El doctor André Siquiera, especialista en medicina tropical, llegó a las tierras donde habitan los indígenas yanomami el pasado lunes 16 de enero. Pocos días después contó que había sido testigo de «la peor situación sanitaria y humanitaria» que jamás haya visto.

CAPAC.- tomado de CubaDebate

Siquiera, quien trabaja para el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Oswaldo Cruz, fue enviado allí por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El especialista en malaria visitó la región del Surucucu, en el estado de Roraima, y pasó por otras comunidades de la zona.

«Nuestro objetivo era hacer un diagnóstico rápido de la situación y crear un plan de acción para mitigar o resolver estos problemas, en colaboración con el Ministerio de Salud y los líderes yanomami», dijo el médico en una entrevista con BBC News Brasil.

«Lo que vimos fue una situación muy precaria en términos de salud, con pacientes que sufrían desnutrición grave, infecciones respiratorias, muchos casos de paludismo y enfermedades diarreicas. Junto a esto, había escasez de equipos y de estructura», afirmó.

Siqueira dice que se ha encontrado con casos de desnutrición extrema en familias enteras.

Visiblemente afectado, el médico confesó que es muy difícil afrontar esta situación, que califica de «catastrófica» y «desastrosa».

«Presenciar en la práctica este nivel de sufrimiento es muy pesado. Cuando toca el momento de enfrentarnos a ella lo hacemos, como si fueras con un piloto automático. Pero es después, cuando caemos en la cuenta, que vemos lo difícil de la situación», comentó.

«Vemos sufrir a los padres, a los niños y a toda la comunidad. Pero pese a todas las dificultades hay un gran sentido colectivo. Incluso la gente hambrienta, cuando recibe algo de comida, intenta compartirla con los que están allí», añadió.

El aumento de casos y muertes por malnutrición y paludismo en la reserva indígena yanomami alertó sobre la gravedad de la situación al gobierno brasileño, que decretó una emergencia de salud pública en este territorio.

Junto con una comisión de ministros y secretarios, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó a la región el pasado sábado y calificó la situación de «inhumana».

Desde el Ministerio de Salud brasileño se anunciaron una serie de acciones para intentar controlar la crisis, como la creación de un hospital de campaña y el envío de suministros y profesionales sanitarios.

Mientras, el Ministerio de Justicia ordenó una investigación para «esclarecer el delito de genocidio» que creen pudo haberse cometido en la región.

Según un cálculo del gobierno, 570 niños yanomami han muerto en los últimos cuatro años.

Y son muchos los que se preguntan cómo es que se ha podido llegar a esta situación. Fue así que, buscando entender esta crisis sanitaria, indagamos sobre los principales elementos que la rodean y lo que se está haciendo para revertirla.

La mayor reserva indígena de Brasil

Según el Instituto Socioambiental de Brasil (ISA), el territorio indígena yanomami está ocupado por ocho pueblos y cuenta con unos 26.700 habitantes. Su superficie se extiende por unos 9,6 millones de hectáreas (el equivalente a 13.800 campos de fútbol).

Fue reconocida y ratificada por el gobierno brasileño en 1992, mediante un decreto firmado por el entonces presidente Fernando Collor de Mello.

El territorio está situado entre los estados de Roraima y Amazonas, al norte del país, en la frontera entre Brasil y Venezuela.

Es una región que está expuesta a cuatro «riesgos potenciales y problemas existentes», como explica el ISA: mineros, pescadores, cazadores y ganaderos.

Entre estas amenazas, la minería se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la región y de los especialistas en la materia.

«Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la TIY [Tierra Indígena Yanomami]. Sin embargo, su escala e intensidad han crecido de forma impresionante en los últimos cinco años», destaca el informe «Yanomami Bajo Ataque», publicado en abril de 2022 por la Hutukara Associação Yanomami y la Associação Wanasseduume Ye’kwana, con el asesoramiento técnico del ISA.

En su balance sobre la extracción ilegal de oro y otros minerales en esta región destaca que entre 2016 y 2020 se registró un aumento de esa actividad de un 3.350%.

Los autores del informe explican que hay varias razones que explican esta expansión, como «el aumento del precio del oro en el mercado internacional», «la falta de transparencia en la cadena de producción del oro», «el debilitamiento de las políticas medioambientales y de protección de los derechos de los pueblos indígenas» y «el agravamiento de la crisis económica y el desempleo en el país», entre otras.

Todo ello está vinculado, según señalan, a «pérdidas considerables» en la calidad de vida de los habitantes de la región, con un empeoramiento de los indicadores de violencia, salud y apoyo social.

Consecuencia directa

En resumen, las asociaciones indígenas de la región señalan que la minería ilegal está relacionada con tres impactos inmediatos en la salud de la población.

En primer lugar, «la actividad minera ilegal está asociada a una mayor incidencia de enfermedades infecciosas y contagiosas entre las comunidades indígenas, especialmente la malaria».

Siqueira explica que los mineros circulan por muchas zonas y suelen utilizar medicamentos de contrabando que pueden ayudar a minimizar los síntomas de la malaria, pero no eliminan el parásito de su organismo.

«Acaban convirtiéndose en una fuente de propagación [del patógeno], porque llevan el protozoario que causa la enfermedad a regiones donde ya se encontraba el mosquito transmisor, pero que tenían la situación bajo control», dice el doctor.

En segundo lugar, la minería depende del uso de mercurio, un compuesto tóxico que contamina el agua y los alimentos que consumen las personas. La exposición a esta sustancia está relacionada con una serie de daños para la salud, como enfermedades neurológicas en los recién nacidos.

En tercer lugar, las entidades denuncian que «la situación de inseguridad generalizada impuesta por la mayor circulación de mineros armados en las diferentes regiones del TIY ha impactado en la atención de salud de las comunidades indígenas, con el abandono total de los puestos sanitarios en algunos casos e incluso la ocupación de carreteras y vías comunitarias en beneficio de las operaciones y abastecimiento de la minería».

«También es habitual la denuncia del desvío de medicamentos reservados a los indígenas para atender a los mineros».

Siqueira añade que si el paludismo se diagnostica y se trata en las 48 horas siguientes a la aparición de los síntomas, es posible reducir la transmisión a otras personas.

«Pero esto no ocurre en la práctica. La minería desmoviliza a los equipos de profesionales, que ya no pueden recoger a los pacientes infectados y llevarlos a los centros sanitarios», afirma.

La combinación de estos diversos factores desencadenados por la minería -aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios- ayuda a explicar las imágenes compartidas en los últimos días, que muestran a niños desnutridos y adultos y ancianos en estado crítico de salud.

El informe publicado por el Instituto Socioambiental cita el ejemplo de lo ocurrido en el puesto de atención en Arathau, cerca del río Parima.

«En 2020, se realizaron 11.200 asistencias sanitarias en este lugar, cifra que un año después se redujo a 2.800».

Explican que debido a esta situación, «varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado y algunos incluso murieron».

«Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también el de dos niños en Xaruna, que murieron de malaria en octubre, o un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía en noviembre».

Un boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud en mayo de 2022 ofrece una visión general de la situación de la malaria en 2021.

Las estadísticas revelan que el país registró 145.000 casos de paludismo ese año. De ellos, 45.000 se diagnosticaron en tierras indígenas, lo que supone un descenso del 5,4% respecto a 2020.

Pero que en las zonas mineras se registraron 20.400 casos, lo que supone un aumento del 45,3% respecto al año anterior.

Ya en este informe, el gobierno admite «la necesidad de desarrollar estrategias específicas de prevención y control de la malaria en el contexto de vulnerabilidad de las zonas» mineras.

Importancia nacional

El pasado viernes, el presidente Lula utilizó Twitter para anunciar que realizaría una visita a la región.

«Recibimos información sobre la absurda situación de desnutrición de los niños yanomami en Roraima. Mañana viajaré al estado para ofrecer el apoyo del gobierno nacional y, junto con nuestros ministros, actuaremos para garantizar la vida de los niños yanomami», escribió.

Ese mismo día, el Ministerio de Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional en este territorio indígena.

En un comunicado, el gobierno detalló que técnicos de ese organismo se encuentran en la región yanomami desde el 16 de enero.

«El grupo se ha encontrado con niños y ancianos en grave estado de salud, con desnutrición severa, además de muchos casos de paludismo, infección respiratoria aguda y otras condiciones de gravedad».

Según compartió en sus redes sociales la ministra de Salud, Nísia Trindade Lima, hubo «tres muertes infantiles entre el 24 y el 27 de diciembre y más de 11.000 casos de malaria el año pasado».

«Si alguien me hubiera dicho que aquí en Roraima se trata a la gente de forma inhumana, como he visto que se trata aquí a los yanomami, no lo creería», lamentó.

También criticó al expresidente Jair Bolsonaro.

«Sinceramente, si el presidente que dejó la presidencia estos días en vez de salir tanto en moto tuviera vergüenza y hubiera venido aquí una vez, quién sabe, a lo mejor esta gente no estaría tan abandonada como está».

A través de la aplicación Telegram, Bolsonaro calificó el discurso de Lula como una «farsa de la izquierda» y dijo que «de 2020 a 2022, se llevaron a cabo 20 programas de salud que llevaron la atención especializada a los territorios indígenas».

Para Siqueira, la visita de varios representantes del gobierno nacional el sábado fue muy bien recibida.

«Se trata de algo bastante fuerte, y de esta forma demuestran que se están tomando medidas y que van a haber garantías», valora.

Próximos pasos

Durante su visita a Roraima, Lula prometió combatir la explotación de los recursos minerales de la región.

«Vamos a tomarnos muy en serio esta historia de acabar con cualquier tipo de minería ilegal», dijo.

«E incluso si se trata de un terreno que cuenta con autorización de la agencia para realizar prospecciones, éstas pueden llevarse a cabo sin destruir el agua, sin destruir el bosque y sin poner en peligro la vida de las personas que dependen del agua para sobrevivir», afirmó.

Siqueira entiende que es necesario pensar en acciones a corto, medio y largo plazo.

«Es necesario restablecer la asistencia sanitaria a esta población, que vive una situación de catástrofe y emergencia».

El gobierno también ha empezado a distribuir cestas de alimentos y complementos alimenticios para combatir la desnutrición.

Entretanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, reveló que solicitará la apertura de una investigación en la Policía Federal para averiguar los posibles delitos cometidos.

«Hay fuertes indicios de un delito de genocidio, que será investigado por la policía», dijo Dino.

Siqueira cree que la situación de los yanomami debe llamar la atención sobre lo que ocurre en otros territorios indígenas del país.

«Sabemos que hay problemas en zonas del Río Negro y en el Alto Solimöes, por ejemplo. Estuve allí el año pasado y vi situaciones similares de falta de asistencia y cuidados», contó.

«Es algo que hay que abordar urgentemente, porque nuestra humanidad depende de ello», concluyó el doctor.

(Tomado de BBC News Mundo)