Mientras se producen los aumentos de precios desaforados, el gobierno efectúa una purga en el ejército, intenta aprobar leyes inconstitucionales y pretende la justicia entregar a EE.UU avión venezolano secuestrado. La resistencia de los gobernadores y la CGT.

CAPAC – por Stella Calloni

Mientras se disparan los precios de los alimentos y otros el gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei autorizó un nuevo aumento de la nafta, por tercera vez desde que asumió el poder, en momentos en que la Cámara Nacional del Trabajo dictó este día  una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del  Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado el pasado 20 de diciembre, por lo cual la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó siete días después un pedido de inconstitucionalidad y  nulidad  del llamado decretazo.

Es el primer golpe al mega DNU del gobierno de la Libertad Avanza que intenta   derogar  más de 500 leyes nacionales, y  la Cámara resolvió dictar una medida “cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia  hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados».

El gobierno intenta que esto pase a la  Cámara Contencioso Administrativo Federal,  como que es el argumento  para apelar esta cautelar lo que  está preparando la procuraduría.

Los magistrados que hicieron lugar a la demanda de la CGT consideraron que «no se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ (y por supuesto urgencia) de adoptar tan numerosas medidas destinadas a eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo» y advirtió que “varias de las normas que el ejecutivo pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria”

La CGT destacó lo logrado, pero mantiene el paro y la movilización del próximo 24 de enero. Los jueces que aceptaron la cautelar  advirtieron que las formas elegidas por el gobierno de Milei para cambiar leyes sin pasar por el debate en el Congreso nacional indican que  «las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema». 

También inesperadamente el Gobierno pasó a retiro a 23 generales  y la Jefatura  dispuso que la Fuerza Aérea ocupara la Jefatura del Estado Mayor Conjunto”.

“El golpe al Ejército y el rasgo autoritario de Milei alimenta las peores hipótesis entre los expertos como la necesidad de cuadros más dóciles para avanzar sobre las instituciones del Estado o en la venta y privatizaciones de las propiedades de las fuerzas” señala el analista Raúl Kollman en Pagina  12 y agrega que el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto es el brigadier general Xavier Julián Isaac”

Señala que los militares  víctimas de la “purga” sin abandonar la tradición gorila (antiperonistas)-  se llevaron bien con el gobierno del Frente de Todos (FdT) un vínculo que como sostiene Kollmann se estableció, especialmente, durante la pandemia, cuando el Ejército intervino en la provisión de vacunas, alimentos e incluso armó algunas cocinas de campaña.

Entre los observadores de las Fuerzas Armadas queda la sensación que se buscó imponer a jefes jóvenes, sin mucha doctrina, más dóciles ante un eventual terremoto como podría darse con el cierre del Congreso o la venta y privatización de numerosísimos predios y bienes de las tres fuerzas”.

El ejército tendrá como jefe al  general de brigada, Alberto Presti, cuyo hermano, Daniel, que revista en Juntos por el cambio desde hace años y su padre, Roque, fue acusado por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar, señala Kollmann.

En la Armada fue designado  Carlos María Allievi, mientras que el ahora jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, estuvo destinado en la embajada de Londres. 

 “Milei, con el DNU y la Ley ómnibus  puso en marcha un virtual golpe institucional. La ilegal delegación de facultades legislativas se parece demasiado al autogolpe de Alberto Fujimori y a un cierre del Congreso. *El gobierno de Milei anunció lo que se denomina una auditoría sobre las Fuerzas Armadas. Añade lo que estiman los propios militares “será la base de una ofensiva más bien privatizadora y a merced de un fabuloso negocio inmobiliario. Una conducción joven, con menos peso, sería un contrapeso más débil a esa ofensiva”.

Otro tema sorpresivo  fue la decisión de la fiscal federal Cecilia Incardona quien avaló hoy el decomiso del único avión de carga que tenía el estado venezolano y que aterrizó en junio de 2022 en Argentina, para depositar una carga destinada a una conocida empresa local, todo legal.

Este avión había sido comprado a Irán por el estado venezolano y como los tripulantes de esa nacionalidad estaban siendo asesorados por pilotos iraníes como se hace cuando un país vende en este caso un avión a otro, fueron cuestionados por la Delegación Argentina Israelí(DAIA), ligada a la ultraderecha israelí que interpuso, sin prueba alguna una denuncia por supuestos terroristas que serían estos tripulantes.

Desde entonces el avión  no pudo regresar a su país y fue revisado por la inteligencia israelí y argentina, que no encontraron  nada a pesar de lo cual permaneció incautado y reclamado por el gobierno venezolano.

 “Entiendo que la petición es formalmente procedente, concluyó la fiscal en el dictamen, que difundió el diario la Nación aquí. También los tripulantes detenidos por supuesto espionaje que nunca se comprobó fueron liberados tanto venezolanos como iraníes después de meses de mantenerlos en prisión preventiva.

Lo cierto es que en esta Argentina incendiada ahora el gobierno de Milei enfrenta la furia de los gobernadores por falta de recursos a los que se había comprometido a solucionar el presidente.

Ahora todo ha quedado en la nada, y  Milei no está dispuesto a avanzar con esa reforma hasta que se apruebe el inmenso paquete de medidas que envió al Congreso.

“No nos vamos a dejar extorsionar”, respondió indignado el gobernador riojano Ricardo Quintela que fue uno de los primeros en pedir la nulidad del DNU y existe una rebelión de las gobernaciones provinciales por lo que consideran un chantaje para que le voten la Ley ómnibus que significaría la entrega del país