El papel fundamental que cumplieron distintas ONGs, financiadas por Estados Unidos y países satélites, en la preparación del golpe contra el Presidente Evo Morales en Bolivia.

Por Capac – Tomado de Misión Verdad

El proceso de intervención y guerra asimétrica de Estados Unidos y otros países del Norte Global contra el gobierno de Evo Morales Ayma en Bolivia ha sido sistemático y multifactorial, sin embargo, pueden distinguirse algunas dimensiones que ayudan a identificar cómo las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) jugaron roles preponderantes para reacomodar y desarticular la noción y estructuración del Estado-nación.

Mediante campañas en los medios y manifestaciones masivas contra la «corrupción», por los «derechos humanos», la «democracia», la «libertad», dirigidos al gobierno objetivo, Estados Unidos hace un uso hábil de las ONG para llevar a cabo sus planes, que a menudo apelan a los valores y sentimientos apreciados de la izquierda liberal y el centro-convergente.

Estados Unidos busca derrocar a los presidentes elegidos democráticamente a través de campañas mediáticas de mentiras y medias verdades, incitando el descontento social, deslegitimando al gobierno, provocando violencia en las calles, trastornos económicos y huelgas.

El formato estándar implica el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) para ayudar a financiar a las ONG para que hagan el trabajo sucio. Éstas se han convertido en la cara «humanitaria» de la intervención imperialista.

Detrás de la retórica de la «promoción de la democracia», Washington aspira a imponer regímenes neoliberales que abran sus mercados a los Estados Unidos sin condiciones y se alineen con su política exterior.

En el caso del reciente golpe de Estado en Bolivia, el trabajo de las ONG es una demostración de cómo se aceleran los procesos de desconfiguración del tejido social mediante el financiamiento continuo y el trabajo sistemático de la diplomacia estadounidense en cooperación con actores locales.

ENTRE LO INDÍGENA Y LO AMBIENTAL: CAPÍTULO TIPNIS

El Centro para la Democracia, Avaaz y Amazon Watch, tres ONG financiadas en gran medida por los factores gobernantes de los Estados Unidos (Fundación Rockefeller, Fundación David y Lucile Packard, Fundación Ford y Soros, por nombrar algunas), lideraron en 2011 una campaña internacional contra el líder indígena-sindical Evo Morales y su gobierno. Aquello se centró en las protestas contra la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS).

El referido territorio, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosque, recibió el estatus de territorio indígena por parte del gobierno de Morales en 2009, alrededor de 12 mil personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades.

En agosto de ese año, representantes de organizaciones que unen a las comunidades, así como a otros grupos indígenas, comenzaron una marcha a la ciudad capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera. La gente de TIPNIS tenía preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera y hubo errores en el manejo del problema por parte del gobierno.

Se iniciaron peticiones internacionales declarando apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por supuestamente socavar los derechos indígenas, entre ellas la del grupo de cabildeo internacional Avaaz y una carta a Morales firmada por más de 60 grupos ambientalistas, en su mayoría fuera de Bolivia, que tergiversaban los hechos y obviaban los repetidos intentos del gobierno de abrir discusiones con los manifestantes.

Ninguna de las peticiones mencionaba el apoyo de los manifestantes al programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) de las Naciones Unidas, que busca privatizar los bosques convirtiéndolos en «compensaciones de carbono» que permiten que los países ricos y desarrollados continúen contaminando.

Además, hubo una confrontación violenta entre los manifestantes del TIPNIS y la policía, fue la oportunidad vital necesaria para intensificar la campaña. Coordinadamente esta campaña se desarrolló en varios centros de medios alternativos como UpsideDownWorld, NACLA, In These Times, ROAR, CommonDreams, Jacobin, WagingNonViolence, Alternet, MintPressNews, incluso Naomi Klein y Real News Network.

Sin embargo, el investigador Federico Fuentes develó el financiamiento de USAID a las protestas de TIPNIS, indicando que «la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la principal organización detrás de la marcha, no tiene tales reparos [sobre su conexión con Estados Unidos]. En su sitio web se jactaba de haber recibido programas de capacitación de la agencia de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, USAID».

En el sitio, el presidente de CIDOB, Adolfo Chávez, agradece la «información y formación adquirida a través de diferentes programas financiados por colaboradores externos, en este caso USAID».

También el investigador y analista Nil Nikandrov afirmó:

«Según la periodista y escritora Eva Golinger, USAID invirtió al menos 85 millones de dólares para desestabilizar el régimen del país. Inicialmente, los Estados Unidos esperaban lograr el resultado deseado arrastrando a los separatistas del distrito de Santa Cruz, predominantemente blanco. Cuando el plan colapsó, USAID pasó a cortejar a las comunidades indias con las que las ONG orientadas a la ecología comenzaron a ponerse en contacto unos años antes. Se informó a los indígenas que la construcción de una autopista a través de su región dejaría a las comunidades sin tierra, y que las marchas de protesta de los indígenas hacia la capital que siguió se comieron la imagen pública de Morales. Pronto se supo que muchas de las marchas, incluidas las organizadas por el grupo TIPNIS, habían sido coordinadas por la embajada de los Estados Unidos. El trabajo fue realizado por el funcionario de la embajada Eliseo Abelo, curador de USAID para la población indígena boliviana. Sus conversaciones telefónicas con los líderes de la marcha fueron interceptadas por la agencia de contraespionaje boliviana y se hicieron públicas, de modo que tuvo que escapar del país mientras el enviado diplomático de Estados Unidos a Bolivia se quejaba de las escuchas telefónicas».

También la Liga para la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) se creó con fondos del gobierno de los Estados Unidos. Tanto los cables diplomáticos secretos publicados por WikiLeaks como los archivos desclasificados de Washington han demostrado que USAID apuntó directamente a las comunidades indígenas en un intento por alejarlas del apoyo a Morales y acercarlas a los intereses del Estado profundo estadounidense.

La ONG Amazon Watch se sumó a la campaña de propaganda sin mencionar el papel de Estados Unidos en las protestas, ni que el gobierno de Morales había despedido a varios policías responsables de la violencia no autorizada contra los manifestantes, ni que estuvo de acuerdo con las demandas de los manifestantes.

Los financistas de Amazon Watch y Rainforest Action Network (RAN) incluyen a Charles Stewart Mott Foundation (que trabaja con la NED), Richard and Rhoda Goldman Fund, The Overbrook Foundation, Moriah Fund (directores relacionados con USAID y la administración de Bill Clinton), Rockefeller Brothers Fund, la Fundación David y Lucile Packard, entre otros.

En 2013, Pedro Nuni, uno de los indígenas líderes centrales de estas protestas del TIPNIS, defendido por muchos medios alternativos occidentales, anunció que se uniría al partido de derecha Movimiento Demócrata Social (MDS) opositor a Morales, que promovió al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Este junto al fugitivo Branko Marinkovic calcularon mal su nivel de apoyo cuando avanzaron hacia una rebelión violenta contra el gobierno de Morales luego de que no fuera reconocida su iniciativa de estatuto departamental redactada a puerta cerrada.

En el intento de infiltrarse en las comunidades indígenas, la USAID buscó nuevos actores para promover la agenda de Washington con una imagen más representativa de la mayoría indígena boliviana. Un documento desclasificado que divulgó la periodista Eva Golinger esboza claramente la necesidad de dar «más apoyo a los pasantes indígenas de la USAID y la embajada para construir y consolidar una red de graduados que aboguen por el gobierno de los Estados Unidos en áreas clave».

El documento analiza además la necesidad de «fortalecer la ciudadanía democrática y el desarrollo económico local para los grupos indígenas más vulnerables de Bolivia». Para USAID, «este programa muestra que ningún país ni gobierno tiene el monopolio de ayudar a los indígenas. El programa muestra que los Estados Unidos es un amigo de Bolivia y de los indígenas…».

ENTRE EL LAVADO ECOLÓGICO Y EL CALENTAMIENTO ELECTORAL: CAPÍTULO CHIQUITANÍA

El hashtag #SOS se popularizó en los últimos años entre la élite de América Latina como una forma de llamar la atención sobre las supuestas «dictaduras» que, en realidad, son gobiernos elegidos democráticamente. Han empleado el eslogan #SOS__ en varias revueltas violentas de las clases medias y altas, especialmente en las guarimbas venezolanas de 2014 y 2017 y los tranques nicaragüenses de 2018.

La «activista ambiental» Jhanisse Vaca Daza dirige la ONG Ríos de Pie, y ha sido beatificada en los altares 2.0 y patrocinada por la Human Rights Foundation, orquestó una campaña en agosto y septiembre pasado de cara a las elecciones del 20 de octubre que redirigió la orientación mediática culpando a Morales de los incendios provocados por los terratenientes en todo el Amazonas durante casi un mes. En ella colaboró un ejército en las redes sociales respaldado por medios de amplia difusión como BBC, asegura Wyatt Reed en The Grayzone.

Esta campaña intentó poner en la mira la imagen de líder ambientalista de Morales debido al manejo de los incendios afectaron la Chiquitania, una región de bosque seco biodiverso que bordea la Amazonía. Según cifras del departamento de Santa Cruz llegaron a quemarse 4 millones de hectáreas, con daños catastróficos y pérdida de vidas para la fauna.

Las protestas supuestamente atrajeron a un millón de personas en la oriental ciudad de Santa Cruz, en las tierras bajas, también en las ciudades de Cochabamba y La Paz.

Santa Cruz forma parte de la región de la «Media Luna» junto a los departamentos de Pando, Beni y Tarija, en los cuales el antagonismo hacia Morales y el MAS es extremo. En 2008, Santa Cruz intentó celebrar un referéndum separatista. En términos culturales y políticos, esta región es el centro de la agroindustria a gran escala, cultivando trigo, soja, carne de res y otros productos para el mercado nacional y de exportación.

Algunos de los medios sociales anglófonos se apresuraron a describir las protestas en Santa Cruz como un movimiento ambientalista de masas. Otros proclamaron con entusiasmo que Santa Cruz era la «primera línea» de la resistencia climática en el Sur Global.

Como Morales mantenía para esa fecha, y hasta llegada la contienda electoral, una ventaja sustancial sobre su oponente más cercano, el derechista Carlos Mesa y su partido Comunidad Ciudadana, Vaca Daza y sus aliados insistieron en explotar el máximo potencial de propaganda para sacar provecho de la crisis producida por los mencionados incendios, empleando el hashtag #SOSBolivia en sus redes sociales.

Esto se mantuvo, aunque los informes del gobierno de Bolivia afirmaban que más del 85% de los incendios se habían extinguido en aproximadamente ocho días de operaciones.

El hashtag estuvo en línea durante casi una semana, pero despegó después de que la ONG Ríos de Pie comenzó a publicar llamativas infografías acusando al gobierno boliviano de la propagación de los incendios. Su despliegue propagandístico buscaba obligar al gobierno boliviano a aceptar la «ayuda internacional».

Cuando el gobierno boliviano aceptó la ayuda simbólica ofrecida por algunos Estados europeos, Daza se atribuyó: «¿Sabes por qué llegó [la ayuda]? Porque ciudadanos que no son autoridades, ciudadanos que, algunos de nosotros somos influyentes (…) nos organizamos y presionamos, y llegó la ayuda».

Un informe de la NASA señala que los incendios se concentraron en Brasil, y otro informe explica que la zona más afectada de Bolivia, la Chiquitania, ni siquiera está en el Amazonas. Esto no fue de interés para quienes estaban detrás de la campaña.

Vaca Daza es el ariete de una red de organizaciones que entrenaron y aconsejaron a los líderes de las operaciones de cambio de régimen desde Venezuela hasta Europa del Este en las continuas protestas contra China en Hong Kong. Su usuario en LinkedIn alega que su ONG Ríos de Pie «actualmente está luchando contra el régimen de Morales y organizando a ciudadanos comunes para defender sus derechos a través de protestas no violentas».

Por una parte promociona a su ONG Ríos de Pie por «difundir el uso de la no violencia como la principal forma de protesta» y por otra afirma que «un movimiento ciudadano solo no puede garantizar que los bolivianos no tomen medidas más radicales. La violencia es un riesgo real cuando las personas encuentran que su voluntad es revocada por estructuras autoritarias»; así publican también en el blog de Iyad al-Baghdadi, otro activista de cambio de régimen promovido por la Human Rights Foundation (HRF).

Otro objetivo principal de Vaca Daza y sus aliados es generar indignación en el extranjero, especialmente entre los izquierdistas del Norte Global, y movilizar a activistas climáticos contra Bolivia. Grupos corporativos de lavado ecológico (greenwashing) como Extinction Rebellion, cuyo objetivo casi nunca es desafiar radicalmente al capitalismo y casi siempre evitar que se coma carne, llegaron a convocar manifestaciones fuera de las embajadas de Bolivia en toda Europa.

La «ecologista» no ha pasado gran parte de su joven vida recorriendo las zonas naturales bolivianas, ha pasado una parte importante de su carrera educativa y profesional en Estados Unidos en donde asistió a la Kent State University de Ohio. Su tesis trató sobre «Regímenes autoritarios en América del Sur», y completó programas académicos en Gran Bretaña y Chile. Luego estudió en la elitesca Harvard Kennedy School, participando en su programa «Liderando movimientos no violentos para el progreso social». School convertido en un centro de entrenamiento del activismo chatarra alineado al «cambio de régimen» desde que la ola de gobiernos progresistas se extendió por América Latina.

En 2014, la BBC asistió a sesiones de capacitación supervisadas por la HRF en el Oslo Freedom Forum que la corresponsal Laura Kuenssberg describió como «una escuela para la revolución» donde activistas, como los líderes del Congreso Mundial Uigur financiados por Estados Unidos y otros de Occupy Central de Hong Kong, aprendieron «cómo tener éxito y derrocar a un gobierno para siempre «.

Vaca Daza ha estado constantemente involucrada con el Oslo Freedom Forum desde 2015 .

En su evento en Nueva York en 2018, Vaca Daza se unió a los principales activistas venezolanos para el cambio de régimen, incluida Joanna Hausmann, hija del que era hasta hace poco el principal asesor económico del presidente autoproclamado Juan Guaidó y una personalidad de YouTube que colaboró con el New York Times para un video propagandístico antichavista que violó el código de ética del diario de registro.

ENTRE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: BALCANIZACIÓN Y GOLPISMO

En 2008 Evo Morales acusó de conspiración al embajador estadounidense Philip Goldberg, Washington respondió con la expulsión del embajador boliviano Gustavo Guzmán. Morales también expulsó en 2008 a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) bajo la misma acusación de conspiración.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia indicó en 2013, cuando Morales expulsó a la USAID de ese país, que en 50 años la agencia gastó 2 mil millones de dólares «en cooperación» de salud, educación, agricultura, seguridad alimentaria, desarrollo alternativo, desarrollo económico y medio ambiente. Tras acusar al organismo de conspirar contra su gobierno, el presidente sentenció «¡Se va USAID de Bolivia!».

Por su parte Estados Unidos decidió a inicios de 2014 retirar la cooperación económica para proyectos sociales que sostenía en Bolivia.

Medios publicaron en 2014 una investigación en la que se revela que, entre 2005 y 2006, la USAID reorientó más del 75% de su financiamiento a grupos separatistas, que tenían por objetivo socavar el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia. Uno de los programas con mayor financiamiento, desde 2004 cuando USAID estableció en Bolivia una Oficina de Iniciativas de Transición (OTI, por sus siglas en inglés), fue el Programa de Democracia que priorizaba «gobiernos democráticos descentralizados: gobiernos departamentales y municipales». Eva Golinger ha descrito el rol que juegan los OTI en el sistema desestabilizador de la USAID:

Funcionan como equipos de respuesta rápida ante crisis políticas en países estratégicamente importantes para los intereses de los Estados Unidos.

Solo manejan temas políticos, a pesar de que USAID está supuestamente dedicada a la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo.

Generalmente tienen acceso a grandes cantidades de fondos líquidos con el fin de lograr sus objetivos de manera rápida y eficiente.

Funcionan como agencias de inteligencia debido a su secreto relativo y mecanismo de filtrado que implican grandes contratos otorgados a compañías estadounidenses para operar oficinas temporales en países donde la OTI requiere canalizar millones de dólares a partidos políticos y ONG que trabajan a favor de la agenda de Washington.

Desde 2004, la OTI contrató a la empresa estadounidense Casals & Associates para coordinar un programa basado en la descentralización y autonomía en la «Media Luna» y desarrolló una serie de seminarios de capacitación y talleres para fortalecer a los partidos políticos de oposición.

Luego de la derrota opositora en 2005, la empresa dirigió la mayor parte de su financiamiento y trabajo a los proyectos separatistas que más tarde produjeron referendos regionales sobre la autonomía en el oriente boliviano. Su idea principal era dividir a Bolivia en dos repúblicas separadas no solo por motivos raciales sino por el control de recursos naturales como el gas y el agua.

Después de 2007, la OTI fue absorbida por el Programa de Democracia de USAID/Bolivia y su tarea separatista en casi todos los sectores de la vida política y económica, penetrando en la sociedad boliviana e intentando imponer un modelo político e ideológico estadounidense. La inversión en «descentralización» abarcaba todo lo necesario para conformar regiones «autónomas», desde la planificación departamental hasta el desarrollo económico regional, la gestión financiera, las estrategias de comunicación, las estructuras presupuestarias departamentales y los diseños de organizaciones territoriales, todos ellos preparados e implementados por los representantes y socios de USAID en Bolivia.

Todo este financiamiento y apoyo logístico alentó actividades de desestabilización durante aquellos años, incluyendo la violencia extrema y el racismo contra las comunidades indígenas, actos terroristas e intento de asesinato contra el presidente Morales.

La agenda injerencista contó también con la amplia financiación y capacitación de los partidos políticos de oposición a través del IRI y el NDI. Durante el año 2007, la USAID, a través de la NED, destinó 1,25 millones de dólares para la «capacitación de miembros de partidos políticos sobre los actuales procesos políticos y electorales, incluyendo la asamblea constituyente y el referéndum sobre la autonomía». Los principales beneficiarios de esta financiación fueron los partidos políticos de oposición Podemos, MNR, MIR y más de 100 ONG de orientación política conservadora en Bolivia.

El mismo gobierno boliviano acusó en 2015 al NDI, el IRI y la NED, vinculados con los partidos Republicano y Demócrata, de actuar en Bolivia a través de terceros con «empresas fachada» que fomentan formas de subversión. Hugo Moldiz, exministro boliviano de Gobierno (Interior), acusó a Estados Unidos de mantener «una política de permanente injerencia en los asuntos latinoamericanos» y de actuar en Bolivia «con el desarrollo abierto de formas de subversión».

Otra tarea de la USAID fue dedicarse a intervenir en los procesos electorales mediante la formación de una red de más de 3 mil «observadores», entrenados por Partners of the Americas, una corporación estadounidense socia de la USAID que también recibe fondos de las principales empresas y entidades que forman parte del complejo militar-industrial. La creación de «redes» en la «sociedad civil» para monitorear los procesos electorales ha sido una estrategia utilizada por Washington en países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, para luego usar a estos observadores aparentemente «independientes» en un intento de desacreditar y deslegitimar las elecciones y denunciar el fraude cuando los resultados no son favorables a los intereses estadounidenses.

EL PAPEL DEL ESTADO PROFUNDO Y SU PLAN HEMISFÉRICO: LA RED ATLAS

Entre 2003 y 2017 los gastos de la USAID en Bolivia decrecieron 100 veces, de 240 a 2,3 millones de dólares. En 2018 el reporte parcial en la web de la agencia es de 1,8 millones de dólares mientras que durante el presente año van 341 mil dólares, de los cuales más de la mitad se han destinado a «Protección ambiental».

Tan solo en 2017 su presupuesto en ese país andino-amazónico destinó 1,8 millones de dólares (78%) a «Gobernanza y sociedad civil» entre los que se destacan 731 mil a «Desarrollo legal y judicial», 592 mil a «Participación democrática y sociedad civil», 341 mil a «Derechos humanos» y 107 mil a «Medios de comunicación y la libre circulación de la información».

Una de las ONG mejor financiadas en Bolivia durante 2017 y 2018 fue el Instituto Republicano Internacional (IRI), autodefinido como la herramienta para hacer posible la defensa civil y capacitar a futuros líderes democráticos para abordar los temas más controversiales de su país. Es una organización estadounidense no gubernamental de ideología conservadora y asociada al Partido Republicano, nacida en 1983 de la mano de Ronald Reagan, quien en 1982 reclamaba ante el parlamento europeo la necesaria creación de un think-tank (tanque de pensamiento) que desarrollara una «cruzada por la libertad».

Entre sus principales logros, el IRI ostenta en su sitio web: Ucrania, donde un golpe de Estado en 2014 dejó cientos de muertos y una crisis político-social los dos años siguientes; Túnez, país donde inició la denominada «Primavera Árabe», después del derrocamiento del presidente en 2011 le abrió la puerta al terrorismo.

Además, el IRI forma parte del proyecto Cuba de Occidente, documentos filtrados revelaron que envió agentes encubiertos a la isla con dinero, cámaras digitales, DVD, laptops, teléfonos celulares, discos externos y otras herramientas para alimentar la contrarrevolución.

El órgano de la patronal estadounidense Center for International Private Enterprise (CIPE) comparte la prioridad en el financiamiento injerencista con el IRI. Se trata de una fundación afiliada a la NED, creada por el gobierno estadounidense para llevar adelante las metas de la política exterior de Washington, que financia a organizaciones políticas en el llamado mundo en vías de desarrollo. Fue instalada por la Fundación Cámara de Comercio de Estados Unidos, la organización de cabildeo más grande del país. El 96% de sus fondos provienen del Departamento de Estado y de la USAID.

Según la web de la USAID, el financiamiento al CIPE tuvo como objeto «fomentar el diálogo democrático inclusivo, liderado por el sector privado, en torno a una visión a largo plazo del desarrollo económico, político y social de Bolivia» para lo cual «el centro y su socio local convocarán reuniones de representantes de alto nivel de la sociedad civil boliviana para desarrollar, proponer y difundir una visión de desarrollo y recomendaciones estratégicas específicas de políticas públicas para abordar los desafíos democráticos y económicos que enfrenta el país».

El CIPE jugó un rol primordial en el financiamiento de la Atlas Economic Research Foundation, o Atlas Network, y fue la fuerza principal en su fortalecimiento. Desde 1991, el argentino-estadounidense Alejandro Chaufen, apologista de la dictadura argentina, dirige la Atlas Network o Red Atlas.

En el Foro Latinoamericano de la Libertad de la Red Atlas, realizado en mayo de 2017 en el Brick Hotel de Buenos Aires, se dieron cita el presidente argentino Mauricio Macri y el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa. Afirman investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) que allí se debatió cómo derrotar al socialismo en todos los niveles, desde las batallas campales en los campus universitarios hasta la movilización de un país para abrazar la destitución de un gobierno constitucional, como en Brasil.

Esta red, que promovió golpes de Estado y ascensos de partidos de derecha en diversos países, es una extensión de la política exterior y del soft power estadounidense directamente patrocinada por los hermanos Koch, poderosos billonarios ultraconservadores. Su impulsor es el multimillonario Charles Koch, seguidor de la tesis del economista de la Universidad de Chicago y Premio Nobel James McGill Buchanan, quien propone desarmar el Estado progresista con una estrategia operativa en defensa de la santidad de los derechos de la propiedad privada y doblegar al modelo de gobierno: para que prospere el capitalismo, sostenía, hace falta ponerle cadenas a la democracia.

Atlas cuenta con 450 fundaciones, ONG y grupos de reflexión y presión, con un presupuesto operativo de 5 millones de dólares (para 2016), aportados por sus fundaciones «benéficas, sin fines de lucro» asociadas que han influido en procesos de países como Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. Tiene 13 entidades afiliadas en Brasil, 12 en Argentina, 11 en Chile, ocho en Perú, cinco en México y Costa Rica, cuatro en Uruguay, Venezuela, Bolivia y Guatemala, dos en República Dominicana, Ecuador y El Salvador, y una en Colombia, Panamá, Bahamas, Jamaica y Honduras.

Entre las 15 organizaciones más importantes financiadas por Koch están Americans for Prosperity, el Cato Institute, la Heritage Foundation, el American Legislative Exchange Council, el Mercatus Center, Americans for Tax Reform, Concerned Veterans of America, el Leadership Institute, Generation Opportunity, el Institute for Justice, el Independent Institute, el Club for Growth, el Donors Trust, Freedom Partners, Judicial Watch… A ellas hay que agregar las más de 60 organizaciones de la State Policy Network (Red de Políticas de los Estados Unidos).

Hay entidades públicas que funcionan como centros de operación y despliegue de líneas y fondos para la NED y el Departamento de Estado. Además de la USAID están la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y Freedom House. Son entes que reparten directrices y recursos, a cambio de resultados concretos en las guerras asimétricas en las que participan.

ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACTIVISMO CHATARRA

La administración Reagan (1981-1989), después de algunas disputas internas, se decidió por los derechos humanos como una justificación pública principal de sus políticas mientras defendía la intervención militar como un componente necesario de su arsenal de derechos humanos.

La expresión más bipolar de su doctrina era ensalzar las virtudes de proteger la democracia mientras su gobierno estaba armando, financiando y entrenando a los peores violadores de los derechos humanos en el hemisferio, desde las dictaduras del Cono Sur hasta los gobiernos de los escuadrones de la muerte de Guatemala, El Salvador y Honduras, junto con los Contras, que libraron una guerra de terror contra la sociedad civil nicaragüense durante el primer gobierno sandinista.

De allí evolucionaron ONG como la Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés), fundada por el terrorista cubano Armando Valladares y liderada por Thor Halvorssen, primo del impulsor del golpe de Estado en Venezuela, Leopoldo López. Funciona como una red de capacitación para activistas alineados al intervencionismo de Washington, exiliados que buscan derrocar a los gobiernos de los Estados a los que apunta Occidente. Es también llamada por los medios de comunicación como «Davos para disidentes».

Hijo de un oligarca venezolano, Halvorssen es un exactivista libertario del campus que ingresó a la industria de los derechos humanos con la ayuda de multimillonarios de derecha como Peter Thiel, fundaciones conservadoras y ONG internacionales como Amnistía Internacional.

En 2008 las autoridades bolivanas identificaron a Hugo Achá Melgar, representante de Bolivia ante la HRF, como financista de una banda terrorista de Santa Cruz que conspiraba para asesinar al presidente Evo Morales.

Achá, actualmente en Estados Unidos, declaró haberse reunido 4 ó 5 veces con el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa-Flores. Este lideraba un grupo terrorista que fue desmantelado en una operación policial donde murió junto a otros dos mercenarios. Se supo que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, a la que perteneció el golpista Luis Fernando Camacho, le proporcionaron armas al grupo.

En mayo pasado, la HRF comenzó a otorgar Becas de Libertad a 10 activistas «antiautoritarios» en lugares que cuyos gobiernos buscan desestabilizar, incluidos Venezuela, Nicaragua, Rusia y Hong Kong. De hecho, Jhanisse Vaca Daza fue nombrada por HRF como gerente de Freedom Fellowships. En la página de la fundación declara: «Gracias a la Beca de la Libertad, [ella] cofundó un movimiento en Bolivia llamado Ríos de Pie. Ya se está convirtiendo en uno de los principales movimientos de resistencia no violentos al régimen autoritario de Evo Morales”.

La citada Kuenssberg de la BBC informó: «Nos han dicho que muchos de los manifestantes de Hong Kong fueron entrenados mucho antes de tomar las calles para usar la acción no violenta, como lo describen, como un arma de destrucción masiva».

Cuando la Human Rights Foundation anunció que Daza era uno de sus «miembros de la libertad» en 2019, la organización señaló que esta «oportunidad piloto» fue patrocinada «en asociación con CANVAS», o el Centro de Estrategias y Acción No Violenta Aplicada, que forma a disidentes de todo el mundo en la aplicación de la resistencia individual no violenta, ideología que teorizó el filósofo y politólogo estadounidense Gene Sharp cuya obra De la dictadura a la democracia ha sido la base de todas las revoluciones de colores.

CANVAS también copatrocinó el programa en línea del que se graduó Daza en la Escuela Kennedy de Harvard. Estudiantes como ella obtuvieron una «oportunidad sistemática para que los líderes de nivel medio del movimiento social no violento aprendan de las experiencias de sus compañeros y a través del entrenamiento de la facultad de Harvard / CANVAS», según la literatura de la Escuela Kennedy.

Como informó The Grayzone, CANVAS había sido financiado en gran medida a través de la NED, según los correos electrónicos internos de Stratfor, una empresa de inteligencia conocida como la «CIA oculta». CANVAS «también pudo haber recibido financiación y capacitación de la CIA durante la lucha contra Milosevic 1999/2000».

Entre los entrenados por CANVAS se encontraban los líderes del intento de golpe de Estado de Venezuela este año, incluidos Juan Guaidó, Leopoldo López y decenas de figuras asociadas con el partido Voluntad Popular respaldado por Estados Unidos.

«Tienen habilidades locas», dijo Stratfor sobre los entrenadores de CANVAS. «Cuando veas que estudiantes en cinco universidades venezolanas realizan demostraciones simultáneas, sabrás que la capacitación ha terminado y que el verdadero trabajo ha comenzado».

De repente, el «trabajo real» de los creadores de cambio de régimen profesionales como HRF y CANVAS se ha concentrado en Bolivia, un gobierno latinoamericano progresista que aún no ha enfrentado la ira de Washington como lo han hecho Venezuela, Nicaragua o Cuba.

Vaca Daza es una aliada directa del fundador de CANVAS, Srdja Popovic, exlíder del grupo de cambio de régimen serbio Otpor. La ha estado promocionando en su cuenta de Twitter, acusando a Bolivia de «mala gobernanza» y «desastre ambiental».

EL NUEVO PLAN CÓNDOR ES LA ARREMETIDA «CIVIL» DE LAS ÉLITES

La inmanente presencia de la USAID en las operaciones de cambio de régimen en medio de un enjambre de organizaciones de la «sociedad civil» es un extraordinario despliegue por parte de los poderes satélites del estamento estadounidense que intentan retomar el poder en América Latina.

Muchas de las luchas utilizadas como excusas para activar el golpe contra Evo Morales surgieron de la resistencia a las dictaduras militares represivas de la década de 1970, cuando activistas estudiantiles y miembros de movimientos sociales izquierdistas fueron desaparecidos, torturados y asesinados.

Ahora las ONG de derecha en América Latina los recogen y afirman que están viviendo bajo dictaduras brutales similares. Ha sido la reacción de las élites globales ante políticas que intentan redistribuir la riqueza y reclaman un lugar en la historia.