En una permanente acción de persecución judicial al movimiento campesino, el sistema judicial se ha convertido en una herramienta represiva criminalizando la protesta y la lucha de los campesinos paraguayos.

Para CAPAC -informa SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) Paraguay.

Doña María Gloria González fue condenada a 6 años de pena privativa de libertad por ser supuestamente apoyo logístico del E.P.P. (*)

El fiscal Antisecuestro, Joel Cazal, solicitó la pena máxima de 15 años de prisión más una medida de seguridad de 5 años totalizando 20 años, por la supuesta peligrosidad de la misma. Si embargo, María Gloria González se sometió voluntariamente al proceso desde el inicio, acudió a todas las citaciones y audiencias en total libertad por varios años sin ningún inconveniente, por lo que el Tribunal no dio lugar al pedido de medida de seguridad.

En el juicio no se acreditaron materiales que comprueben su vinculación con el EPP

La defensa planteó la absolución total de la acusada ya que no se acreditaron materiales que comprueben su vinculación con el EPP como supuesto apoyo logístico, asimismo, Serpaj Py sostuvo un «Amicus Curiae» como opinión consultiva no vinculante, en la que concluyó que no existen elementos suficientes en la conducta de la misma para sostener el hecho punible de «asociación terrorista», no obstante el tribunal la declaró culpable teniendo como argumento principal que la misma es madre de dos supuestos miembros del EPP.

La sentencia será leída en su totalidad el día jueves 10 de octubre a las 12:30H en el Tribunal de Sentencia de Concepción. Se espera una apelación por parte de la defensora pública Dolly Villasanti.

Sobre otra causa judicial inventada para criminalizar la protesta del campesinado paraguayo, las y los pobladores del distrito de Aguerito, Departamento de San Pedro, se manifestaron a favor de los hermanos Morales, quienes serán llevados a juicio por el Fiscal Joel Cazal, quien los acusa de ser, supuestamente, apoyo logístico del EPP.

La comunidad salió al paso cuando se decidió que el juicio no sería oral ni público, sino a través de una videoconferencia, por la supuesta peligrosidad de los acusados.

Pobladores de la comunidad y de comunidades aledañas, exigen garantías y que el Juicio Oral y Público se lleve a cabo

Pobladores de la comunidad y de comunidades aledañas, exigen garantías y que el Juicio Oral y Público se lleve a cabo, ya que los mismos son incriminados injustamente, así como declaraba Sinthia Ruiz, Abogada de los acusados; “estas personas injustamente están recluidas hace 3 años y 7 meses por imputaciones genéricas que es imposible que el Ministerio Público sostenga en el juicio, porque no existen las ‘fuentes humanas’. La ley no establece como medio de prueba a fuentes humanas. Están jugando con la libertad de dos personas”.

Los hermanos Morales pueden ser otras víctimas más del sistema de justicia paraguayo, que busca criminalizar la lucha campesina.

(*) Ejercito del Pueblo Paraguayo: Según fuentes religiosas, de organismos de derechos humanos y de organizaciones campesinas, el gobierno paraguayo está utilizando el pretexto del «terrorismo» del EPP para criminalizar las demandas económicas y sociales del campesinado. Sindicalistas campesinos son asesinados por el ejército y presentados luego como guerrilleros, mientras que numerosas familias son desplazadas por el ejército y forzadas de ceder sus tierras a terratenientes o a empresas brasileñas. Una práctica común llevada a cabo por la CIA y sus satélites en el mundo, atentados de falsa bandera, falsos positivos, etc.

El Ministerio Público y las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) no han logrado determinar ni ubicar, a pesar de disponer de todos los recursos de la inteligencia del estado a éste grupo guerrillero, hasta ahora realmente “virtual” en las campañas comunicacionales al servicio del poder económico y político paraguayo.