La aeronave Boeing 747 matrícula YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, transportaba autopartes para la filial argentina Volkswagen, se ha convertido en un show mediático, judicial, opositor, al servicio del Departamento de Estado norteamericano.

CAPAC – por Alberto Mas

El avión de carga que arribara a la Argentina el 6 de junio transportando autopartes, ante la negativa de la filial de la petrolera Shell de venderle combustible por las sanciones que le impone Estados Unidos a Venezuela e Irán y la de YPF por no contar Emtrasur Cargo, la empresa venezolana propietaria del avión oficinas en Buenos Aires, una medida extraterritorial norteamericana y una administrativa controversial.

El avión es autorizado a volar hasta el aeropuerto de Montevideo, para recargar combustible y continuar su itinerario, en pleno vuelo la autoridad uruguaya revoca la autorización de aterrizaje y reabastecimiento ante presiones, que en off del Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyen al Mossad y a la CIA. Ante esta situación solicitan permiso para hacerlo en Paraguay, solicitud que también le niegan, por lo que debe regresar a Buenos Aires ante la falta de combustible para continuar viaje, poniendo en riesgo la integridad de la aeronave y la de su tripulación, lo que generó una nota de protesta de Venezuela.

El avión y la tripulación que incluye a los catorce tripulantes venezolanos que son entrenados por los cinco instructores iraníes han volado transportando mercancías por México, Aruba (territorio de Países Bajos), India, China, Pakistán, Paraguay, Cabo Verde, Belgrado (Serbia), sin ninguna traba.

Apenas conocida la situación, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante en la causa que pide investigar la situación generada con el avión carguero, «exigen una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país».

Nuevamente esta organización sionista buscando demonizar a Irán, y ahora mostrando un nuevo eje del mal, para beneplácito del Departamento de Estado de EE.UU, Venezuela-Irán, no sería de extrañar que apareciera algún operador del PRO, como Patricia Bullrich, tratando de encontrar una conexión mapuche con el avión.

Mientras tanto  el juez Federico Villena ordenó a la Dirección de Migraciones la retención de los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes, allanar el avión y encargarle las pericias a la macrista Policía de la Ciudad, secuestrar celulares y computadores de los tripulantes, extraer y peritar la caja negra del avión, todo esto sin una causa y sin imputar ningún delito.

Como detalle al margen, el juez Villena ha sido denunciado en varias oportunidades ante el Consejo de la Magistratura, una de ellas por lavado de dinero y otra por escuchas ilegales en el penal de Ezeiza.

José “Pepe” Mujica, ex presidente uruguayo, en declaraciones radiales señaló que «Le preguntamos al gobierno uruguayo por qué frenó el avión. No dicen nada. Acá hay un protagonista oculto que está dando letra». Indudablemente en Uruguay, Paraguay y en una fuerza de seguridad argentina, parecería que existe una coordinación efectiva para llevar adelante esta operación, que además, es inmediatamente difundida y ampliada por los medios hegemónicos y utilizada por, en el caso argentino, una oposición que solo responde políticamente a la embajada norteamericana.

Cada vez toma más relevancia que esta operación representa un pase de facturas del Departamento de Estado Norteamericano al gobierno argentino por la intervención realizada por Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas que convocara Biden con las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua y que resultara un fiasco para la política exterior norteamericana.

Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), indicó que no hay ningún informe con sospechas de una relación del avión y la tripulación con el terrorismo internacional.

Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández respondió que «por la documentación oficial, no existe relación específica con terrorismo» “No voy a hablar de conjeturas. Lo que yo tengo son los elementos oficiales que se exhibieron ante las autoridades argentinas y ante un juez, Federico Villena”.

Por otra parte el FBI envió al juez Villena un informe de seguridad con datos proporcionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU que en el 2014 sancionó a Irán y al Hezbollah, por lo que sancionó también a la empresa aérea Mahan Air de acuerdo a una orden ejecutiva del presidente norteamericano, la 13224. Esta orden ejecutiva es de aplicación dentro del territorio estadounidense, no de Argentina (de ser así nuestra Constitución debería aceptar la extraterritorialidad de leyes que otro estado aprueba y entregar nuestra soberanía)

Pero resulta que la aeronave en cuestión fue comprada por Venezuela, está la documentación en manos del juez, los iraníes son técnicos que están entrenando a la tripulación venezolana por contrato, no tiene ningún tripulante alerta roja emitida por Interpol, y ya han pasado por alrededor de 10 países aliados a los EE.UU sin ningún inconveniente.

Según versiones a este informe del FBI enviado al juez Villena y a la fiscal Cecilia Incardona y que fuera aceptado como “relevante”  por el juzgado, aunque en el mismo informe se aclara que no tiene “valor legal”, el gobierno lo calificó como un burdo panfleto, que carece de evidencias y solo muestra la postura geopolítica de Washington.

El jueves pasado la Embajada de Israel en Argentina emitió un comunicado donde expresaba «la preocupación del Estado de Israel respecto al avión iraní-venezolano de una empresa aérea sancionada por Estados Unidos, que aterrizó días atrás en Ezeiza y que está siendo investigado” sin ninguna denuncia concreta y solo describiendo situaciones generales dentro de la tradicional nebulosa de Sudamérica como base para acciones terroristas. Nada nuevo ni por fuera de la política israelí.

Mientras tanto, la dirección para américa Latina de la agencia israelí de inteligencia, el Mossad, trata de despegarse de la situación generada y este fin de semana anunciaron que “no tienen objeciones con el avión de Emtrasur” y negaron evidencias que la aeronave hubiera efectuado algún transporte ligado a materiales terroristas desde que fuera adquirido por la empresa venezolana Conviasa, agregando que “no tenemos sospecha alguna sobre la carga de autopartes para la empresa Volkswagen”.

Está demostrado que el avión y su tripulación tienen toda la documentación en regla, que la aeronave no cometió ninguna irregularidad en este ni en los vuelos realizados desde que fuera adquirida por Venezuela, siempre bajo control satelital de los organismos aeronáuticos responsables, que ingresó a la Argentina y salió sin inconvenientes, pero que tuvo que regresar porque no le vendieron combustible en Uruguay ni Paraguay, y recién ahí es retenida en Ezeiza, que no existe denuncia concreta ni siquiera del Mossad,  entonces ¿quiénes quedan en la escena política que se montó?, en el plano internacional el FBI, la CIA, la OFAC, en el local, el juez Villena sin pruebas, acusados ni delitos, los medios de prensa hegemónicos y los caranchos de la oposición macrista, todos responden a Washington.

No se necesita entonces ser muy perspicaz de ver a quién se beneficia y a quien se perjudica con la situación que genera tener una aeronave de carga venezolana retenida en el aeropuerto internacional, a pocos días que Alberto Fernández reclamara, en nombre de la CELAC ante la cumbre de los amigos de Biden (como la llamara el presidente mexicano López Obrador), la aceptación norteamericana del multilateralismo, la renuncia del lacayo Luis Almagro de la OEA, un cambio de política de Washington hacia Latinoamérica y repudiara los bloqueos a Cuba y Venezuela.

Las conclusiones parecen estar a la vista, que cada lector saque la suya.