Numerosos sectores de la sociedad en Ecuador mantienen las demandas por el respeto a sus derechos, a un año del paro desarrollado en ciudades del país contra las medidas económicas del gobierno nacional.

CAPAC – por Sinay Céspedes Moreno, fuente Prensa Latina

Estudiantes universitarios, docentes, trabajadores de empresas públicas y privadas, exigen al Ejecutivo políticas encaminadas a aliviar la crisis económica nacional y a garantizar un manejo adecuado de la emergencia sanitaria por la Covid-19, sin afectar a la ciudadanía, en especial a las familias de menos ingresos.

Pese a las restricciones y protocolos existentes para frenar la enfermedad, causante de cerca de 13 mil muertes desde el inicio de su propagación por el país en marzo último, participantes en el levantamiento de octubre de 2019 volvieron a hacer de las calles epicentro de reclamos.

Justo el primer día del mes, representantes de decenas de organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos, así como estudiantes, personas cesadas en el contexto de la pandemia y comerciantes informales marcharon por el centro capitalino en protesta contra la contracción financiera existente en numerosos núcleos familiares.

La caminata fue espacio además para recordar las protestas ocurridas del 3 al 13 de octubre de 2019, a partir del repudio de los transportistas al Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles, y a las cuales se unieron al siguiente día empleados públicos, docentes, universitarios, amas de casa, campesinos e indígenas, quienes salieron de sus comunidades para marchar en Quito.

Homenaje a las víctimas de las movilizaciones

Asimismo, las acciones de principios de este octubre sirvieron de homenaje a las víctimas de las movilizaciones, marcadas por una fuerte ola de represión desde la policía nacional y las Fuerzas Armadas, cuyos responsables aún permanecen en impunidad.

En tributo a los reclamos nacionales, a los muertos, heridos y detenidos como resultado de ese levantamiento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) declaró octubre como el Mes de la Resistencia Indígena y Popular, y, en consecuencia, la ciudadanía continúa alzando la voz.

Reivindicar la lucha de octubre 2019 y defender los derechos del pueblo son ahora los principales motivos de las nuevas concentraciones, no solo por temas económicos y de mal manejo de la pandemia, sino también por razones políticas.

Además de rechazar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica mayores perjuicios a la población y exigencias al Estado, la protesta es contra los recortes presupuestarios a la educación pública superior y politécnica, el aumento de despidos intempestivos y atrasos en pagos de jubilados, entre otros factores.

En el plano político, la situación responde a quejas por persecución contra el movimiento progresista Revolución Ciudadana, perteneciente a la Coalición Unión por la Esperanza (UNES), que tiene al expresidente de la república Rafael Correa entre sus máximos líderes.

Desde UNES, son crecientes las denuncias de intentos de proscribir a la organización

Desde UNES, son crecientes las denuncias de intentos de proscribir a la organización, que según encuestas es la de mayor popularidad de cara a las elecciones generales previstas el 7 de febrero de 2021, las cuales son consideradas por muchos como esenciales para definir el futuro del país.

El panorama actual ha puesto a Ecuador en la mira internacional, pues organizaciones sociales, parlamentarios de varias naciones y figuras de la cultura y la política siguen las protestas y el proceso comicial, en medio de críticas a la guerra judicial que estiman el Ejecutivo desarrolla contra quienes son oposición desde la Revolución Ciudadana.

Mientras, a lo interno, la Conaie y gremios estudiantiles y de trabajadores insisten en exigir a las autoridades respeto a sus derechos y reparación para las víctimas de octubre de 2019, mientras reiteran que la administración nacional ha logrado imponer las medidas rechazadas hace un año, en caso omiso a los reclamos legítimos de la ciudadanía.

‘Estaremos hasta las últimas consecuencias por los perseguidos, los encarcelados, los familiares que perdimos’, alertó la Confederación al presentar ante la Fiscalía General una demanda contra el Estado por crímenes de lesa humanidad.

Junto a otras organizaciones, la Confederación responsabiliza fundamentalmente al presidente, Lenín Moreno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el comandante general de la Policía, Hernán Carrillo, de permitir la violencia desatada contra los manifestantes en octubre de 2019.

Aunque la lucha continúa desde diferentes puntos de Ecuador en el denominado Mes de la Resistencia, los demandantes planean extender las acciones a organismos internacionales si sus pedidos no son escuchados por las autoridades pertinentes en este territorio sudamericano, donde quienes se movilizan hoy alegan que lo hacen en defensa de la vida.