Se cumple un año de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que da base al bloqueo ceconómico, comercial y financiero que recae sobre Cuba desde 1962.

CAPAC – Tomado de Resumen Latinoamericano Cuba / Foto de portada: AP/ Archivo.

A un año de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de activar el Título III de la Ley Helms Burton, la mayor parte de las demandas afectan a compañías de ese país y ninguna ha sido exitosa, recordó este domingo en su cuenta de Twitter el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca.

El titular aseguró que a pesar de esa legislación, la Isla seguirá promoviendo la inversión extranjera y apoyando a las empresas foráneas.

El 2 de mayo de 2019 la administración de Donald Trump dio un paso que no habían decidido ninguno de los gobiernos estadounidenses anteriores, ni siquiera el de William Clinton, bajo cuyo mandato, en 1996, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton.

El Título III al que el inquilino de la Casa Blanca dio luz verde, ha sido parte de su intensificación de las acciones hostiles contra la nación caribeña, sin embargo, 12 meses después son la compañías norteamericanas el blanco principal de las 25 demandas interpuestas bajo ese acápite, precisó Prensa Latina.

La norma, que codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace casi 60 años a la mayor de las Antillas y remarca su carácter extraterritorial, permite, mediante el capítulo tercero, que nacionales estadounidenses demanden a quienes “trafiquen con propiedades norteamericanas” en Cuba.

Se trata de bienes nacionalizados por el Gobierno de la Isla luego del 1ro. de enero de 1959, y a cuyas compensaciones no tuvieron acceso los estadounidenses por la oposición de sus representantes; aunque la Ley también otorga la capacidad de reclamar a personas hoy ciudadanas norteamericanas que en aquel momento eran ciudadanos cubanos.

Sin lugar a duda, la promoción de las acciones legales en las cortes estadounidenses contra personas y entidades que invierten en Cuba, tiene el propósito de disuadir a los posibles socios comerciales de la nación caribeña, para privarla de capital e impedir su desempeño económico, ya dificultado por otras disposiciones del bloqueo.

Mas, según manifestó en un artículo en el National Law Journal, John Bellinger, asesor legal del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush (2001-2009), la activación del Título III ha sido un fracaso.

Uno de los argumentos para esa afirmación es que el número de demandas interpuestas hasta el momento es mucho menor que las previstas, y que son las compañías estadounidenses las más perjudicadas.

Bellinger consideró que aun cuando la administración de Trump puede haber esperado marcar puntos políticos con los cubanoamericanos de la Florida, lo cierto es que en lugar de empresas cubanas o extranjeras que poseen u operan propiedades en la nación caribeña son las norteamericanas las afectadas por los litigios.

Así lo reflejan datos del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, que precisan que las firmas con sede en Estados Unidos representan un 45,4 por ciento de las demandadas bajo el Título III, en tanto un 11,3 por ciento corresponde a compañías de la Unión Europea. Solo cinco empresas cubanas fueron nombradas en las acciones legales y actualmente permanecen implicadas dos.

Para Bellinger “la administración Trump actuó precipitadamente cuando activó el Título III y terminó causando una carga y gasto legal significativos para muchas compañías estadounidenses”, además de que ello ha puesto a Estados Unidos en una mala posición frente a socios económicos y comerciales cercanos como Canadá, España y Reino Unido, pues sus nacionales se han visto involucrados.

Por lo pronto, algunos pleitos, como los establecidos contra las líneas de cruceros MSC Cruises y Norwegian Cruise fueron desestimados por las cortes estadounidenses a inicios de este año, mientras la Royal Caribbean esperaba un fallo similar.

A nivel internacional también ha habido manifestaciones de apoyo a Cuba y de rechazo a la medida, contra la cual algunos países incluso implementaron leyes para contrarrestarla.