El contrato firmado por Guaidó y la contratista militar Silvercorp da cuenta del papel que jugaría el gobierno de Jair Bolsonaro una vez ejecutado el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro e instalada las fuerzas de ocupación estadounidenses en el país.

CAPAC – Tomado de Misión Verdad – Foto: Marcos Correa

Las averiguaciones posteriores al golpe fallido en Venezuela no dejan lugar a dudas de la participación del gobierno de Iván Duque, así como de las alianzas con el narcotráfico para dotar de recursos logísticos a los mercenarios organizados por la empresa Silvercorp en territorio colombiano.

Sin embargo, hay un elemento descrito en las cláusulas del contrato firmado por Guaidó y la contratista militar Silvercorp que da cuenta del papel que jugaría el gobierno de Jair Bolsonaro una vez ejecutado el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro e instalada las fuerzas de ocupación estadounidenses en el país.

El medio Brasil de Fato reseña un fragmento de las 42 páginas del contrato, donde hace referencia al territorio y a las autoridades brasileñas.

En concreto, la Operación Gedeón no tendría ninguna restricción para entrar al territorio brasileño si los enfrentamientos con “fuerzas hostiles” lo requirieran (uno de los objetivos que se deriva del asalto al poder es la persecución y asesinato del chavismo en todas sus formas organizativas dentro del Estado venezolano).

Al igual que ocurriría con Colombia, el ejército mercenario de Silvercorp (apoyado por ejércitos y otros paramilitares extranjeros) podría invadir el espacio aéreo, terrestre y marítimo de Brasil sin la autorización al estado brasileño.

Para que ese supuesto escenario se diera, sería necesaria la subordinación de autoridades brasileñas al plan de la Casa Blanca. Conociendo el respaldo de Bolsonaro a la agenda golpista desde la autoproclamación de Juan Guaidó, no sería extraña la intervención de Brasil como otro factor más de la guerra tercerizada en nuestro país.

Brasil de Fato realiza una cronología para conectar varios hechos suscitados desde 2018. Vistos desde el contexto de la incursión fallida, reconfirman que los países satélites de EEUU en la región, lejos de trabajar por la “democracia en Venezuela”, apoyan causas criminales para violentar su integridad territorial.

En primer lugar, llama la atención la visita de Silvercorp a Brasil durante las elecciones presidenciales de 2018, un dato que fue publicado por BrasilWire. Dice el portal:

“El examen de las cuentas de los medios sociales de Silvercorp y su personal reveló que la empresa estuvo presente durante las elecciones, en las que el candidato de extrema derecha respaldado por EE.UU. Jair Bolsonaro llegó al poder (…) Silvercorp publicó desde su Instagram el 18 de octubre de 2018 —11 días después de la primera vuelta de las elecciones, y 10 días antes de la segunda vuelta — que se iban de Brasil, después de un tiempo no especificado”.

En 2019, destaca de la cronología de Brasil de Fato dos eventos.

El primero está relacionado a las articulaciones que estableció el ahora ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, entre las agencias de seguridad brasileña y la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI), elemento que forma parte de la judicialización política que llevó a la neutralización de la izquierda en Brasil bajo una supuesta lucha contra la corrupción.

“Los días 6 y 7 de septiembre del año pasado, el FBI ofreció capacitación en la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional con agentes de la Oficina del Fiscal Federal (MPF) y el Servicio de Impuestos Internos de la Unión, según se reveló en un informe de la Agencia Pública”, publica el portal brasileño.

Recordemos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos viabilizó en marzo la guerra tercerizada contra Venezuela bajo un enfoque similar de criminalizar a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto nivel, acusándolos de delitos de narcotráfico.

El otro evento fue la participación de Brasil en la activación de los mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela, junto a otros 11 países miembros del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos Colombia y Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2019.

Ese día se acordaron sanciones al gobierno de Venezuela bajo el alegato de “delitos de blanqueo de dinero y tráfico de drogas. Además de compartir información de inteligencia militar y financiera, también crearon una red de cooperación jurídica para luchar contra los presuntos delitos internacionales de la oficina del gobierno bolivariano”, dice el artículo de Brasil de Fato, escrito por Michele De Mello.

Mientras esto ocurría en el campo visible de la guerra, el antichavismo en Miami, Florida, concretaba de manera encubierta los acuerdos con Silvercorp para armar la incursión a Venezuela, que finalmente fueron sellados en un documento el 16 de octubre de 2019 por Juan Guaidó, JJ Rendón, Sergio Vergara y Jordan Goudreau, dueño de la contratista.

La agenda antichavista del año 2020 inició en Colombia con la Tercera Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, de la que salió la falsa acusación hacia el gobierno venezolano de patrocinar al Hezbolá y a las FARC, organizaciones políticas fichadas por Estados Unidos como “terroristas”. El evento fue conducido por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y abrió la gira internacional de Guaidó para coordinar con actores de Europa y la Casa Blanca, las próximas acciones irregulares en Venezuela.

“En la declaración final, se acordó (…) renovar su compromiso de fortalecer el control fronterizo mediante la formación de equipos conjuntos, incluidos equipos de investigación e inteligencia financiera, para localizar, rastrear, recuperar e incautar los activos de organizaciones consideradas delictivas en sus jurisdicciones”.

Una semana después, Colombia y Estados Unidos realizarían ejercicios militares en la base militar estadounidense de Tolemaida, donde miembros de las fuerzas militares de Brasil participarían en calidad de observadores.

El 5 de marzo, en el mes que se suponía iba a ejecutarse la Operación Gedeón según las confesiones de los implicados, se anuncia la retirada de dos diplomáticos de la Embajada de Brasil en Venezuela, decisión tomada por el apoyo de Bolsonaro al falso interinato de Guaidó.

No pudo concretar lo mismo a lo interno. Cuando se dispuso a expulsar al cuerpo consular venezolano en Brasil, el Supremo Tribunal Federal suspendió la orden.

Este desacuerdo entre los poderes estatales forma parte de la crisis política que atraviesa la gestión del presidente brasileño, agudizada por el manejo errático e irresponsable de la pandemia que ha puesto al país continental en el tercer lugar en el mundo con más casos de Covid-19, con una de las tasas de mortalidad más altas.

Aunque las intenciones de los grupos políticos afectos a Jair Bolsonaro en su país estuviesen en sintonía con los dictámenes de la Casa Blanca, las conspiraciones golpistas contra Venezuela hallarían un muro de contención en el cuerpo castrense.

No solo porque, a nivel de las relaciones militares, Venezuela y Brasil han sostenido encuentros que distan de la hostilidad de Bolsonaro, o que las Fuerzas Armadas brasileñas rechazaron apoyar una invasión militar estadounidense contra Venezuela.

Como se mencionó antes, el desastroso panorama sanitario en el territorio brasileño ha puesto a las instituciones en contra de las decisiones del presidente con mayor firmeza. Parte de la cúpula militar y el propio vicepresidente de Brasil, el general retirado Hamilton Mourao, están marcando distancia de esa crisis.

Los militares brasileños difícilmente se plegarían a una incursión armada, pues la doctrina militar brasileña no se corresponde con la activación de conflictos de esta magnitud que puedan poner en riesgo la propia soberanía de Brasil.