El sábado 8 y domingo 9 de febrero, se realizará un acto en reivindicación al Operativo Independencia, acción militar que estuvo destinada a reprimir el foco guerrillero liderado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que pretendía consagrar una “zona liberada” en Tucumán. La represión del operativo fue el laboratorio del Terrorismo de Estado

CAPAC – con información de InfoBaires24, Fiscales.gob.ar y Argentina.gob.ar

Tucumán será sede de un homenaje al Operativo Independencia. Los homenajes son promovidos por las negacionistas asociaciones de excombatientes, militares y familiares de las víctimas, y se llevarán a cabo en las ciudades tucumanas de Teniente Berdina y Yerba Buena.

El evento incluye un acto frente a la Casa Histórica de Tucumán, en la noche del 8 de febrero. También contará con un desfile de antiguos soldados que hace 50 años formaron parte del Operativo Independencia.

“Queremos mostrar que hubo una historia escondida que nadie quiso ver. Con dos bandos enfrentados y gente en el medio. Un baño de sangre que no tenemos que repetir”, explicó el abogado y expiloto comercial Héctor Guillermo Sottovia.

¿Qué fue el Operativo Independencia?

El 9 de febrero de 1975 se iniciaba en cumplimiento del Decreto 261 del Poder Ejecutivo Nacional el Operativo Independencia en los cerros tucumanos. El mismo aseguraba la participación de 5 mil efectivos de la V Brigada de Infantería, la Policía Federal y a Gendarmería Nacional bajo el comando del general Adel Vilas. En diciembre, sería reemplazado por Antonio Domingo Bussi.

El objetivo del Operativo Independencia era “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de lo que se definía como “elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. Las Fuerzas Armadas instalaron en la provincia un régimen de terrorismo de Estado con violación masiva de derechos humanos, desapariciones forzadas y el establecimiento de centros clandestinos de detención.

En el Operativo Independencia se implementaron un conjunto de prácticas ilegales como secuestros, ejecuciones sumarias, torturas en espacios clandestinos de encierro y desaparición de cadáveres. Se considera que Tucumán fue el “laboratorio” del terrorismo de Estado en la Argentina.

“Con la mira puesta en erradicar al ‘marxismo’, la represión se extendió a los colegios, la Universidad Nacional de Tucumán, diferentes iglesias y sindicatos combativos. Al tiempo que se avanzaba en las tareas de inteligencia sobre la población, el Ejército buscó el apoyo de los habitantes del monte mediante una campaña de ‘acción cívica’, o sea, de obras de bien público vinculadas a la educación, la salud, el deporte y la ayuda social. En un trabajo en conjunto realizado con el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, se inauguraron centros asistenciales, se llevaron adelante campañas sanitarias, se repararon escuelas, se repartieron alimentos, útiles y se dieron subsidios”

El juicio

En el año 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los cuales calificó como de lesa humanidad.

La Megacausa

En el marco de esta Megacausa, se juzgaron centenares de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en la provincia de Tucumán entre febrero de 1975 y julio de 1977, que fueron investigadas en cinco causas unificadas, dictándose sentencias en Octubre de 2020

El Tribunal Oral Federal de Tucumán emitió hoy su veredicto que condenó a la pena de cadena perpetua a los imputados Fernando Torres, Luis Orlando Varela y Adolfo Ernesto Moore. En tanto que sentenció a la pena de 18 años de prisión a Alberto Héctor Rafael Montes De Oca y José Carlos Sowinski; a 16 años a Benito Palomo y Carlos Alberto Lafuente; y a 14 años a Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Félix Insaurralde, Hugo Javier Figueroa, Guillermo Agustín Ugarte, Ángel Custodio Moreno y Luis Armando De Cándido. Por su parte Juan Francisco Nougués y Ernesto Rivero fueron condenados a 10 años.

En su resolución, además, los jueces absolvieron a nueve de los imputados.

Es oportuno destacar que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos había pedido la condena a prisión perpetua de 15 imputados: 4 de ellos integrantes del Ejército, 3 de la Gendarmería, y 8 de la Policía Provincial.

Cerca de 1.000 testimonios y 12 inspecciones oculares a diferentes centros clandestinos, además de abundante prueba pericial respecto de la localización de las fosas comunes usadas para la inhumación clandestina de personas e identificación de sus restos óseos pudieron determinar la responsabilidad de los condenados. Recordemos que 264 de las 335 víctimas de estos hechos, padecieron los crímenes durante el Operativo Independencia entre febrero de 1975 y marzo de 1976.