la voluntad de Cuba y Noruega de aportar a la consolidación del proceso de paz en Colombia, llevó a que en el Acuerdo de paz se considerara a estos dos países como Garantes de la implementación del Acuerdo de paz, previa consulta sobre su disposición (7). Un rol similar ha sido desempeñado en el proceso que condujo al inicio de los diálogos con el ELN hasta la conocida ruptura. Incluso con posterioridad, pues se ha sabido de algunos contactos de altos funcionarios del gobierno de Colombia con representantes de la Delegación del ELN en La Habana. Y ello no sería posible sin el rol del Garante.

Iniciado el proceso de implementación del Acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP, Cuba no ha dejado se desempeñar ⎼junto con Noruega⎼ su rol activo como Garante, lo cual ha incluido su participación en las sesiones de la CSIVI. Nadie que actúe con ponderación, buen juicio y atención estricta a los hechos puede poner en duda el rol de Cuba en el proceso de paz en Colombia. Sin exageración alguna, sin su concurso hubiera sido imposible considerar el nuevo momento político ⎼conflictivo, contradictorio y en intensa disputa⎼ que se ha derivado de la firma del Acuerdo de paz.

Tampoco, el proceso de implementación que hoy se vive en Colombia, en medio de un estado crítico y precario, atravesado por una intensificación de la violencia política, pero acompañado por la tozudez de hacer realidad el propósito de la construcción de la paz democrática con justicia social. Lo mismo puede decirse, pese a la situación actual de ruptura, de la perspectiva de la solución política con el ELN. En La Habana se ha comprendido por fortuna que así el gobierno de Duque quiera echar por la borda lo avances realizados con esa guerrilla, es prudente para el bien de la paz de Colombia y de Nuestra América mantener una llave, así sea guardada por fuerza de las circunstancias, en todo caso transitorias.

Mantener la condición de Cuba como Garante de la implementación del Acuerdo de paz no es en consecuencia un anuncio que produce simplemente noticia. Tampoco se trata de la formalidad de acudir a las sesiones de la CSIVI. En juego están alcances no suficientemente perceptibles por la neblina que acompaña la coyuntura. Detrás y delante de ella se encuentra una intensa disputa por el curso del proceso político en Colombia y por las configuraciones geopolíticas de la Región. La decisión de mantener la condición de país Garante por el momento debe saludarse y agradecerse.

Notas

(1) Ver, Declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz. La Habana, 9 de julio de 2020.

(2) “Refugio a jefes del Eln: giro en política exterior de Colombia a Cuba” . El Tiempo, 7 de noviembre de 2020.  Se trata de un argumento insólito si se considera que los integrantes de la Delegación de Paz del ELN no llegaron a La Habana por sus propios medios (evadiendo las autoridades colombianas), sino por petición expresa del gobierno colombiano ante la imposibilidad de continuar los diálogos en Ecuador. Su traslado a Cuba se dio atendiendo protocolos acordados por las partes.

(3) Aunque un análisis contrafáctico no procede, cabría preguntarse si el gobierno colombiano hubiera tenido la misma postura si la Delegación de Paz del ELN se hubiera encontrado en Oslo.

(4) “Deseamos el cese del fuego bilateral de 90 días con el Eln”. Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, habla del Proceso de paz. El Tiempo, 12 de julio de 2020.

(5) Según Cuba “resulta contradictorio que el gobierno de Colombia haya reconocido en varias ocasiones, tanto pública como privadamente, el papel de garante de Cuba en el proceso de paz con la FARC y, sin embargo, desconozca acuerdos suscritos con nuestro país, también en condición de garantes, en el proceso de paz con el ELN” . Declaración de la Cancillería, ob. Cit.

(6) Dice el artículo 2º del Decreto-Ley 1995, modificado por el Decreto 1417: “Parágrafo 1°. Acompañamiento. La CSIVI contará con el acompañamiento permanente de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, durante la implementación del Acuerdo Final suscrito el 24 de noviembre de 2016” .

(7) En un gesto de compromiso y contribución a la implementación, y sin que ella se hubiera iniciado formalmente, Cuba produjo el primero de los apoyos concretos de la comunidad internacional al proceso: otorgó 1.000 becas para estudios de medicina a víctimas del conflicto, exguerrilleros o exguerrilleras de las FARC-EP o familiares, y a familiares de integrantes de la Fuerza Pública.