El Gobierno chileno debe responder sobre el origen y los costos del informe ‘big data’ sobre la supuesta influencia extranjera en las movilizaciones que se registran desde hace más de dos meses en el país, declaróla diputada del partido Comunes (izquierda), Claudia Mix.

CAPAC –  publicado en Sputniknews

«Hemos enviado tres oficios instando al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y su ministra, Karla Rubilar, a la Secretaría de Comunicaciones, al Ministerio del Interior y su ministro, Gonzalo Blumel, y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para conocer el origen y los fondos utilizados para realizar el informe», señaló la legisladora.

Subversión urbana internacional o la demencia del poder

La crisis social que atraviesa actualmente Chile, con múltiples manifestaciones ciudadanas en las calles, estalló el 18 de octubre cuando siete estaciones de Metro fueron incendiadas de manera casi simultánea en rechazo a un aumento de precio que el Gobierno tenía planeado implementar durante esos días al servicio de trenes.

Desde entonces, el presidente Sebastián Piñera ha sostenido la tesis que ese ataque, y los posteriores desmanes durante la crisis han sido gestionados o fomentados por grupos extranjeros, entregando minutas a los medios de comunicación con sospechas de influencia de ciudadanos venezolanos y cubanos, declarando en conferencias de prensa que recibió información sobre supuestos grupos anarquistas, pero sin entregar detalles claros.

En la misma línea, el 19 de diciembre el ministro del Interior aseguró que la ANI le pasó al Gobierno un documento con información «extraordinariamente sofisticada» a partir de un análisis de macro datos (big data) que supuestamente confirmaba las sospechas de Piñera, y explicó que el documento fue entregado a Fiscalía.

Fiscalía desestima que la crisis social esté alimentada desde afuera

Sin embargo, Fiscalía salió rápidamente a desmentir al Gobierno afirmando que ese documento no entregaba detalles sobre comportamientos delictuales de grupos extranjeros ni supone ningún antecedente para investigar el caso.

Aunque la opinión pública no pudo conocer los detalles del informe debido a la confidencialidad que estableció la ANI, el diario La Tercera publicó algunos fragmentos del informe.

Lo sorprendente fue que el reporte, de 112 páginas, no contenía inteligencia militar, sino que se trataba de una recopilación de comentarios vertidos en redes sociales por famosos y usuarios comunes que tuitearon contra el Gobierno desde el comienzo del estallido social, generando burlas y rechazo de manera transversal.

El informe hizo un compilado de los artistas que criticaron al Gobierno, entre los que se encuentra el cantante español Ismael Serrano, el actor argentino Juan Diego Botto, la artista nacional Mon Laferte, los futbolistas chilenos Claudio Bravo y Gary Medel, la joven comediante chilena Paola Molina, y algunos medios extranjeros como Actualidad RT, de Rusia, y la cadena informativa TeleSur.

El ‘k-pop’, entre las «influencias extranjeras» en el estallido social de Chile

Algo que llamó particularmente la atención de los medios nacionales e internacionales fue el análisis que se hizo sobre los usuarios jóvenes de redes sociales, sindicado como el grupo más grande dentro de los que animan las movilizaciones y cuya principal característica, según el estudio, es que son «fanáticos del K-Pop», estilo musical surcoreano de moda entre los adolescentes.

Aquello generó una cadena de memes con fotos de músicos coreanos incendiando metros y otros chistes, los que llegaron incluso a la televisión asiática.

«Es un informe pobre que llegó a conclusiones pobres, afirmando de manera irresponsable y liviana que el estallido social en Chile pudo haber sido influido por el K-Pop», afirmó a Sputnik el director del Observatorio Política y Redes Sociales de la Universidad Central, Nicolás Freire.

El experto explicó que los datos obtenidos «se utilizan en marketing; es información que puede servir para hacer una campaña publicitaria a Coca Cola o Toyota, pero no se puede hacer un análisis politológico ni menos de inteligencia con aquello».

El 23 de diciembre, después de recibir críticas incluso desde su propio sector por la precariedad de los datos, el Gobierno emitió un comunicado de prensa señalando que el documento no fue recibido por ellos, sino que solo actuaron como puente entre la ANI y la Fiscalía, y aseguraron que no se utilizaron recursos públicos para su realización, dejando la duda sobre qué empresa o entidad lo redactó, y por orden de quién.

Inteligencia

Para el diputado socialista Raúl Leiva (centro izquierda), integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara Baja, uno de los principales problemas que evidenció este informe son las falencias de la ANI y el sistema de inteligencia chileno en general.

«En el país no existe un sistema de inteligencia con capacidad de poder responder a las necesidades del Estado; la ANI no es capaz de proporcionar información para poder implementar políticas públicas de manera correcta y adecuada», afirmó.

Los cuestionamientos a la ANI provinieron de todos los sectores, principalmente apuntando a que ya han pasado más de dos meses y no se ha publicado ningún antecedente sobre supuestos grupos organizados atacando simultáneamente tantas estaciones de metro en distintos puntos de la capital; principalmente, se ha repetido la pregunta de, en caso de haber sido así, por qué la inteligencia chilena no pudo prever un ataque tan masivo.

Mientras tanto, a pesar del cerco mediático y la intransigencia de la derecha política, las protestas populares continúan en un Chile que despertó y parece decidido a no volver a dormir 30 años más.