México exige respetar su Embajada en Bolivia ante riesgo de asalto

Ante la presencia de policías y agentes de inteligencia en las inmediaciones de la embajada mexicana en La Paz, y denuncias en redes sociales de una inminente acción militar contra la sede diplomática, el gobierno de México reaccionó con un firme comunicado.

CAPAC – con información Prensa Latina y Primera Linea

El gobierno de México exige hoy respetar sus instalaciones diplomáticas en Bolivia, alrededor de las cuales observa desde hace más de un mes presencia excesiva de agentes de inteligencia y seguridad.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un comunicado expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad que vigilan su sede diplomática en Bolivia y la Residencia del embajador, desde el pasado 11 de noviembre.

‘El Gobierno de México llama a las partes que integran al Estado Plurinacional de Bolivia para respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas’, señala el texto.

‘México confía en que se respetarán la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos y se llevarán a cabo las medidas correspondientes para garantizar el resguardo y la protección de la integridad física del edificio de la Misión Diplomática tanto interior como exterior’, recalca.

También confía en que garantice la protección de los agentes diplomáticos acreditados, en cumplimiento a los compromisos internacionales de los que forma parte, agrega.

El pasado 10 de noviembre, el presidente de Bolivia Evo Morales renunció a su cargo en el contexto de un golpe de Estado. Dos días después, llegó a México, país que le concedió asilo político.

Unas tres semanas después, partió a Cuba de forma transitoria a asuntos de salud, y el día 12 de este mes se estableció en Argentina en condición de asilado político.

De acuerdo con un artículo denominado Asilados por México, son rehenes del gobierno de facto boliviano, firmado por Ernesto Reyes y al que tuvo acceso Prensa Latina, desde hace más de un mes un grupo de ex autoridades del gobierno del presidente Evo Morales se encuentran asiladas en la embajada de ese país a la espera del salvoconducto.

Señala el texto que el grupo de personas en la legación diplomática mexicana se encuentran en la lista de perseguidos políticos del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Murillo anunció que ‘iba a ‘cazar’ a los ex ministros de Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, respectivamente, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes acusó de promover y organizar acciones de sedición y terrorismo contra el ‘gobierno de transición’.

Ernesto Reyes precisa que las ex autoridades, seis ex ministros, un ex gobernador, un ex-viceministro y un ex-director de una entidad desconcentrada- ingresaron a la embajada de México entre el 10 y 11 de noviembre y obtuvieron su calidad de asilados el 15 de ese mismo mes, sin embargo, el gobierno de facto no les emite los salvoconductos en franca violación del derecho internacional.

En la sede diplomática, además de Quintana y Moldiz, se encuentran los exministros de Defensa, Justicia y Minería, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Cesar Navarro, respectivamente; el ex gobernador de Oruro, Victor Hugo Vásquez, y el ex director de Gobierno Electrónico, Nicolás Laguna, puntualizó.

Inminente intervención a la Embajada de México

En Primera Línea Noticias se denuncia la posible e inminente intervención de fuerzas que responden a la presidenta de facto Jeaninne Añez, contradiciendo todas las reglas internacionales diplomáticas.

Un Grupo de policías de élite del Ministerio de Gobierno que dirige Arturo Murillo, compuesto de 150 hombres, uniformados y civiles, están prestos a ingresar a la embajada de México, con el objetivo de detener a las personas que permanecen asiladas en dicha residencia.

En las últimas horas se han producido movimientos inusuales de vehículos y patrullas policiales alrededor de la Residencia y se han reforzado los puntos desde los cuales se vigila este lugar. De igual manera, se está incrementando el número de policías que, desde hace un mes, asedian el área desde puntos estratégicos.

La residencia se mantiene bajo asedio ininterrumpido las 24 horas del día, impidiendo el movimiento de los vecinos, la recepción de visitas, el acceso de radiotaxis. De hecho, patrullas motorizadas policiales del PAC intimidan a los choferes de radiotaxis siguiéndolos, enviando señales explícitas para evitar su retorno.

Violando flagrantemente la Convención de Viena, la Residencia está siendo objeto de un acoso y asedio policial que lastima la dignidad y soberanía del Estado Mexicano. De producirse una intervención de la Residencia, considerado territorio soberano e inviolable del Estado Mexicano, estaríamos enfrentando uno de los hechos más funestos en la historia de las relaciones internacionales de América Latina y el mundo.

Ni en las dictaduras más sanguinarias de Videla, Pinochet, Stroessner, Banzer o García Meza, se produjo un hecho de semejantes consecuencias. De la misma manera la embajadora de México está siendo vigilada y perseguida en todo momento, situación que merece la condena no solo de su gobierno sino de la comunidad internacional.

Denunciamos al mundo entero que las acciones policiales y los organismos de inteligencia han redoblado sus esfuerzos de control y hostigamiento mediante la instalación de dispositivos electrónicos y uso de drones que sobrevuelan la residencia.

Incluso, con el ánimo de intimidar a los asilados, el Ministerio de Gobierno envió un carro bombero colocándolo al frente de la residencia.

Hechos insólitos tales como la amenaza de detención o la pretensión de detener a personal administrativo de la residencia o el abusivo registro de pertenencias personales a los familiares que visitan a los asilados, son indicadores de las más flagrantes violaciones de los DDHH, que agreden la dignidad de quienes consideran que en Bolivia se vive en democracia.

Todos estos hechos revelan, una vez más, que en Bolivia se está viviendo bajo un régimen de excepción que se acerca peligrosamente al Terrorismo de Estado.

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