El presidente chileno, Gabriel Boric, calificó de criminal el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, agregando que Chile no se subordina a ninguna potencia, en declaraciones a medios locales en el marco de la visita oficial que realiza hoy a Argentina.

CAPAC – fuentes Prensa Latina y Página 12

Por supuesto que el bloqueo y la Ley Helms-Burton me parecen criminales, al igual que todo lo que implican, pues generan daño a un pueblo, afirmó el mandatario en entrevista concedida al diario Página 12.

Aprovecho para llamar al levantamiento de sanciones que no contribuyen en nada a la solución de conflictos, sino que dañan a las personas, señaló.

Asimismo, indicó que la solución a cualquier diferencia debe buscarse por la vía diplomática y no mediante medidas coercitivas.

En respuesta a una pregunta sobre las relaciones entre su país y Estados Unidos, Boric aseveró que Chile no se subordina a ninguna potencia y ejercerá la autonomía en materia de relaciones internacionales.

Nuestro centro tiene que ser América Latina. Debemos recuperar esa vocación que durante algún tiempo en nuestra élite estuvo perdida. Yo me siento mucho más cercano a los sueños de José de San Martín y Bernardo O’Higgins que a quienes, de una u otra manera, despreciaron al vecindario, apuntó.

Ley Helms-Burton y su aplicación extraterritorial

Decretada en 1996, la Ley Helms-Burton y su aplicación extraterritorial recrudecieron el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas, concebido para asfixiar al pueblo de la isla mediante medidas unilaterales contrarias al Derecho Internacional.

Esa legislación tipifica limitaciones al comercio, la realización de transacciones, los viajes hacia y desde la nación caribeña, así como restricciones de la compraventa de propiedades en las que Cuba o sus nacionales tengan interés, entre otros aspectos.

En 2019, la administración del expresidente estadounidense Donald Trump concretó la activación del Título III de la ley, que plantea la posibilidad de reclamar ante tribunales de ese país por la nacionalización o expropiación de propiedades en Cuba.