La invasión yanqui a Panamá, fue uno de los episodios más desgarradores y traumáticos de la historia panameña. La operación Causa Justa se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989, con un bombardeo masivo que implicó el lanzamiento de 417 bombas.

CAPAC  – fuente Acercándonos Cultura

La invasión estadounidense a Panamá, fue uno de los episodios más desgarradores y traumáticos de toda la historia panameña; sólo comparada con los horrores de la conquista hispana, la Guerra de los Mil Días entre los conservadores y liberales a fines e inicios de los siglos XIX y XX y la matanza de estudiantes por policías y soldados estadounidenses acantonados en la zona del Canal de Panamá el 9 de enero de 1964.

La situación del país, fue el preámbulo para que el gobierno de los Estados Unidos montara una estrategia para cambiar de raíz el proceso político.

El gobierno norteamericano, preparó entonces el camino para derrocar a Noriega y desmantelar a las Fuerzas de Defensa. Para ello contó con el descontento popular y el apoyo de las agrupaciones y partidos políticos oligárquicos y de la alta burguesía. Fueron los grupos económicos dominantes quienes abanderaron las luchas civilistas en contra del régimen de Noriega.

Por sí solos estos grupos no tenían la credibilidad necesaria entre las masas para acabar con Noriega, pero una campaña bien dirigida por los medios de comunicación estadounidenses, la ayuda financiera que recibieron y el sectarismo de algunos grupos allegados al gobierno hizo que precipitadamente la oposición se fortaleciera y la estructura sólida de las Fuerzas de Defensa poco a poco se fuera resquebrajando.

Las actividades militares estadounidenses se intensificaron. Las constantes violaciones del espacio aéreo panameño no eran anunciadas a las autoridades del país, por lo que éstas no podían advertir a los norteamericanos sobre los peligros posibles en relación con la aeronavegación civil.

Los incidentes militares eran deliberadamente provocados, George H. W. Bush (padre), en una conferencia de prensa de mediados de mayo, instó a las Fuerzas de Defensa a destituir a Noriega. Y a mediado del mes de junio fuerzas norteamericanas bloquearon el paso en una carretera de uso conjunto, a más de cien parlamentarios, dirigentes políticos y partidarios latinoamericanos. Para la segunda semana de agosto los incidentes iban en incremento. En esta oportunidad el ejército yanqui detuvo a 29 personas, entre las que se encontraban tres oficiales de las Fuerzas de Defensa, una autoridad civil y cinco periodistas.

Las razones dadas por George H. W. Bush para justificar la invasión fueron, proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos de los panameños, detener a Noriega para combatir el tráfico de drogas, y defender el tratado Torrijos-Carter sobre el canal.

El preludio

Ya no sólo aumentaban las provocaciones del ejército norteamericano, sino además la oposición civilista aumentaba sus manifestaciones y provocaciones con la inevitable represión militar por parte del régimen. Todo esto exasperaba los ánimos de parte creando un clima de tensión. El fracaso de la asonada militar del 3 de octubre, apoyada sin mayor convicción por Estados Unidos, hacía prever que éste tomaría una decisión a corto plazo.

El 16 de noviembre la Asamblea de Corregimiento nombró al el general Noriega como jefe de gobierno, con los poderes que un día tuvo el general Omar Torrijos. Se esperaba entonces que se desatara una operación comando sobre Noriega y su Estado Mayor que dejara desvertebradas las Fuerzas de Defensa.

El sábado 16 de diciembre un soldado norteamericano muere en un incidente con los miembros de las Fuerzas de Defensa y el día 19 George H. W. Bush declara ominosamente que revisa sus opciones (lo que en Panamá no se hizo público). Un policía panameño ya había sido herido de bala por un teniente del comando sur. El Alerta Delta, la inmediatamente anterior a la que significa combate, es trasmitida por la TV que opera en las bases militares yanquis. Panamá responde con su alerta Cutarra, su homóloga.

La opinión pública norteamericana había sido lo suficiente moldeada para aprobar la invasión. El embajador de Panamá en Washington, había declarado que era el momento de las decisiones; había que actuar. Por su parte el director de la Cruzada Civilista en Miami, y dirigente democristiano, aclaraba que el caso escapaba a la posibilidad de los panameños para pasar a ser de importancia internacional.

En la revisión de sus opciones George H. W. Bush decidió por la más sanguinaria, la que inevitablemente conducía al genocidio: la invasión y ocupación del territorio nacional.

Desarrollo de los hechos

No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La resistencia popular obligó a la prolongación de las operaciones militares, que fueron particularmente sangrientas.

La operación Causa Justa se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989, y tuvo como preámbulo un bombardeo masivo que implicó el lanzamiento de 417 bombas en el plazo de horas, según el control sismológico de la Universidad de Panamá. Hubo bombas de 1000 y 2000 libras, por lo cual se logró detectar como una especie de temblor de tierra con un grado de intensidad de 5 en la escala Ritchter.

La aguja del sismógrafo del instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, registró la explosión de la primera bomba a las 12 horas, 46 minutos y 40,3 segundos. Cuatro minutos después, las explosiones registradas ascendían a 68.

Trece horas estuvo funcionando el sismógrafo desde el inicio de la agresión hasta que, debido a la violencia de ésta, se hubo averiado. En todo ese tiempo, sólo en la capital panameña, llegaron a caer 422 bombas, lo que equivale a una por cada dos minutos.

Esta ofensiva comprendió el ataque de 27 objetivos al mismo tiempo en el país, incluyendo la base militar de Rio Hato a 75 kilómetros de la capital y a Colón, a una hora de distancia en bus de la ciudad de Panamá. El objetivo no era otro que el de anular la posible respuesta del ejército panameño; luego llegaría la invasión por parte de unos 26,000 soldados de infantería.

El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel Central, en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. El gobierno norteamericano utilizó un armamento de última generación, como los aviones Stealth F-117 o los helicópteros Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. La maniobra duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada.

El barrio trabajador de San Miguelito, opuso tenaz resistencia al ocupante desde el inicio de la invasión, en otros puntos de la capital y el país los focos populares causaron bajas a los intervencionistas, que habían sido persuadidos por sus jefes de que sería un episodio de puro trámite donde los pobladores los recibirían con banderitas y flores. El asedio a las embajadas y organismos internacionales acreditados fue intenso para evitar que seguidores del gobierno depuesto o simplemente el pueblo recibieran refugio. Las sedes de Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otras, fueron hostigadas, colocados los famosos check point, que intentaban violar las más elementales normas del derecho internacional, que protegían a los funcionarios diplomáticos y sus familiares.

La aprensión de Noriega, que era la causa de la invasión, no se cumplió, pero se logró el objetivo de destruir los cuarteles más importantes, reduciéndolos a cenizas con saña desproporcionada y sin precedentes. Este era el objetivo político-militar fundamental, eliminar totalmente el ejército panameño que se haría cargo de la vigilancia del canal, a partir del año 2000, ya que hasta el momento lo hacía parcialmente, en conjunto con las fuerzas armadas norteamericanas.

Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica; posteriormente se entregaría a las fuerzas de ocupación, siendo llevado a Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión.

Armamento utilizado en la invasión

La invasión estadounidense a Panamá bajo el nombre de «Causa Justa», tuvo como pretexto sacar del poder al gobierno del general Manuel Antonio Noriega y preservar la vida de los norteamericanos en el país significó, según expertos, un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento. Para muchos panameños la verdadera causa de la intervención fue que este general se había convertido en un “estorbo” para los planes políticos estadounidenses.

El interés estadounidense en Panamá siempre se ha enfocado hacia una cosa: la importancia estratégica del canal. Ha sido crucial para sus operaciones globales, como la penetración capitalista de Latinoamérica y Asia, y su capacidad de desplazar fuerzas militares agresivamente por todas partes del mundo.

Es bien sabido que el gobierno de Estados Unidos le arrebató Panamá a Colombia en 1903, colonizó la zona del canal y llenó esa área de bases militares para que nadie, ni siquiera el pueblo panameño, pudiera sacarlo; y después de la Segunda Guerra Mundial instaló SOUTHCOM, el centro de comando de espionaje y contrainsurgencia para todo Latinoamérica.

Ante la derrota en Vietnam y la rivalidad con la Unión Soviética, la clase dominante estadounidense decidió cambiar de un control colonial directo del canal a un control neocolonial, a través del gobierno panameño. Pero ya no tenía confianza de que Noriega pudiera seguir siendo el capataz. Apenas diez días antes del traspaso del canal (programado para el 1 de enero de 1990), Estados Unidos invadió y lo sacó.

Los estudios muestran que la administración del entonces presidente George H. W. Bush desplegó para la agresión unos 26 mil efectivos de unidades élite, entre ellas la 82 División Aerotransportada. Otros 12 mil hombres se encontraban dislocados en la extensa red de bases que disponía Washington en territorio panameño, a fin de enfrentar a las Fuerzas de Defensa y los llamados Batallones de la Dignidad. Como complemento, Panamá sirvió de laboratorio para el empleo de armamentos sofisticados del tipo del bombardero “invisible” Stealth F-117, helicópteros del tipo Blackhawk, Apache y Cobra, además de misiles, cañones blindados de fuego rápido.

La mal llamada operación «Causa Justa», con una elevada cuota de víctimas civiles, evidenció que las acciones tuvieron un objetivo más amplio que el de actuar contra Noriega. Varios analistas sospechan que las verdaderas motivaciones del gobierno estadounidense eran distintas a las proclamadas. Fue manipulada para que apareciera como una gran victoria de la Casa Blanca sobre un peligroso enemigo. Incluso, la analista Jane Cramer consideró que esa acción se concibió y ejecutó por razones de política interna en Estados Unidos.

El Partido Alternativa Popular afirmó : “Se ha caído la máscara de supuesta liberación con que los medios de comunicación al servicio del imperialismo han querido cubrir la salvaje y cruenta agresión militar”.

El gobierno de Estados Unidos podría haber eliminado o secuestrado a Noriega, pero la invasión permitió a Bush (padre): “Estar las 24 horas del día en la televisión para demostrar que él era un hombre fuerte y decidido, que era capaz de tomar decisiones”, y de paso Estados Unidos se presentaba al mundo como la primera potencia tras la caída del Muro de Berlín.

Participaron en la invasión, bajo las órdenes del Comando Sur, la 7ma división de infantería procedente de Fort Ord (California), un batallón mecanizado de la 5ta división de infantería acantonada en Fort Polk (Loussiana), una brigada de la 82a División Aerotransportada de Fort Bragg (Carolina del Norte) y dos batallones Rangers.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte de hacer la guerra», y que luego fueron usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico: Bombarderos Stealth F-117; Bombas de 2,000 libras; Misiles Hell Five; Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra; Aviones de aslato A-37; Cañones de fuego rápido de 30 mm; Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre; Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.

Diversos organismos como la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) consideraron que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que era violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I); la cual prohíbe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.

Consecuencias de la invasión

La invasión perpetrada por el ejército de Estados Unidos contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.

Los bombardeos indiscriminados en los barrios más populosos provocaron un número indeterminado de muertos, presumiblemente varios miles, y cinco mil detenidos, sin hablar de 2 mil millones de dólares de pérdidas. El popular barrio El Chorrillo fue prácticamente destruido por los ataques estadounidenses, con un estimado de cuatro mil viviendas dañadas. Tras este acto, Manuel Antonio Noriega fue extraditado a Estados Unidos y Guillermo Endara (títere del imperio) juró como presidente en Fort Clayton, una de las bases militares norteamericanas implantadas sobre el canal.

En la invasión de Panamá fue asesinado el fotógrafo del diario español El País, Juantxo Rodríguez. Un soldado norteamericano le disparó cuando se disponía a hacer una instantánea. La administración del gobierno de los Estados Unidos sigue sin aceptar responsabilidad alguna y se niega a que los autores de los crímenes sean perseguidos judicialmente.

Muchos jóvenes delincuentes, siendo niños vivieron la barbarie de la intervención armada estadounidenses en sus barrios, casi como reflejo de la experiencia centroamericana que tras los acuerdos de paz; experimentaron la aparición de pandillas o bandas juveniles que incrementaron la violencia en el país con el uso de armas de guerra, crueldades y ejecuciones. Este tipo de prácticas y violencia extrema, son hijas de la guerra, la miseria y las heridas del pasado.

Además de la destrucción de la mayor parte de la estructura militar de las Fuerzas de Defensa de Panamá, el daño material a la economía panameña fue incalculable. El barrio de El Chorrillo fue destruido prácticamente en su totalidad. El saqueo en la Avenida Central y otras áreas produjo pérdidas millonarias. Aeropuertos, escuelas, edificios públicos y viviendas fueron destruidos o dañados. El país quedó en bancarrota y en los meses siguientes no se hizo esperar los despidos masivos de empleados públicos y trabajadores de empresas privadas.

En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas materiales. El congreso norteamericano no compensó a Panamá por los daños causados. Por el contrario tiró un manto de olvido con la intención de borrar la tragedia de la invasión, dejando a las víctimas sin posibilidad de confrontar lo ocurrido y superar mediante la verdad sus traumas (pérdida de familiares, esposos, hijos, padres, abuelos, amigos, hogares, profesiones, negocios, relaciones sociales, forma de vida, sus barrios, su vecindad).

En términos políticos la invasión convirtió a Panamá en un país ocupado y sometido a la tutela yanqui. El gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible por minimizar los efectos de la invasión, presentando ésta como una causa justa para imponer la democracia. Sin embargo, en el ámbito mundial, cada vez más crecían las críticas a la intervención del ejército norteamericano en Panamá y el gobierno panameño era presentado como un gobierno títere.

El pueblo panameño, además, fue víctima de la manipulación más bochornosa y sistemática por parte de los grandes medios de comunicación y de todo el aparato ideológico estadounidense, nunca se podía determinar con certeza qué era una verdad y qué era una mentira. La oligarquía panameña mintió hasta la saciedad y se vendió al invasor sin el menor escrúpulo. Quienes ostentaban el poder, se vanagloriaban de su corrupción y de su capacidad de comprar conciencias; la prepotencia, la demagogia y el falso patriotismo se conjugaron para conducir a un pueblo hacia el calvario.

Muertos y desaparecidos

Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada operación Causa Justa. En esta intervención militar, como en tantas otras, los civiles fueron los más afectados y los verdugos señalan a las víctimas como culpables.

Algunas fuentes estiman que la sangrienta intervención dejó como resultado un saldo entre 3.000 y 5.000 muertos como consecuencia de los bombardeos de El Chorrillo, y que aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares y nunca fueron compensadas.

La iglesia católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2.007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños. Sin embargo, los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registraron 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 muertos y 93 desaparecidos. Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben ser alrededor de 4.000.

Muchos de los muertos fueron incinerados, sepultados en fosas comunes y probablemente en bases militares estadounidenses en Centroamérica, sin registros, sin controles, sin humanidad, sin una oración. Las víctimas de ésta ofensiva fueron denominadas por el gobierno estadounidense como «daños colaterales» para evitar que la opinión pública del país se volviera en su contra.

Años después de haber ocurrido este hecho trascendental de la historia latinoamericana, aún sus consecuencias son manifiestas en la sociedad panameña, sobre todo entre los miles de afectados por las heridas psicológicas y físicas de la guerra. La cifra real de los muertos tal vez nunca se llegue a saber mientras a nivel oficial y gubernamental no se realice una investigación al respecto.

Pérdidas materiales

Una evidencia de la acción destructora de la invasión norteamericana sobre la población civil es el alto número de personas que perdieron sus hogares y que han pasado a considerarse damnificados o refugiados de la invasión. De acuerdo a testigos presenciales, el combate más duro se produjo en la zona residencial de El Chorrillo, en donde habitaban más de 30.000 personas en un área que no excede de 20 hectáreas.

En encuestas realizadas a refugiados en la Escuela Secundaria de Balboa, a donde fueron llevados inicialmente los chorrilleros evacuados, se contabilizaron 18,000 personas agrupadas en 2.800 familias que perdieron sus hogares en El Chorrillo. Allí fueron destruidos también 123 comercios de diversa índole. A las familias refugiadas de El Chorrillo, hay que agregar otras 48 familias que perdieron sus hogares por la invasión en la ciudad de Colón y un número no precisado de casas que fueron afectadas por los combates en San Miguelito.

El elevado número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, evitando daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.

Daños económicos

Dentro de las pérdidas sufridas en la propia invasión hay que considerar los daños directos causados por el enfrentamiento militar, sobre todo en las instalaciones públicas, y los daños directos causados a propiedades privadas por la invasión y el saqueo.

Como una muestra de las millonarias pérdidas sufridas por entidades del estado, basta mencionar que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia estimó daños en 386,000 balboas. En el plano fiscal el estado dejó de percibir por lo menos 4 millones de dólares debido a la invasión.

En el sector privado, en un primer momento estimó las pérdidas ocasionadas por la invasión en 1,500 millones de dólares, posteriormente el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) ha dado cifras más pequeñas pero confiables. Esta información, que fue obtenida por el CEECAM a través de una encuesta aplicada a 1.147 empresas comerciales e industriales, estimó que se había perdido durante la invasión el 90% de los inventarios y un 10% de los activos fijos.

Los comercios mayormente afectados por el saqueo producido durante la invasión – ocupación, fueron las ciudades de Panamá y Colón, en las que las tropas norteamericanas aniquilaron a las Fuerzas de Defensa panameñas. El interior de la república, donde casi no hubo combates, no se registraron saqueos. O sea, el saqueo se produce en las áreas que sufren directamente la invasión; estas áreas más afectadas por el saqueo fueron, en ese orden: los barrios de Calidonia, Bethania, Bella Vista, San Miguelito, Santa Ana y Juan Díaz. Las áreas más alejadas fueron las que menos sufrieron daños materiales. En cuanto a las áreas rurales, las mismas no sufrieron destrozo alguno.

Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de las ciudades de Panamá y Colón fueron estimados por CEECAM en 432.1 millones de dólares. De los cuales 334.8 millones corresponden a mercancías perdidas, 67.2 millones a instalaciones físicas perdidas, 8.7 millones a materias primas, 21.4 millones se estiman en la categoría no especificada de otros.

En cuanto a rubros específicos, los datos de CEECAM señalan que se perdieron 58.7 millones de dólares en alimentos, 44 millones en el área de transporte, 11.9 millones de dólares en medicinas y productos químicos y 14.9 millones se perdieron en el área de la construcción. Tan sólo en la ciudad de Colón se contabilizan pérdidas por un monto de 68 millones de dólares.

La invasión produjo además, la pérdida directa de 15 mil empleos, los que se deben agregar a los 60 mil empleos perdidos en 1988 con las sanciones económicas. Esta situación elevó el índice de desempleo en el país a más del 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que agravó las condiciones de miseria socioeconómica de cientos de miles de panameños. El Ministerio de Planificación calculó que la población que subsiste con ingresos inferiores al mínimo necesario para vivir sobrepasa el 40 por ciento de los panameños.

Daños psicológicos en los panameños

El impacto psicológico que la invasión produjo en decenas de miles de panameños, sobre todo entre los que vivieron directamente el escenario del combate armado, como los chorrilleros y los habitantes de los barrios aledaños a los cuarteles; es la causa objetiva de muchos comportamientos anormales y de extremada violencia que se vivieron los días y semanas posteriores a la invasión.

La invasión norteamericana, con su lógica de muerte y destrucción, produjo un trauma en la mente de miles de personas. El hecho de enfrentarse a la destrucción repentina de las instituciones sociales que le daban solidez a su existencia, desde las instituciones más íntimas como la familia y el hogar, hasta las instituciones públicas, son parte del impacto psicológico de la invasión.

El sentimiento de temor, y muchas veces de pánico, a perder la vida, posibilidad auténticamente real; la ansiedad producida por no saber de la suerte corrida por familiares y amigos; la inseguridad respecto al futuro del núcleo familiar, si contará con medios para alimentarse, si será destruida su vivienda, si sus bienes y sus vidas están o no en riesgo; todos estos aspectos combinados, y que sufrieron en carne propia decenas de miles de panameños, conforman lo que podemos llamar el trauma de la invasión.

Este trauma afectó no sólo a aquellas personas que estuvieron directamente presentes en las áreas de combate, como los habitantes de El Chorrillo, sino que, por la intensidad del bombardeo y la dispersión y diversidad de las áreas de combate dentro de las ciudades de Panamá y Colón, este trauma es extensivo a grandes sectores de la población. Por supuesto, para las víctimas directas el daño psicológico es mayor y más duradero que para aquellos que fueron impresionados desde cierta distancia por el ruido del bombardeo, los disparos y las llamas, a los que no estaban acostumbrados.

El factor sorpresivo de la invasión aumentó el efecto del trauma que ya de por sí representaba la acción militar. De haberse advertido a la población no sólo se habría evitado un mayor número de víctimas, sino que el impacto psicológico de la invasión hubiera sido menor. El gobierno de Estados Unidos es responsable, no sólo por los daños directos a la vida y bienes de los panameños, sino también es responsable por los daños psíquicos causados a la población, y por los daños materiales ocasionados por personas emocionalmente afectadas.

La combinación de los efectos psicológicos de la invasión con los efectos económicos es la raíz en la que hay que buscar la explicación de la elevada criminalidad aparecida con posterioridad al 20 de diciembre de 1989 en Panamá. Las cifras de crímenes ocurridos entre los meses de enero y febrero de 1990 revelan que se había producido un acontecimiento tan traumático que había alterado significativamente el comportamiento social.

La invasión de Estados Unidos a Panamá dejó una marca profunda en las entrañas de esa nación. Aún los panameños no conocen la verdad sobre la invasión, y son precisamente los culpables y cómplices de los responsables quienes la ocultan, y paradójicamente señalan a las victimas como responsables de este genocidio. Sin embargo, estas personas son heroínas y héroes. Cada año que pasen sin justicia y sin decoro se multiplica su vitalidad.

Áreas más afectadas por la invasión

Los primeros objetivos militares de la invasión que fueron los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá y las áreas civiles aledañas. Dentro de las áreas más afectadas tanto por la acción directa de las tropas norteamericanas como por el saqueo posterior se encuentran:

>El Chorrillo, donde estaba el Cuartel Central.

>San Miguelito, cuarteles de Tinajita y de la XI Zona Militar.

>Panamá Viejo, cuartel del escuadrón UESAT.

>Fuerte Amador, en el área revertida.

>Aeropuertos de Tocumen y Paitilla.

>Batallón 2,000 en Pacora.

>Río Hato.

>Fuerte José Domingo Espinar.

La Comisión Especial enviada por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) a Panamá, entre el 21 y el 25 de febrero de 1990, y que estuvo conformada por prestantes figuras del continente, encabezadas por el jurista norteamericano Robert White afirmó que el bombardeo del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y la destrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo.

El incendio iniciado la mañana del 20 de diciembre fue provocado consciente y meticulosamente por las tropas norteamericanas, con el evidente objetivo de controlar la zona aledaña al Cuartel Central y eliminar los últimos focos de resistencia que aún quedaban. En este acto, el cura católico Javier Arteta, de la iglesia de Fátima (Chorrillo), jugó un papel nefasto, ya que se prestó para encubrir a las tropas yanquis, acusando falsamente a los Batallones de la Dignidad de ser los causantes del incendio del Chorrillo.