La Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires y organismos de derechos humanos realizaron hoy una conferencia de prensa para denunciar la brutal represión que imparte el gobierno chileno de Sebastián Piñera sobre una comunidad que se manifiesta en contra de las políticas de ajuste. Entre los presentes, se destacó la participación del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Norita Cortiñas, y el presidente la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler.

Por Anabella Almonacid Fernández – CAPAC

Foto Alberto Borda

“El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Mesa de Encuentro por el Trabajo Digno, junto a sus organizaciones integrantes, sociales, sindicales, empresarias y académicas, como así también, orgánicas sociales y políticas, expresan su preocupación por las situaciones de violencia en Chile y que ya se manifestaron en nuestros países hermanos de Haití, Honduras, Ecuador, resultante de la aplicación de políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que afectan la posibilidad de una vida digna de las personas y los pueblos, destruyen el ambiente y refuerzan un modelo inviable de desarrollo”, denuncia el documento presentado en la conferencia de prensa, que se realizó hoy, a las 14, en la sede del SERPAJ (Piedras 730), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un concurrido encuentro, que horas más tarde seguiría frente a la Embajada de Chile en Argentina, Cortiñas explicó que tiene “mucho dolor” por lo que está pasando en toda América, aludiendo a la violencia institucional que se mantiene hace cinco noches con toque de queda y seis días de Estado de Emergencia, primero, pero también recordando el sufrimientos de los pueblos de Haití, Honduras, Ecuador, que asfixiados por políticas de hambre salieron a manifestarse y recibieron las represiones más cruentas de la historia reciente de América Latina y el Caribe. “El Gobierno de Argentina también tiene actitudes inmorales con el pueblo pobre”, sentenció Cortiñas, al mismo tiempo que denunció la persecución política que sufre la Comisión Provincial por la Memoria y los Derechos Humanos.

En ese contexto, la Asamblea de Chilenos Residentes en Argentina declaró que “hemos sido testigos de la rebelión popular más grande de los últimos años en Chile. La respuesta fue violencia y represión”. Además, denunciaron que los ciudadanos están registrando que es la misma Policía la que ejecuta saqueos e incendios y siembran el terror por orden del presidente y lo hacen responsable de las muertes y desaparecidos.

“Reafirmamos la necesidad del diálogo y el encuentro de posiciones diversas en pos de la construcción de una democracia sustantiva, con justicia social, basada en la producción y el trabajo y en la solidaridad. Rechazamos toda estrategia política, económica y social que apunte a sostener un modelo de acumulación sustentado en la especulación financiera, la irresponsabilidad ambiental, y la acumulación rentística como único criterio de toma de decisiones. El establecimiento del Estado de Emergencia y la suspensión consecuente de los derechos restringe la democracia y somete la vida humana al arbitrio de las fuerzas de seguridad”, precisó el documento firmado por los organismos de derechos humanos, movimientos sociales y organización políticas y sindicales.   

A su turno, Esquivel condenó el accionar del gobierno de Piñera y aseguró que “es parte de las políticas que quieren imponer en América Latina, estamos frente a un Operativo Cóndor 2 y utilizan a la justicia para perseguir a los gobiernos progresistas. Debemos unirnos para hacer frente a esta grave situación. El presidente debe urgentemente retirar a todas las fuerzas armadas de las calles de Chile”.

Al toque de queda y Estado de Emergencia se le suma un blindamiento mediático, que sólo permite fronteras afuera ver las manifestaciones en videos caseros, que transmiten los propios manifestantes. La Asociación Americana de Juristas, condenó enérgicamente la situación descrita y compartió las cifras oficiales que la violenta represión dejó hasta el día de ayer “17 muertos, de los cuales 4 ya han sido determinados como producto de los militares, 226 heridos, 13 de ellos graves, 2151 detenidos”.  Ante esta grave situación, la AAJ se suma al rechazo del estado de excepción declarado por el gobierno chileno, vulnera los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por el gobiernos chileno. De esta manera, se violentó el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, la libertad de expresión, el debido proceso y otros derechos que deber regir plenamente. El estado de excepción impide el diálogo y agudiza el conflicto generando más violencia.