Radiografía de la crisis social y política en Chile
A más de un mes de haber comenzado, las protestas sociales en Chile continúan y plantean un enorme desafío al gobierno de Piñera y cuestiona el modelo neo-liberal y sus consecuencias.
Por Misión verdad
A principios de octubre, lo que inició como una evasión masiva en el metro de Santiago de Chile como forma de protesta ante el aumento del servicio, se transformó en un ciclo de protestas de 21 días que, pese a la represión, suspensión del incremento y otras medidas coyunturales por parte del gobierno de Sebastián Piñera, no han podido ser contenidas.
Una semana después de este evento, se derrumbó el mito del país vitrina del libre mercado y ejemplo de civilidad para las otras naciones del continente, cuando las principales ciudades de Chile eran un caos producto de la represión de carabineros y del ejército contra los manifestantes.
EL DETONANTE
El 6 de octubre entró en vigencia el aumento del pasaje del metro en 30 pesos para quedar en 820, un equivalente a 1.17 dólares. Al respecto, Cristian Pérez, académico de la Universidad Diego Portales, explicó a RT que el incremento tuvo un impacto regresivo para los que cobran salario mínimo, 300 mil pesos (400 dólares aproximadamente), en tanto que para la gran mayoría de los trabajadores chilenos la movilidad en transporte público representa el 20 % de su paga mensual.
Las protestas en un principio estuvieron organizadas por estudiantes, y el 18 de octubre llegaron al punto más álgido cuando varias estaciones del transporte subterráneo cerraron por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Esta acción fue catalogada por las autoridades como vandalismo injustificado porque el incremento no aplicaba para estudiantes ni adultos mayores.
Por su parte, la organización estudiantil argumentó que, si bien la medida no era para ellos, esta los afectaba directamente ya que su núcleo familiar sí sufriría el incremento.
Los disturbios que dejaron 40 estaciones del metro inoperativas, se trasladaron a las calles de Santiago registrándose «saqueos» y la quema del edificio corporativo de la empresa de electricidad, según un balance que ofreció en ese momento el jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga del Campo.
LA RESPUESTA DEL ESTADO
Intentando erosionar el ritmo expansivo de las protestas, la respuesta del Estado consistió en aplicar la Ley de Seguridad del Estado, que le otorgaba más poder a los carabineros e interponía delitos contra quienes manifestaran en las calles. Las autoridades obviaron la actuación de la policía que en ese momento ya había dejado 137 heridos y más de 300 detenidos.
Contrario a lo esperado, los focos de protestas se multiplicaron en la capital y otras ciudades se sumaron a las jornadas de manifestaciones con cierre de vías, cacerolazos y concentraciones.
Ya en este punto, ante la parálisis del sistema de transporte subterráneo y superficial y sin posibilidades de contener la revuelta social, Piñera retrocedió en la ejecución del aumento del metro. Sin embargo, esto tampoco sirvió para frenar las manifestaciones en repudio a su gobierno.
Posteriormente, el gobierno se vio en la necesidad de mover un fuerte contingente militar desde otras regiones para enfrentar la situación. Este movimiento sirvió como preámbulo a la aplicación del toque de queda en la capital chilena.
Con esta medida que contemplaba el control militar de las calles de Santiago, los chilenos vivieron un flashback de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. A pesar de esto, las protestas continuaron fuera de la capital y el toque de queda se extendió a otras regiones como Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, etc.
La crispación social fue mayor cuando el presidente de Piñera lanzó la consigna «estamos en guerra», haciendo referencia a un supuesto enemigo implacable y poderoso, que estaba «dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite», una sentencia similar a la proferida por dictador Pinochet, en aras fabricar en el imaginario social un «enemigo interno» que justificara la masacre contra el bloque social que se opuso a la dictadura.
OTROS RECLAMOS
Con la consigna «no son treinta pesos, son treinta años», el aumento del metro asomó el reclamo de otras deudas sociales que atraviesan a Chile producto de las políticas neoliberales aplicadas desde la época de la dictadura.
Un estudio revela que la desigualdad en Chile es desmedida, pues el 1% más rico se queda con más de un cuarto de la riqueza del país, mientras el 50% de las familias de menores ingresos tiene acceso solo al 2.1 %, refiere la BBC.
Los gremios de los sectores salud, transporte y educación también se sumaron a las movilizaciones para reclamar mejoras salariales. Un año antes de la crisis, en la nación suramericana ya reclamaban por el descenso en la calidad en el servicio de salud público y privado, donde los más afectados eran los pobres y adultos mayores por la forma en la que se organiza este sistema.
En cuanto al sector educativo, desde hace años demandan una educación pública gratuita.
La violencia de la protesta también se descargó contra la clase política chilena. Los sueldos mensuales de los senadores y diputados de ese país rondan cerca de los 10 millones de pesos (unos 11 mil dólares).
Esta cantidad representa un exabrupto para quienes los calificaron como «ladrones y corruptos». A pesar de que hubo resistencia por parte de un sector, la presión social hizo que entrara en discusión la posibilidad de que se redujera el sueldo de los parlamentarios, reconocido como uno de los más altos de Latinoamérica y el mundo.
¿EL FIN DE UNA ERA?
Pinochet es uno de los referentes más sonados en la actual crisis de Chile. Además de las actuaciones policiales y militares que evocan el periodo dictatorial, en el plano político se puso sobre el tapete el hecho de que la actual Constitución de ese país fue aprobada por el dictador en 1980.
Todas las demandas sociales en Chile confluyeron en la necesidad realizar cambios profundos en la estructura política del Estado, eso implica, entre otras cosas, desligar la Carta Magna de la era de Pinochet.
Las protestas forzaron la posibilidad de una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución, una situación que Piñera busca utilizar para sofocar las manifestaciones.
Las primeras manifestaciones en las que se demandaba justicia social en áreas vitales como salud y educación, evolucionaron a un punto en el que se pedía la renuncia de Sebastián Piñera y de todo su gobierno.
Con las últimas movilizaciones, reconocidas como las más multitudinarias en la historia del país sudamericano, se forzó la convocatoria a una Constituyente, a través de un plebiscito pautado para abril de 2020.
ACTUACIÓN DE LOS CARABINEROS Y MILITARES
Desde el inicio de la crisis, la actuación de la policía chilena tuvo fuertes cuestionamientos en medios y redes sociales. El uso desmedido de la fuerza, denuncias por abusos sexuales, mal empleo del armamento reglamentario, robos y desapariciones, fueron los hechos más denunciados.
Un estudio realizado por la Universidad de Austral de Chile reveló que el 80 % de los perdigones usados por los carabineros durante las manifestaciones «tienen alta concentración de plomo». De las cuatro muestras estudiadas, se determinó que además de plomo, los proyectiles presentan concentración de otros materiales metálicos.
Desde el inicio de la crisis, 230 chilenos han perdido la vista por disparos de la policía.
RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Unas de las actuaciones más cuestionadas durante el ciclo de protestas en Chile fue la de Michelle Bachelet. Si bien el uso desmedido de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado fue noticia a nivel global desde el 18 de octubre, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció el 21 de ese mes.
El hecho de ser chilena y presidenta del país en dos periodos no continuos, despertó la indignación de muchos de sus conciudadanos. Tres días después del pronunciamiento, la comisionada decidió enviar una comisión para «verificar» las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Para esa fecha, ya la cifra de asesinados se elevaba a 18 y se contaban 1.500 heridos, según un balance presentado por las autoridades un día antes de su pronunciamiento.
En cuanto a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya actuación de su secretario general, Luis Almagro, ha estado orientada de acuerdo a las decisiones de política exterior de Estados Unidos, era de esperarse que su foco estuviera sobre Venezuela y los países no alineados a EE.UU.
Desde que empezó el conflicto en Chile ni en su periodo de mayor violencia hubo un pronunciamiento por parte del secretario del organismo multilateral. Almagro se dedicó a validar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y a atacar a Venezuela y Cuba, mientras en Chile asesinaban a los manifestantes.
Cuarenta días después, el secretario se refirió a Chile solo para mencionar «los retos que enfrentan los sistemas democráticos en la región», ambigüedad que coincide con la postura de Estados Unidos, que, si bien no señaló a Venezuela directamente como responsable, se refirió a cierta influencia extranjera en el desarrollo de las protestas.
Por su parte, la alta comisionada del Parlamento Europeo, Federica Mogherini, llamó a «una ágil investigación de todos los crímenes y violaciones de los derechos humanos, de todos los sectores», al tiempo que elogió las medidas del gobierno para responder a las demandas sociales.
UN BALANCE DE LA VIOLENCIA
Hasta el momento, tras cumplirse más de un mes de las revueltas sociales en Chile, el Instituto Nacional de Derecho Humanos de ese país reportó que 23 personas han fallecido, según la última actualización.
Asimismo, el organismo afirma que ha recibido 340 denuncias contra agentes del Estado por diversos delitos. De ese total, 245 corresponden a denuncias por torturas y 58 casos de violencia sexual, detalla el informe.
De los 2.381 heridos, 217 fueron lesionados de gravedad por disparos al rostro. Por otra parte, se cuentan 6.362 detenidos en comisarías y centros de salud, amplía el documento.
EL ACTUAL ESCENARIO
Pese a los señalamientos de organismos defensores de derechos humanos locales e internacionales, en la actualidad las calles de Chile siguen tomadas por los organismos de seguridad. El Estado de Emergencia se levantó pero Piñera presentó un proyecto de ley para utilizar a las Fuerzas Armadas para «la protección de infraestructura pública».
A pesar los acuerdos entre oposición y gobierno, que incluye el plebiscito del año que viene, las movilizaciones siguen teniendo como demanda central la renuncia del presidente.
Hasta el momento, la consulta de 2020 le alarga la vida política a Sebastián Piñera. El panorama en el que se define si termina su mandato aún no está cerrado. Las grandes movilizaciones que congregaron a todos los sectores sociales de Chile, impulsores la Constituyente por la misma naturaleza que los conforma, no fueron capitalizadas por ningún sector político.
Entre tanto, España enviará especialistas en «control de masas» por petición del ejecutivo chileno, con el fin de «aprovechar la experiencia española, tanto en Cataluña como en el País Vasco». Así, el gobierno chileno busca cerrar a la fuerza un conflicto que hunde sus raíces en el quebradizo y catastrófico orden neoliberal.