Los rectores de todo el país se declararon «en alerta» y Gerardo Morales debió dar marcha atrás. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, manifestó su «repudio más absoluto» por el ingreso de policías a las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy, al que calificó como una «intromisión ilegal».

CAPAC.- tomado de Página 12

El gobernador Morales intentó desligarse de los hechos, pero salieron a cruzarlo los rectores de universidades: «Es un avasallamiento de nuestras instituciones», dijeron las autoridades del Consejo Interuniversitario. 

La irrupción de la policía de Gerardo Morales dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) puso en alerta a la comunidad educativa nacional y cosechó el repudio de dirigentes y autoridades vinculadas al ámbito educativo en todo el país. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, calificó el hecho como una “violación de la autonomía” de la que gozan las casas de altos estudios, al tiempo que instó al gobernador a “sentarse a escuchar y acordar para resolver el conflicto” que se desató en provincia del norte a partir del rechazo a la nueva constitución local.

Perczyk manifestó “el repudio más absoluto a la ilegalidad de la intromisión en la UNJU” y explicó que “la Constitución Nacional asegura la autarquía universitaria y la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública solo podrá entrar con expresa orden del juez competente”. Fue luego de haber recibido al rector de la universidad jujeña, Mario Bonillo. «No podemos permitir que ocurra este tipo de hechos en Jujuy ni en ninguna universidad», agregó. 

El ministro, además, se hizo eco de un comunicado oficial de la UNJU en el que se alerta sobre «la suma gravedad institucional» que implicó el ingreso de los uniformados, que se produjo este miércoles en plena reunión de su Consejo Superior, en paralelo a una serie de allanamientos y detenciones en los domicilios de personas que habían participado anteriormente de las protestas contra la reforma constitucional.

En ese marco persecutorio, el rectorado de la UNJU puso sus instalaciones “a disposición del pueblo de Jujuy todas las unidades académicas y todos los espacios físicos donde se desarrollan actividades de extensión” con el objetivo de “ofrecer asilo universitario” a todos aquellos que tuviesen orden de detención. 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y las rectoras de las universidades nacionales, también repudió los hechos, «que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país». «Reafirmamos el compromiso con la educación pública en general y las universidades argentinas en particular, entendiendo que se trata de un bien público y social que el Estado debe garantizar, bajo el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por la autonomía universitaria, lo que exigimos a las autoridades competentes», expresó el CIN en comunicado firmado por su presidente, Carlos Greco, y su vicepresidente, Víctor Moriñigo.

Marcha atrás de Morales

Morales, en tanto, intentó desligarse de lo sucedido y pidió “sanciones” a los policías que ingresaron a la UNJU, como si él mismo no fuese el responsable político de la fuerza de la provincia. «Ya pedí sanciones para los policías que atropellaron la autonomía universitaria e irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy», fue el descargo de Morales, quien hasta describió el hecho como “un abuso de poder”.

Pero desde el CIN le recordaron a Morales que antes de la irrupción de su policía en la UNJU había amenazado con expropiar una sede de otra universidad nacional, la UBA, en Tilcara, a cuyo personal acusó de «incentivar los cortes» y protestas contra la reforma constitucional. El consejo de rectores señaló que la intención del gobernador de expropiar tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucará en el Centro Universitario Tilcara, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, «pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la Constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública».