Por Randy Alonso Falcón. Tomado de Cubadebate. Foto: Yaimi Ravelo.

La administración Trump dio el pistoletazo de arrancada. Tribunales y jueces andan expectantes ante la previsible avalancha de casos. La jauría miamera se alebresta. El capítulo III de la ley Helms-Burton ha entrado en vigor con todo su carga de odio, irracionalidad y extraterritorialidad imperial. La Ley Garrote o Ley de la Esclavitud se planta amenazante ante el mundo.

El primer caso abierto en tribunales no carece de simbolismos. Arremete contra la industria de cruceros, que ha crecido extraordinariamente en los últimos años en cantidad de viajes a Cuba. Limitar, conculcar, prohibir los viajes a Cuba es una obsesión del gobierno estadounidense y sobre todo de la ultraderecha anticubana. Lo fue antes, y lo es ahora mucho más.

Según las agencias noticiosas, la empresa de cruceros Carnival fue demandada este jueves en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron nacionalizadas o expropiadas.

Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, un médico que emigró hace 59 años, quien dice ser el “legítimo propietario” del puerto de Santiago de Cuba, y el estadounidese residente en el Reino Unido Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que le fue nacionalizada.

El abogado de los demandantes dijo que sus clientes “tienen derecho” a una compensación equivalente al triple del valor actual de esas propiedades en el mercado.

La arremetida contra Carnival y otros grupos de la industria de cruceros ya había sido anunciada por el terrorista Orlando Gutiérrez Boronat, uno de los mayores receptores de los fondos subversivos de la NED, quien el pasado 16 de abril había anunciado que la activación del Título III tendría consecuencias graves en las compañías de cruceros estadounidenses que “invierten en los muelles de La Habana o Santiago”. “Lo que no es de recibo”, había dicho el camaján Gutiérrez, es que estas empresas de cruceros “hagan negocio con el régimen cubano pagándole a este directamente”.

Según El Nuevo Herald, los dos demandantes iniciales pretenden extender su demanda hacia otras compañías de cruceros. La danza de los millones ha comenzado a ejecutarse con partitura de ilegalidad.

Otros que se frotan las manos

Los medios de Miami y otros alineados a las políticas anticubanas han propagado con fruición en estos días otras probables demandas que se preparan.

Los descendientes de un tal Rafael Lucas Sánchez Hill dicen que reclamarán “una compensación adecuada” por los hoteles que se explotan en más de 40 mil hectáreas al norte de Holguín que supuestamente le pertenecían al finado.

José Ramón López, residente en España e hijo de José López Vilaboy se dice propietario por herencia del Aeropuerto Internacional “José Martí” y de Cubana de Aviación, por los que reclamará “cifras bastante voluminosas” según declaró a un programa de la TV miamera. López agradeció a Trump y su equipo por haber hecho realidad que “después de 60 años se haga justicia”.

Otro medio habla de la posible reclamación de los ex-dueños de la playa El Salado, situada al oeste de La Habana.

Pronto se espera el show judicial de Nicolás (Nick) Gutiérrez, el presidente de la llamada Asociación de Hacendados Cubanos en Estados Unidos, uno de los abogados que se sumó a la redacción de la Helms-Burton de la mano de Bacardí. Gutiérrez, bisnieto del empresario de origen español Nicolás Castaño Capetillo, y cuya familia tuvo importantes vínculos con Batista, reclama dos ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, un banco y una compañía de seguros, entre otros activos. Aunque si uno lo oye hablar se cree que es el dueño de casi todo Cienfuegos.

Uno tras otro saldrán nuevos reclamantes a la palestra. Es lo que persigue la decisión de la Casa Blanca: magnificar, amenazar, asustar. La Subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Kimberlay Breier, declaraba a la prensa el pasado 17 de abril: “…la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras (Foreign Claims Sttlement Comission) -que es una agencia independiente del departamento de Justicia- ha certificado cerca de 6 000 reclamos de bienes confiscados en Cuba, por un valor total de cerca de US$ 2.000 millones. Con intereses, creemos que ese valor es cercano a los US$ 8.000 millones. La estimación más reciente que tenemos, que corresponde a 1996, cuando se promulgó la ley, es que podría haber hasta 200 mil reclamos no certificados, que no certificó la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras, y ese valor podría ascender a decenas de miles de millones de dólares”.

Preparando el tumbe

El paso dado por la administración Trump al ritmo de Bolton-Pompeo-Rubio y compañía, no sólo creará serios embrollos al estamento judicial estadounidense, sino que también puede generar un nuevo e impensado compromiso para el contribuyente de ese país u otra nueva fórmula para  alimentar de billetes a la industria anticubana..

Al parecer no basta con el inútil gasto de unos 50 millones de dólares del presupuesto de cada año que se destinan a los planes subversivos contra Cuba y el sostenimiento de los engendros de las mal llamadas Radio y TV Martí.

Ahora también están los que aspiran a que el contribuyente norteamericano les pague el proceso judicial para recibir “indemnización” al amparo de la Helms-Burton.

Un pequeño empresario de Miami nombrado Emilio Izquierdo, quien dice venir de una familia que tenía varias propiedades en la costa norte de Pinar del Río, declaró a un medio local que estaba preocupado por los “exiliados pobres”, muchos de los cuales se mantienen con los apoyos del gobierno estadounidense, que no cuentan con los recursos para demandar por las propiedades que “perdieron en Cuba”.

“Debemos hacer un fondo para esas personas y voy a plantearlo a los legisladores por la Florida”, aununció Izquierdo como fórmula salvadora.

La mafia anticubana en sus palabras

Los que en los ´50 se creían dueños de Cuba, y algunos de sus descendientes, piensan que han coronado sus sueños de volver a apropiarse de casi todos los suelos, las industrias, los servicios y los negocios en Cuba; o al menos se apropiarán de manera ilegal de jugosos dividendos financieros que puedan dejarles estos juicios por reclamación amparados en la Helms-Burton.

La empresa licorera Bacardí, radicada en Bermudas, cuyos millones y abogados redactaron e impulsaron la Helms-Burton, declaró en un comunicado hace semanas su respaldo a la activación del Título III: “Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas”.

El tal Nick Gutiérrez dejó claro cual es la clave: “Ahora sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad”.

Una denominada Asamblea de la Resistencia aduce que se trata de “propiedades robadas por el régimen a sus legítmos dueños”, cuyos recursos son utilizados para “incrementar la represión al pueblo cubano y extender la ocupación que ejerce en Venezuela”

La aborrecible Silvya Iriondo, rostro visible en cuanta aventura contra Cuba se organice, dijo que el paso supone un “paso decisivo para la libertad de Cuba y Venezuela, así como para el fin de la impunidad del régimen de La Habana”.

Ileana Ros-Lehtinen, ya fuera del Congreso, dijo  que la nueva medida era “un acto histórico”. “Cuando escribimos y pasamos la ley Helms-Burton hace tantos años, nunca pensábamos que no se iba a implementar totalmente. Ahora, al fin, la ley LIBERTAD se aplicará como la escribimos. ¡Wow!”, exclamó alborozada la nombrada por los cubanos como La Loba Feroz.

Para el Senador Bob Menéndez es “una buena decisión que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar en los tribunales al régimen cubano”

“Durante décadas el régimen autoritario cubano se ha aprovechado del robo de la propiedad privada y ha usado esos bienes en sus negocios con inversores foráneos, y utilizando las ganancias para mantenerse en el poder y oprimir al pueblo”.

Según el congresista por New Jersey hay que aplicar más presión sobre el Gobierno cubano con acciones concretas porque la vía diplomática no ha tenido éxito en las últimas seis décadas, opinó.

El Senador floridano e impulsor de las medidas coercitivas  de la administración Trump contra Cuba , Marco Rubio, celebró la medida como era de esperar, y expresó el propio 17 de abril en su cuenta de Twitter: “Al permitir a los ciudadanos estadounidenses reclamar al regimen de Castro por las propiedades que les fueron robadas en Cuba, Donald Trump está terminando casi 6 décadas de injusticia. Ello además sanciona al régimen por su criminal apoyo al régimen de Maduro y honra a los veteranos de la Brigada 2506 en este aniversario 58 de Bahía de Cochinos”.

Por su parte, el Representante Mario Díaz-Balart  recalcó que “la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton permitirá a las víctimas de expropiaciones por parte del régimen de Castro demandar a inversionistas extranjeros inescrupulosos que se beneficiaron del uso de sus propiedades robadas”.

“Los años de consecutivas prórrogas han creado una falsa sensación de impunidad”, dijo el legislador floridano.

La mentira otra vez como pretexto. La amenaza nuevamente como arma

Mentira tras mentira se ha construido en 60 años la fracasada política de Washington contra Cuba. Esta vez no es diferente. Quizás mas falsa y farsa que nunca.

Si en los 60 se estableció el bloqueo culpando a las nacionalizaciones y a la maligna influencia de Cuba en la región; si en los 70 se justificó con la supuesta dominación soviética; si se hizo en los 80 con la presencia internacionalista cubana en África; si después se manipuló como excusa la situación de los derechos humanos; ahora la Casa Blanca asume como ridículo pretexto la supuesta injerencia cubana en Venezuela.

La Casa Blanca envió un memorando secreto a los diplomáticos acreditados en Washington en el que se expresa como argumento para el aumento de las sanciones la supuesta presencia de militares y servicios de inteligencia cubanos en Venezuela.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, al anunciar la activación total del Título III lo justificó con que “el detente con ese régimen ha fracasado”, por la falta de cambios internos y por “el comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental que mina la seguridad y estabilidad de los países a lo largo de la región, lo cual amenaza directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”. (América para los americanos, no?).

Acusó a Cuba de haber “exportado durante años sus tácticas de intimidación, represión y violencia a Venezuela en apoyo directo del régimen de Nicolás Maduro.”. Y afirmó: “hoy estamos haciendo que el gobierno cubano rinda cuentas por confiscar bienes estadounidenses. Estamos ayudando a aquellos que fueron robados por el régimen a que sean compensados por sus propiedades (…) y estamos promoviendo los derechos humanos y la democracia para el pueblo cubano”

El procaz mentiroso John Bolton, Asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, afirmó con descaro que Cuba tenía “20 mil matones” en Venezuela. Una mentira que ha repetido con empeño en las últimas semanas.

El pasado martes, tras el fallido Golpe de Estado en Venezuela, Bolton no perdió tiempo en afirmar: “Los cubanos han desempeñado un papel muy importante hoy para mantener en el poder a Maduro […] No sabemos exactamente cuál es ahora la estructura de mando (de los militares venezolanos), sólo que, probablemente, responde a órdenes de La Habana”.

Poco se puede esperar de una administración donde el Jefe de la diplomacia se vanaglorió hace unos días en un recinto universitario de sus andanzas en la CIA: “Yo era el director de la CIA. Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento” dijo a cajas destempladas en la Universidad de Texas A&M.

Manipulación descarada

Los fundamentos de la Ley Helms-Burton y los basamentos con que la administración Trump activa el Título III han sido descaradamente manipulados.

El uso perverso de los término confiscaciones ilegales o robos de propiedades y la apertura a reclamaciones a ciudadanos que no eran estadounidenses en el momento de perder sus propiedades son parte del rejuego avieso e ilegal de este engendro.

El pasado 17 de abril, una funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que no se identificó, dio una conferencia de prensa vía telefónica a los medios de comunicación, acerca de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba en la que señaló : “El propósito de la legislación , como fue originalmente aprobada, fue asegurar que se haga justicia para aquellos cuya propiedad fue confiscada ilegalmente por el régimen cubano. Entonces, por supuesto que cualquier compañía europea, cualquier compañía estadounidense, cualquier compañía alrededor del mundo que trafique en propiedad que fue confiscada por el régimen efectivamente tiene la posibilidad de ser afectada por esta legislación”.

Recurro entonces a algo que la finada Dra. Olga Miranda dijera hace 19 años en la Mesa Redonda: “Yo quisiera hacer primero una distinción entre confiscación y nacionalización […] son dos instituciones completamente distintas. Incluso la Revolución Cubana comienza el proceso de reivindicación de sus riquezas mediante los actos de confiscación a las propiedades del tirano y sus secuaces.Fíjense que en enero del año 1959, empezamos a actuar en ese sentido, y solamente en mayo, cinco meses después, fue que aplicamos la primera medida de nacionalización, que es la Ley de Reforma Agraria.

[…]

“La confiscación es la consecuencia de un delito. Todos esos señores eran delincuentes y, por lo tanto, se les confiscaron sus bienes.

“La nacionalización es una medida económico-social, y por tanto, lleva aparejada una compensación. El confiscado no lleva ninguna indemnización; el nacionalizado sí lleva una indemnización o una compensación -y voy a decir una palabra ahora que quisiera que se retuviera en nuestro pensamiento- apropiada, según las leyes y circunstancias del país nacionalizador. Ese principio es una norma consuetudinaria del derecho internacional.”

¿Por qué no se compensó a las empresas estadounidenses nacionalizadas? ¿Qué derechos tienen los herederos de los dueños de propiedades confiscadas por el criminal origen de esa riqueza? ¿Qué puede pasar con las demandas? ¿Se acaban aquí las recetas anticubanas de Washington? ¿Se cruzará de brazos el mundo ante tanta soberbia e imposición imperial?

Sobre eso hablaremos en un próximo trabajo.