Un estudio independiente encargado por el Gobierno de Bolivia desarticuló una vez más la narrativa del fraude en las elecciones de 2019 que sirvió de pretexto al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

CAPAC – Prensa Latina

Para entender el contexto de esa investigación debemos recordar que en medio del conteo de votos, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe a partir de datos incompletos en el cual señaló fallas en el proceso y sugirió la posibilidad de un fraude a favor de Morales.

Sin embargo, la derecha política boliviana, sin verificar la información, viralizó la narrativa del engaño y con el apoyo de influyentes medios de comunicación, militares, policías amotinados y grupos de choques, dieron luz verde a la asonada que concluyó con la dimisión del presidente y su salida del país ante amenazas contra su vida.

Desde entonces ha sido una constante del Movimiento al Socialismo, exautoridades del defenestrado gobierno, defensores de la democracia y los derechos humanos negar la existencia del fraude ante la falta de pruebas que lo demuestren, por eso catalogan a los sucesos como golpe de Estado.

Hasta el momento siete estudios de reconocidos centros de investigaciones niegan la narrativa del fraude y el informe de la OEA (nunca publicado íntegramente) de que las fallas detectadas en el conteo de votos buscaran dar la ventaja a Morales, entonces reelecto para un cuarto mandato presidencial consecutivo.

Estudios del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), el Centro de Investigación en Economía y Política, análisis publicados en los diarios The New York Times y The Washington Post, rebatieron el informe de la OEA, y demostraron que el comportamiento de las votaciones confirmaba la victoria de Morales en primera vuelta con el 47,08 por ciento de las boletas válidas.

A esta corriente que demostró científicamente la tendencia en las urnas y la ausencia de manipulación en los resultados, se sumó, por encargo del Gobierno del presidente Luis Arce, una investigación de la Universidad de Salamanca, España, cuyas conclusiones coinciden con los de los estudios antes referidos.

Los expertos del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE presentaron un informe con más de 200 páginas tras tres meses de investigación, y si bien identificaron negligencias y fallas, confirmaron que los sistemas automatizados cumplieron su cometido dentro de los parámetros previstos.

El análisis del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y al cómputo oficial del Órgano Electoral Plurinacional demostraron independencia, cada uno con su propio sistema de flujo de información, de ahí la imposibilidad de manipular datos e influir en el resultado final de los comicios.

Por su parte la OEA insiste en la veracidad de su informe, incompleto y no vinculante, por lo que sus resultados y sugerencias no deben ser acatados, y desconoce lo sucedido en Bolivia del 20 de octubre al 10 de noviembre como un golpe de Estado.

Sin embargo el organismo regional reconoció inmediatamente al gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez y guardó silencio cómplice ante los reiterados actos de represión a seguidores del Morales y el Movimiento al Socialismo, defensores de la democracia e institucionalidad bolivianas.