El senador republicano Marco Rubio fue elegido por Donald Trump como próximo Secretario de Estado de Estados Unidos. Rubio debe su trayectoria a sus posturas extremas en contra de Venezuela y Cuba.

CAPAC.- tomado de Telesur

La legislatura estadounidense impulsa una norma bipartidista, nominada «Ley Bolívar», que tiene por objetivo presionar al gobierno de Venezuela a partir de la ampliación de restricciones económicas.

En una nueva escalada del régimen estadounidense contra Venezuela, esta semana el Secretario de Estado, Antony Blinken reconoció a Edmundo Gonzáles Urrutia como supuesto presidente.

A este movimiento se le sumó la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista conocido como la «Ley Bolívar» (Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act).

Por su parte, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro calificó la «Ley Bolívar» como una «ofensa» al legado del Libertador, aludiendo al uso simbólico de su nombre para justificar medidas coercitivas.

¿Qué establece la «Ley Bolívar»?

El texto de la «Ley Bolívar» prohíbe a las agencias ejecutivas de Estados Unidos celebrar contratos con cualquier entidad que mantenga relaciones comerciales «significativas» con el gobierno de Venezuela, excepto aquellas aprobadas por el Secretario de Estado bajo criterios de «interés nacional».

Esta disposición amplía el alcance de las sanciones ya existentes, introduciendo mayor incertidumbre para actores internacionales que realizan operaciones en Venezuela.

El término «operaciones comerciales significativas», pieza central de la ley, no está claramente definido, lo que deja la interpretación en manos del Departamento de Estado y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Este vacío legal podría utilizarse como herramienta para ajustar las sanciones según los intereses estratégicos de Estados Unidos.

La discrecionalidad a la hora de aplicar o no este tipo de sanciones, sin embargo, establecen una serie de excepciones: se incluyen licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten a empresas internacionales, como Chevron y Repsol, seguir operando en Venezuela.

Esta posibilidad de determinar que empresas o personas son objeto de sanciones y cuales no a cargo del Departamento de Estado podría permitir flexibilidades según las prioridades estratégicas de la nueva administración Trump.

Es de resaltar que, Marco Rubio, quien liderará el Departamento de Estado, ha sido un defensor ferviente de sanciones más estrictas contra Venezuela y contra Cuba y se ha ganado el lugar como punta de lanza en el Capitolio contra los Estados socialistas de la región.

No obstante, en la «Ley Bolivar» se excluyen las actividades relacionadas con asistencia humanitaria y operaciones de inteligencia; acciones han sido utilizadas en el pasado para interferir en los asuntos internos mediante diferentes mecanismos como el financiamiento de medios opositores u organizaciones «no gubernamentales» destinadas a generar matrices de opinión contrarias al Gobierno electo.

Implicancias

Sin embargo, Francisco Rodríguez, economista especializado, afirmó al medio Misión Verdad que la ‘Ley Bolívar’ es más simbólica que efectiva. No introduce sanciones nuevas, pero refuerza el mensaje de una postura firme contra Maduro.”

Con todo, el impacto práctico de la legislación podría ser significativo. Al convertir disposiciones ejecutivas en normativas legislativas, limita la capacidad del Ejecutivo para modificar o eliminar las sanciones en el futuro, endureciendo la postura estadounidense.

En respuesta, desde Caracas la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión la Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo y la Defensa del País. Según la corresponsal de teleSUR, Madelin García, esta legislación busca proteger los intereses nacionales frente a la agresión económica estadounidense.

La ley venezolana contempla la inhabilitación perpetua de ciudadanos que promuevan acciones extranjeras contra el país y la recuperación de activos de opositores que, según el gobierno, han conspirado contra Venezuela desde el exterior.

El texto aprobado el pasado lunes 18 de noviembre aun debe obtener el visto bueno del Senado para convertirse en Ley, algo que medios especializados dan por hecho, y será el punto de partida para las relaciones que llevará adelante el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con Venezuela.