A 50 años del golpe de Pinochet, Chile se encuentra en una encrucijada a resolver en el referéndum del 17 de diciembre de 2023: aprobar o rechazar una Nueva Constitución

CAPAC – por José Salvador Cárcamo en Tiempo

En la sociedad chilena hay continuidades y rupturas a lo largo de su historia. En 1891 fue derrocado el presidente Manuel Balmaceda, quien planteo nacionalizar el salitre, para destinar la renta de ese recurso natural –Chile tenía el monopolio a nivel global– a la industrialización. Eso atentaba contra los intereses de la oligarquía Edwards y los ingleses, que financiaron la guerra del guano y el salitre, contra Perú y Bolivia.

Se instaura desde esa fecha un régimen político parlamentario que dura hasta 1925, cuando se promulga una nueva Constitución, origen del régimen político presidencialista, y se promueve la industrialización orientada al mercado interno y la regulación del mercado desde el Estado. El régimen dura hasta el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, en 1973. Al igual que en 1891, la oligarquía Edwards propietaria de El Mercurio y el capital extranjero, en este caso de EE UU, planificó y financió el golpe. Se instaura un régimen neoliberal con la complicidad de la CIA, miles de asesinados, decenas de miles de presos políticos, cientos de miles de exiliados, el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires, el de Orlando Letelier y Ronni Muffitt en Washington, el atentado  contra Bernardo Leighton y esposa en Roma, etcétera. El régimen contó con el asesoramiento directo de las catedráticos de la Escuela de Chicago, Milton Friedman y Arnold Harberger, que viajan varias veces a Chile a entrevistarse con el dictador Pinochet.

El neoliberalismo que se instaura en 1973 trae consigo una menor regulación de los mercados, sumado a una mayor apertura al comercio exterior y financiera. La reforma agraria, realizada años antes por Frei Montalva (1964-1970) y Allende (1970-1973), había permitido acabar con el latifundio; la Nacionalización del cobre de 1971 aprobada por la unanimidad del Congreso de la Nación permitía al Estado capturar la renta del cobre y destinarla a desarrollar ventajas competitivas en lo que serían las exportaciones no tradicionales. El neoliberalismo chileno fue pragmático: mantuvo a la gallina de los huevos de oro en manos del Estado y asignó un 10% de las ventas del metal a las FFAA.

Con el retorno de la democracia en 1990, los sucesivos gobiernos mantuvieron la Constitución de 1980 de la dictadura, que en términos económicos establecía el carácter subsidiario del Estado al sector privado. La gran minería del cobre a través de la Empresa CODELCO, principal productora en el mundo, se mantiene en manos del Estado, pero el sector privado multinacional interviene en la explotación. Este carácter subsidiario del Estado al mercado, a principios de este siglo fue cuestionado por el carácter de mercancías que adquieren servicios esenciales: salud, educación y sistema jubilatorio, que se transformaron en negocios, es decir, donde surge una necesidad nace un negocio para lucrar.

El sistema jubilatorio es privado. Las personas adultas mayores cobran el equivalente a un 30% o menos de la población activa, desnudando así la mentira del inventor del sistema privado de pensiones, José Piñera, que decía en octubre de 1980: «Un afiliado al sistema privado va a obtener una pensión de al menos un 70% de su última remuneración». Paradójicamente lo que era bueno para todos los chilenos, no lo era para las FFAA que se mantienen en el sistema de reparto.

Con respecto al sistema privado de salud, la Corte Suprema en un fallo de noviembre de 2022 dictamina que deben restituir los cobros abusivos que hicieron, además de que es discriminatoria con mujeres en edad fértil, adultos mayores y enfermos crónicos.

A partir de estas falencias del sistema neoliberal, la expresidenta Michele Bachelet (médica de profesión al igual que Allende), en sus gobiernos (2006/10, 2014/18) realizó mejoras sustantivas. Así como la reforma del sistema universitario, permitiendo que un 50% o más de los estudiantes puedan acceder en forma gratuita a la Universidad. Aunque estudiar la carrera de Derecho tiene un costo anual de 6 millones de pesos chilenos: U$S 7500. Si el alumno no puede pagar, se endeuda a una tasa de interés (la inflación más un 2%). Lleva a que los egresados universitarios tengan  un alto nivel de morosidad.

 El actual presidente Gabriel Boric, exdirigente estudiantil, encarna esas demandas de justicia y dignidad que la sociedad exigió en la revuelta social de octubre 2019. Chile se encuentra en una encrucijada a resolver en el referéndum del 17 de diciembre de 2023: aprobar o rechazar una Nueva Constitución. La que esta siendo redactada por un consejo de «expertos» de derecha, tras el fracaso de la constituyente de 2021/22, donde la mayor parte eran de centro izquierda. Es la dialéctica de unidad y lucha de contrarios de la sociedad chilena, de la que surgirá una síntesis.