Existe una continuidad entre la Colombia de Iván Duque que reprime y mata a un pueblo autoconvocado contra la reforma fiscal o el cumplimiento de los acuerdos de paz y la masacre de las bananeras que retrató Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Pasaron 93 años desde aquel episodio de 1928.

CAPAC – por Gustavo Veiga – Derribando Muros

Los trabajadores de la United Fruit asesinados por el ejército, las protestas estudiantiles en Bogotá de 1929, el Bogotazo, el movimiento del 68, el paro cívico del 77, el Paro Agrario, las movilizaciones indígenas, el estallido de noviembre de 2019 y las protestas de septiembre de 2020. La lista se completa con la brutalidad policial contra las últimas manifestaciones en todo el país.

Existe una continuidad entre la Colombia de Iván Duque que reprime y mata a un pueblo autoconvocado contra la reforma fiscal o el cumplimiento de los acuerdos de paz y la masacre de las bananeras que retrató Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Pasaron 93 años desde aquel episodio de 1928. El presidente era el conservador Miguel Abadía Méndez. Una huelga de los obreros de la United Fruit Company estadounidense la mandó a sofocar con el ejército. La cantidad de muertos nunca se supo con exactitud. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, a cada protesta ciudadana se respondió de manera parecida. Con las fuerzas armadas o la Policía. Con balas y en el más leve de los casos, gases lacrimógenos, carros hidrantes o el bolillo, como se llama en este país a la cachiporra que usa el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), responsable de las muertes según los manifestantes y organizaciones humanitarias.

  La ONG Temblores citada en la mayoría de los informes sobre víctimas fatales y personas desaparecidas, redactó un trabajo de 74 páginas que tituló Bolillo, Dios y Patria. El prólogo lo escribió María José Pizarro Rodríguez, congresista, nieta de un militar e hija de Carlos Pizarro Leongómez, líder de la guerrilla del M-19 asesinado en 1990 después de firmar el proceso de paz y cuando era candidato a presidente. Cuenta ella que desde la masacre de las bananeras, Colombia ha vivido muchos períodos de excepción donde se violaron los derechos civiles. Su lista es larga: “las protestas estudiantiles en Bogotá en 1929, el Bogotazo, el movimiento del 68, el paro cívico del 77, el Paro Agrario, las movilizaciones indígenas, la Minga del suroccidente, las movilizaciones estudiantiles, el paro del 21N y las protestas del 9 y 10 de septiembre han definido una manera policial de enfrentar y dirimir nuestros conflictos”.

   En ese relato de luchas reprimidas por los distintos gobiernos conservadores o liberales, faltan los falsos positivos: la ejecución de civiles que el ejército siempre presentó como guerrilleros para optimizar las estadísticas de las bajas que provocaba. Después del acuerdo de paz que el Estado firmó con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 se siguieron sumando los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, igual que como había pasado en los ’90 con los exintegrantes del M-19.

  Temblores, creada en 2016 tras las extensas negociaciones de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los comandantes de las FARC, relevó hechos de violencia institucional entre 2017 y 2019. En sus investigaciones concluye que “el accionar de la Policía colombiana cobró la vida de 289 personas, dejó 39.613 lesionados y violentó sexualmente a 102 personas” en ese período de tres años.

Pero desde que se inició el paro nacional en Colombia y hasta el 5 de mayo, la organización registró 1.708 casos de violencia del aparato represivo del Estado, 37 homicidios cometidos por la Policía, 222 víctimas de violencia de esa fuerza de seguridad, 831 detenciones arbitrarias de manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de agentes estatales, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego provocados por la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de esa fuerza pública.

   El año pasado Temblores lanzó la plataforma G.R.I.T.A (Graba, Registra, Investiga, Triangula y Asesora casos de violencia policial) y empezó a sistematizar sus reportes en una base de datos unificada que le permitió investigar tanto los hechos publicados en la prensa como en los registros oficiales del Estado. Después chequeó todo con las informaciones que mantenía en su poder.

  Para la ONG “cada vez es más evidente que, para determinar la peligrosidad de un ciudadano, la policía utiliza criterios subjetivos que están construidos sobre las peligrosas bases del prejuicio estatal y realiza procedimientos policiales arbitrarios en contra de ciertas ciudadanías sin más causa probable que su color de piel, su género, su edad, su apariencia, su dedicación laboral o su pertenencia étnico-racial”.

Las consecuencias jurídicas que tienen los hechos son explicadas en otro informe de 26 organizaciones de Derechos Humanos: “en Colombia los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario”.

  Amnesty Internacional denunció que los estándares de intervención de la policía ante movilizaciones de la sociedad civil tampoco fueron respetados: “A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional confirmó que la policía colombiana hizo uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn y un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales”.

  La organización humanitaria también indicó que “el descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos, no debe ser calificado como ‘vandalismo y terrorismo’”.

  Así como los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) son percibidos en las protestas como el significante más fuerte de la represión y muertes causadas a los movilizados, los CAI (Comandos de Atención Inmediata) que están repartidos por toda Colombia son considerados lugares hostiles donde se cometen abusos, la policía trafica drogas y armas y por eso muchos han sido incendiados o vandalizados, incluso con efectivos adentro.

  Solo en Bogotá, la noche del 4 de mayo fueron incendiados quince de estos CAI. La capital del país es donde más hechos de violencia física se cometieron contra la sociedad civil entre 2017 y 2019: 10.271 según el informe de Temblores. La sensación de tierra arrasada que hoy recorre las calles de Colombia está dada por otro dato del trabajo Bolillo, Dios y Patria. De los 289 asesinatos cometidos por la Policía en aquel período de tres años, la Fiscalía General de la Nación solo reportó su intervención en apenas 127 investigaciones. Es decir, un 44 % de los homicidios. Solo dos de ellos terminaron con condena. Apenas el 0,69 de los casos. El resto sigue en la impunidad. Las movilizaciones de estos últimos días ratifican la tendencia. Los ESMAD tienen zona liberada para operar y matar.