Este jueves entraron ennn rigor el decreto Ley Nº 345 y sus resoluciones complementarias que establecen prioridades y regulaciones en cuanto al uso de energía en Cuba.

Por Deny Extremera San Martín/ Tomado de Cubadebate.

La Gaceta Oficial No. 95 (ordinaria) publica este jueves el Decreto Ley No. 345, “Del desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía”, acompañado de resoluciones complementarias de los ministerios de Energía y Minas y de Comercio Interior y una instrucción del Banco Central, que establece las prioridades y regulaciones que regirán este sector e introduce, entre otras, novedades referentes al sector estatal y residencial, la venta de excedentes de energía a la Unión Eléctrica (UNE) y la comercialización de equipos, partes y piezas.

En rueda de prensa este miércoles en la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se conoció que entre los objetivos principales incluidos en el decreto ley están la elevación del aporte de las fuentes renovables de energía en la generación de electricidad (se prevé superen el 24% del total en 2030), la sustitución progresiva de los combustibles fósiles, la diversificación de la estructura de los combustibles fósiles empleados en la generación, y la elevación de la eficiencia y el ahorro energéticos.

Igualmente, son prioridades la estimulación de la inversión y la investigación, y el desarrollo de la producción de equipos, partes y piezas de repuesto por la industria nacional.

Elaine Moreno Canet, directora de la Oficina Nacional para el Control y Uso Racional de la Energía (Onure), dijo que el Decreto Ley No. 345 es “la norma jurídica que instrumenta la política de desarrollo de las fuentes renovables y el uso racional de la energía, y recoge en cada uno de sus capítulos las regulaciones que normarán la implementación de cada una de las acciones que prevé esa política”.

Resolución No. 123 del Minem: Establece los requisitos a cumplir, en el desarrollo de las fuentes renovables, por organizaciones superiores de dirección empresarial, sistemas empresariales de administraciones provinciales y municipales, y entidades presupuestadas.

Resolución No. 124 del Minem: Establece las regulaciones para elevar la gestión, la eficiencia y la conservación energéticas, así como el control de los sistemas de gestión de la energía en entidades grandes consumidoras de energía… Es de aplicación a personas jurídicas estatales y no estatales, sociedades mercantiles de capital 100% cubano y las modalidades de inversión extranjera.

Resolución No. 141 del Mincin: Aprueba el procedimiento para la comercialización de equipos que utilicen fuentes renovables y para el uso eficiente de la energía.

Instrucción No. 6/2019 del Banco Central de Cuba: Instruye a los bancos comerciales el otorgamiento de créditos a personas naturales para adquirir equipos que utilizan fuentes renovables de energía (calentadores solares y sistemas solares fotovoltaicos). Los créditos se otorgan en pesos cubanos hasta el 100% del valor de los equipos. El importe y el plazo de amortización del crédito responden al análisis de riesgo que realice el banco a partir de la capacidad de pago del solicitante.

Como una de las novedades que trae el decreto ley que publica este jueves 28 de noviembre la Gaceta Oficial de la República de Cuba junto a sus normas complementarias, Moreno Canet señaló que se incorpora la producción de energía por productores independientes -tanto del sector residencial como entidades con personalidad jurídica no pertenecientes a la Unión Eléctrica, entre otros- y su compra por la UNE.

Además, dispone que todas las personas jurídicas están en la obligación de contar con un programa de desarrollo de las fuentes renovables y el uso racional de la energía, “que hasta ahora no estaba plasmado, con independencia de que en el Plan de la Economía se concebían acciones en este tema, y de los programas nacionales de desarrollo de las fuentes renovables. Pero no había un instrumento jurídico que permitiera la exigencia, a las entidades, de contar con esos programas y el diagnóstico y el proceso inversionista que requieren”.

Asimismo, se establece la disposición de la UNE, como entidad principal generadora en el país, para trabajar en la eficiencia de sus plantas y en la preparación del Sistema Eléctrico Nacional en función de asimilar las tecnologías de fuentes renovables de energía y eficiencia energética que forman parte del programa de desarrollo de ese grupo empresarial.

En ello se incluye el aprovechamiento óptimo de las ventajas de la generación distribuida hoy en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN); el incremento de la cogeneración, considerando la generación simultánea de energía eléctrica y calor; la adecuación del SEN con las condiciones para la introducción de las fuentes renovables de energía, y la elevación de la eficiencia energética en la quema de combustibles fósiles, ya sea crudo cubano u otro.

El Decreto Ley No. 345 declara como un objetivo de la industria nacional la producción de equipos, medios y piezas para el desarrollo de las fuentes renovables de energía y los destinados a elevar la eficiencia energética.

En cuanto a las personas jurídicas estatales, se establece que incluyan en su plan de inversiones aquellas asociadas a la instalación de equipos eficientes y con base en fuentes renovables de energía.

“Esas inversiones estarán en función de la evaluación costo-beneficio, y se priorizarán las inversiones en investigación científica e innovación tecnológica asociadas tanto a la eficiencia energética como a las fuentes renovables. El presupuesto del Estado también dispone un monto para el fomento de estas investigaciones”, añadió la directora de la Onure.

Además, que todas las nuevas construcciones que se acometan, y los procesos inversionistas, deben tener en su diseño las soluciones de fuentes renovables y uso racional de energía siempre que la evaluación costo-beneficio esté en favor de esa inversión.

Dispone, igualmente, beneficios e incentivos arancelarios y fiscales a las personas jurídicas con el fin de estimular las inversiones relacionadas con estas tecnologías.

Las personas naturales y jurídicas pueden adquirir equipos que utilicen tanto fuentes renovables como aquellas que permitan el uso racional de la energía, y tienen la posibilidad de acogerse -para su adquisición- a créditos bancarios, de acuerdo con la legislación vigente.

Los programas priorizados son los que se corresponden con la instalación de bioeléctricas asociadas a la industria azucarera y su completamiento con la biomasa forestal, el montaje de parques eólicos, la energía hidráulica con el aprovechamiento máximo de las potencialidades en pequeñas centrales hidroeléctricas, la ubicación de paneles solares fotovoltaicos y calentadores solares, y el aprovechamiento de los residuos de cosechas agrícolas y desechos fabriles, pecuarios y urbanos, entre otros.

Consumidores-productores y venta de excedentes

Por primera vez, a partir de este decreto ley, se establece la producción y venta de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Minem promueve la producción de energía por parte del consumidor -lo cual incluye al sector residencial-, mediante el empleo de tecnologías que aprovechen las fuentes de energía renovables para el autoabastecimiento y la venta de los excedentes al SEN.

El Decreto Ley No. 345 dispone que la Unión Eléctrica (UNE) es el ente encargado de comprar toda la energía generada por productores independientes, tanto del sector residencial como del estatal y no pertenecientes al sistema de la UNE.

Para la formación de los precios de compra, se tiene en cuenta fundamentalmente el costo evitado en la generación. Se definen de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios, se explicó en la conferencia de prensa en la cual se informó sobre la nueva norma jurídica.

En el caso de las empresas estatales que instalen estas tecnologías y se conviertan en generadoras a partir de sus excedentes, podrían pagar con esos beneficios y los costos evitados el financiamiento recibido.

En cuanto a las personas naturales o ciudadanos con interés en estas tecnologías, Tatiana Amarán Bogachova, directora general de Electricidad del Minem, explicó que, en materia económica o de relación costo-beneficio, para quienes consumen menos de 500 KWh en el mes sería difícil lograr rentabilidad en una inversión de este tipo en sistemas de energía renovable, que produzcan para autoabastecerse y generen excedente para vender al SEN y recuperar lo invertido.

“Más del 90% de nuestros hogares consumen menos de 300 KWh. No les sería rentable a esos consumidores adquirir con el efectivo de que dispongan, o con un crédito bancario, un sistema fotovoltaico, que es el de más fácil instalación en una vivienda (que, además, debe contar con un área para acoger el sistema instalado)».

“Si es el caso de un gran consumidor, y le resulta rentable, una vez hecha la instalación por entidades del Grupo de la Electrónica, y que se haga el contrato para el mantenimiento del sistema y este comience a generar, existen normas del Ministerio de Finanzas y Precios vigentes para que el excedente de esa producción de electricidad pueda ser vendido a la Unión Eléctrica».

“La Unión Eléctrica, como parte de los incentivos previstos en esta política, está en la obligación de comprar toda la energía que se produzca con fuentes renovables sin importar el productor (un consumidor del sector residencial, un inversionista extranjero, una empresa, una cooperativa, un productor independiente) en un precio definido por el Ministerio de Finanzas y Precios”, dijo.

La UNE sería la encargada de colocar un metro contador que permita discriminar qué consume el productor y qué excedente produjo para entregar a esa red.

El Decreto Ley No. 345 precisa incentivos y beneficios arancelarios y fiscales para que personas naturales y jurídicas puedan adquirir equipos que utilizan las fuentes renovables de energía y permiten el uso eficiente de la energía a precios no recaudatorios y con oportunidad de acogerse a créditos bancarios.

Personas jurídicas, importación e inversión extranjera

La inversión extranjera es un sector priorizado por la política para el desarrollo de las fuentes renovables. El inversionista puede contar con los beneficios y exenciones totales o parciales, de forma temporal o permanente, que disponga la ley en cuanto a aranceles e impuestos.

La directora general de Electricidad del Minem explicó que la nueva norma jurídica está en concordancia con la Ley de Inversión Extranjera vigente.

“Toda inversión extranjera asociada a la generación eléctrica pasa por un contrato entre el inversionista y la UNE. Acorde con ese contrato, el inversionista construye y opera el parque y vende la energía que produce -que entrega al SEN- a la UNE. Hoy operan en el sector inversionistas de Alemania, Canadá, Reino Unido (avanza en la ZEDM la inversión en tres parques solares por un consorcio entre un financista de China y una empresa británica bajo el nombre Mariel Solar) y España».

“La Ley 118, de Inversión Extranjera, no limita la nacionalidad del inversionista. Ante cualquier inversionista extranjero interesado, la UNE establece las coordinaciones y avanzan las negociaciones, siempre y cuando se satisfagan los intereses de las dos partes. En el caso de las fuentes renovables, al amparo de la Ley 118 existen incentivos fiscales en los años de ejecución del proyecto. Es parte de la política nacional para impulsar el desarrollo en este sector”.

Según la norma jurídica, las personas jurídicas que importen materias primas, equipos, componentes, partes y piezas vinculados con las fuentes renovables o el uso eficiente de la energía, también tendrán incentivos siempre que sean aprobados y dispuestos por el Ministerio de Finanzas y Precios en correspondencia con la legislación vigente.

Se dispone que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión extranjera, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, autor de esta política, gestione las fuentes externas de financiamiento para el desarrollo de esta actividad, siempre con la correcta composición entre créditos gubernamentales e inversión extranjera.

Se establece que la Onure avala previamente la eficiencia energética de todos los equipos que las personas jurídicas importan, producen o comercializan en el país, “lo que significa el establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética para todos los productos de uso final de la energía que llegan al país. Hoy existe una regulación que se actualizará a partir de la puesta en vigor de este decreto”, dijo la directora de esa entidad.

Añadió que la Onure, en conjunto con la Oficina Nacional de Normalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, controla y audita e inspecciona el proceso de implementación de esos sistemas, que serán certificados en los altos consumidores. “Todas las personas jurídicas deberán implementar estos sistemas, pero solo las consideradas altos consumidores deberán pasar una etapa de certificación”.

Como disposición especial, se establece que en el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 se incluirá como objetivo estratégico a largo plazo la modificación de las matrices de generación y consumo de energía eléctrica.

El Decreto Ley No. 345 es publicado este jueves en la Gaceta Oficial con las disposiciones complementarias esenciales, pero hay un grupo de normas asociadas al cumplimiento de otras disposiciones que están aún en estudio o en proceso de elaboración, entre ellas algunas relativas a las personas jurídicas y a la comercialización de estos equipos.

“Las especificaciones para la comercialización o importación de esos sistemas se darán a conocer en la medida en que las normas que se consideran complementarias lo dispongan. Este decreto ley puede generar otras normas que hoy no aparecen en el paquete jurídico que publica la Gaceta Oficial”, concluyó la directora de la Onure.

Cómo marcha el programa de desarrollo de las fuentes renovables

Durante la rueda de prensa, Marlenis Águila Zamora, especialista de la Dirección de Energía Renovable, del Minem, explicó que la política nacional cubana tiene, entre sus objetivos principales, incrementar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz de generación eléctrica del país, para que hacia 2030, como mínimo, el 24% de generación eléctrica en el país provenga de fuentes renovables de energía (FRE).