En sólo nueve meses de gobierno, el actual mandatario colombiano ha puesto infinidad de obstáculos en el camino hacia la paz que se había comenzado a recorrer con el acuerdo firmado en 2016.

Por Hector Bernardo – Diario contexto

Desde que Iván Duque asumió el gobierno, en agosto de 2018, el camino para la paz de Colombia se ha cubierto de obstáculos. El gobierno rompió el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nación (ELN), intentó boicotear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por inacción o complicidad permitió o fomentó los asesinatos de líderes sociales, la Fiscalía General arrestó ilegalmente, con la intención de extraditarlo a Estados Unidos, a uno de los principales jefes de las FARC, Jesús Santrich, y recientemente un periodista de The New York Times, Nicholas Casey, denunció que el gobierno colombiano promueve, nuevamente, que las Fuerzas Armadas realicen ejecuciones extrajudiciales –asesinatos a sangre fría–. Cada uno de esos actos ha golpeado fuertemente el acuerdo firmado en 2016. Sin embargo, el pueblo colombiano sigue con la movilización y la lucha en la búsqueda de la paz definitiva.

Décadas de enfrentamiento dejaron en Colombia miles de muertos y millones de desplazados. Mucha sangre corrió por calles y parajes. Mucho esfuerzo y diálogo se requirió para que en 2016 el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos y la principal fuerza guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmaran un Acuerdo de Paz.

La guerrilla se desmovilizó, se desarmó y se transformó en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El gobierno mostró desidia

La guerrilla se desmovilizó, se desarmó y se transformó en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El gobierno mostró desidia. No supo, no quiso o no pudo –o una combinación de las tres– implementar eficazmente el Acuerdo de Paz. El asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y promotores del Acuerdo se volvió cotidiano.

En agosto de 2018 llegó al gobierno Iván Duque, el alfil político del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe Vélez. Inmediatamente comenzó a trabajar para poner todos los obstáculos posibles en el camino hacia la paz. Durante su gobierno, el asesinato de líderes sociales creció exponencialmente. En sólo nueve meses fueron asesinados 165 líderes sociales. Un asesinato cada 36 horas.

El mandatario colombiano planteó la necesidad de hacer reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un acto violatorio del Acuerdo de Paz.

En enero de 2019, el mandatario colombiano usó como excusa un atentado realizado por un sector de la guerrilla para poner fin a la mesa de negociación con el ELN. Poco tiempo después, planteó la necesidad de hacer reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un acto violatorio del Acuerdo de Paz. La JEP es un punto clave del acuerdo firmado en 2016.

El ex líder guerrillero y miembro del partido FARC Jesús Santrich fue arrestado ilegalmente con la intención de extraditarlo a Estados Unidos. El viernes 17 de mayo los magistrados que integran la JEP determinaron que Santrich debía ser liberado de inmediato por falta de pruebas y que el pedido de extradición violaba el Acuerdo de Paz. Minutos después de ser liberado, fue arrestado nuevamente bajo la supuesta «aparición de nuevas pruebas en su contra» (a pesar que tras un año de arresto no había aparecido prueba alguna).

El gobierno promovía, nuevamente, que las Fuerzas Armadas realicen ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente, Nicholas Casey, periodista de The New York Times, aseguró que tuvo que huir de Colombia tras haber denunciado que el gobierno promovía, nuevamente, que las Fuerzas Armadas realicen ejecuciones extrajudiciales. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) se implementó lo que luego se conoció con el nombre de «falsos positivos», el fusilamiento de prisioneros o civiles secuestrados que luego eran declarados por el gobierno como «guerrilleros muertos en combate». Esos crímenes eran disfrazados de acciones heroicas y se los mostraba como parte de una política «exitosa» en la lucha contra la guerrilla. La denuncia del periodista de The New York Times indica que el actual presidente intenta seguir los pasos de su jefe político Uribe.

A pesar de todas estas agresiones, el ataque de la derecha representada no ha logrado torcer la voluntad del pueblo colombiano y sus dirigentes políticos y sociales, que continúan firmes en la lucha en defensa de la paz tan buscada. El camino se ha colmado de obstáculos, pero cuando un pueblo está decidido a construir un mejor futuro no hay barrera que logre frenarlo.